Uno priista y el otro panista han estado en el ojo del huracán político. En el México de la impunidad (esto es ya como un deshonroso mote) no están en la mira de las instituciones y corporaciones de investigación y procuración de justicia, pero sí en la consigna de la sociedad y las organizaciones civiles que buscan acabar con la corrupción a fuerza de denuncia o votos de castigo en épocas electorales.
El tricolor, Javier Duarte de Ochoa, dejará de ser Gobernador de Veracruz el 30 de noviembre de 2016, y se puede suponer ante los señalamientos de corrupción, impunidad, asesinatos, acumulación de deuda y represión, que habría de ser juzgado por su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
El albiazul, Guillermo Padrés Elías, dejó de ser Gobernador de Sonora el 12 de septiembre de 2015. Su sucesora, la priista Claudia Pavlovich Arellano, ha hecho todo lo que está en su alcance y facultad para que el hombre sea enjuiciado por delitos diversos, pero no lo ha logrado.
Los dos, Duarte y Padrés, deberían ser el ejemplo que utilice Enrique Peña Nieto para demostrar que en México, la impunidad política se encamina a su fin, y el combate a la corrupción que tanto le solicitan, será una realidad. Desafortunadamente los mexicanos ya sabemos que el presidente no es de los que actúan con oficio político, ni con lógica popular o sentido común en la toma de decisiones, y que el pobre parece no tener asesores que le aconsejen ser duro, determinante y cercano al sentir de los mexicanos, en lugar de aislado, indeciso y alejado de la sociedad. En esas condiciones, enjuiciar a dos políticos que se lo han ganado a pulso social, es algo deseable, pero que no se ve cercano. Incluso cuando todavía más favorable al Presidente, serían dos políticos de dos partidos distintos, uno del propio, otro de la oposición. Pero, bueno.
Entretanto, aquellos que quieren justicia y están alejados de los intereses peñistas, exigen acción en estos casos. Hace unas semanas, justo en la semana fatídica para la política, cuando dimitieron Manlio Fabio Beltrones al PRI, Agustín Basave al PRD, y federales enfrentaron a balazos a maestros disidentes de la reforma educativa en Oaxaca, la Gobernadora de Sonora protagonizó un video donde, en un evidente grito desesperado de ayuda, conminaba al Gobierno Federal que es de su partido el tricolor, y a la Procuradora General de la República, que fue su compañera Senadora, para que, con las pruebas que la administración sonorense ha entregado, se procese al ex gobernador.
Como se previó, Pavlovich no tuvo acompañamiento del Gobierno Federal priista. En un comunicado de prensa, de la Procuraduría General de la República le respondieron, que los argumentos y documentos entregados por su administración, “se atienden y determinarán conforme a las reglas de competencia, procedimentales y en los plazos que establecen la Constitución y las leyes procesales aplicables”.
Es evidente, la impunidad seguirá favoreciendo a Guillermo Padrés, señalado por desvío de recursos, triangulación de comisiones por entrega de contratos de obra, y un faltante de 10 mil millones de pesos de acuerdo al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, entre otras irregularidades.
El caso de Javier Duarte no es menos alarmante. El Gobernador priista de Veracruz ha creado un contexto de inseguridad y violencia en aquella demarcación, que ha llevado al asesinato de 18 periodistas durante su sexenio. La deuda pública se tasa arriba de los 45 mil millones de pesos en el mismo periodo, mientras la Auditoría Superior de la Federación acusó a su gobierno de haber desviado más de 77 mil millones de pesos.
Intentando salir impune, Duarte de Ochoa, y utilizando al Congreso del Estado que hoy día le rinde cuentas, aprobó en los últimos días la creación de una Fiscalía Anticorrupción, y que además ese nombramiento y el del Fiscal General del Estado –las dos entidades que en el futuro inmediato lo pueden investigar y procesar– fuesen realizados por el pleno del Congreso del Estado.
Obviamente, su intención era que los nombramientos los hiciese su Congreso y antes de noviembre cuando ya deje de ser Gobernador, después de todo, la misma Ley que promovió y le aprobaron, determinaba que una vez nombrados el Fiscal Anticorrupción y el General, durarían en el cargo cinco años, es decir, tendría a sus comparsas en el Gobierno de Yunes Linares, para evitar ser procesados. Afortunadamente el PRI lo dejó solo. Y el nombramiento de los Fiscales no le fue aprobado. Al menos hasta el jueves 30 de junio, esa facultad recaerá sobre el siguiente Congreso del Estado.
A diferencia del Presidente Peña, Manlio Fabio Beltrones sí se dirigió y señaló la corrupción en los gobiernos priistas, por lo menos el día que renunció a la dirigencia nacional de su partido. Utilizó una frase de Luis Donaldo Colosio para asestar el golpe y justificar la derrota del 5 de junio: “Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.
Hace unos días, a propósito de la intentona de Javier Duarte de apoderarse de los órganos anticorrupción de Veracruz, Carolina Monroy la actual dirigente nacional del PRI, se deslindó del regordete mandatario: “Nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”.
Solo falta que el Presidente de la República, o su Secretario de Gobernación, tengan los bríos de las damas priistas, de la Gobernadora Pavlovich y la Dirigente Monroy, para señalar la corrupción y solicitar que sea investigada, y los presuntos responsables, Guillermo Padrés y Javier Duarte, sean enjuiciados. Casi nada, ¿no?
