Con amparo en mano, los padres de Kimberly, Aurelio Hernández Morales y Ariadna Mendoza Espinoza se presentaron en la Subprocuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana.
Independientemente del amparo, al no existir una orden de aprehensión en su contra, no serían detenidos, ni les sería tomada declaración alguna al no haber sido requeridos, expuso José María González, subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE-.
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No obstante, Miguel Ángel Guerrero, Coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales declaró que, “no es un secreto que para nosotros unos de los presuntos responsables son los padres, mientras no se presenten ellos a aclarar la situación”.
Comentó que el hecho de que ambos hayan abandonado el cuerpo de la niña de 16 meses la noche que falleció, primero el padre se desapareció tras dejarla con su madre en una farmacia Similares y después la mamá huyó de las instalaciones de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde la declararon muerta, los hace parecer culpables.
Respecto al amparo obtenido por los progenitores de la niña, Guerrero asentó que no entorpece ni detiene la investigación por homicidio doloso.
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Respecto al cuerpo de la menor, anotó que continuará en el Servicio Médico Forense –SEMEFO-, “hasta que sea necesario”, y aseguró que ningún familiar se ha presentado a reclamarlo, como lo comentara a ZETA el padre de Kimberly.
Respecto al interés de algunas asociaciones civiles para sepultarlo, el funcionario indicó: “tenemos que agotar el tema de familiares sea abuelo, tío, como obligación tendría que hacerse la entrega a ellos; una vez que se descarte eso entonces se estaría en la posibilidad de entregarlo a una organización que se encargue de sepultar a la menor, como ha sucedido en otros casos”.
De ser sepultada la menor, de requerirse alguna investigación adicional, su cuerpo podría ser exhumado, advirtió.
