A nivel nacional, la justicia penal dio un vuelco a partir del 18 de junio de 2016, al implementarse una serie de reformas que en Mexicali ya estaba vigente desde 2011 y donde incluso habían depurado y perfeccionado el sistema; hoy deben retomar el inicial. Además, cambios en la justicia para menores hacen más blandos los castigos, y delitos considerados graves ya no lo son, como el robo de vehículo y portación de arma
Cuatro días antes de la entrada en vigor a nivel nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal -el llamado sistema de justicia adversarial, en marcha en Mexicali desde agosto de 2010-, el Senado de la República aprobó el 14 de junio de este año un paquete de reformas, entre éstas el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero esta también llamada “miscelánea penal” tiene sus claroscuros, sus puntos a favor y en contra. Por ejemplo, en el caso de las Policías Municipales, busca transformarlas en “policías con capacidad para procesar la escena del hecho probablemente delictivo”, lo cual implica que los agentes locales realicen el primer trabajo en la escena del crimen, lo que antes hacían los Servicios Periciales -que dependen de la Procuraduría-. Por tanto, los agentes municipales deben contar aparte de la capacitación, con un kit especializado con reglas, marcadores, químicos, vestuario, cámaras fotográficas y vehículos especialmente equipados.
En el caso de Mexicali se calcula la inversión, para satisfacer esa necesidad del nuevo sistema, en cerca de 106 millones de pesos, de los cuales apenas habrá llegado la mitad, por parte del Gobierno de la República.
Elias Flores Gallegos, Abogado
“Para nosotros va a significar un retroceso de seis años”, sostiene el director de Seguridad Publica cachanilla, Alejandro Montreal, en relación al conocimiento avanzado que tenían los oficiales a su cargo en la tarea de llenar una docena de formatos relacionados con la escena del crimen, y ahora con la reforma tendrán que llenar 22 de esos documentos.
Uno de los abogados especialista en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, insiste que siguen las fallas. Ejemplifica que con las modificaciones, la justicia se ha convertido en una “puerta giratoria” para delincuentes, ya que entran de un lado y, de no cumplirse con todo el procedimiento, dan la vuelta y salen rápidamente.
En el caso de las reformas a la Ley Penal para Adolescentes, también modificadas en esas fechas, se redujeron las penas para los menores infractores, se fijó como tope la reclusión por cinco años -antes era de diez- lo que posibilitó en Mexicali la liberación esta semana del joven Adrián, ahora de 21 años, quien en julio de 2011 fue acusado y sentenciado a nueve años de internamiento por el asesinato de un joven bachiller en el conocido como “Caso Charly”. De acuerdo con el Juez de Adolescentes, Álvaro Castilla, de los casi 120 jóvenes internos en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA) en Mexicali, la mitad podrían ser liberados debido a estas reformas penales.
Seis años de retraso
A raíz de las modificaciones, a las Policías Municipales las caracterizan como “primer respondiente”, lo cual conlleva contar con policías con Capacidades para Procesar Lugares de Intervención -así el término-, que implica la profesionalización de los agentes municipales, expone Alejandro Monreal.
“Nos dan esa facultad y ese equipamiento para conservar, recolectar, fijar, buscar, localizar los indicios en un lugar de intervención”, refiere el jefe policíaco, lo que implica que hayan conseguido mil 900 kits de evidencias para el grueso de los agentes, un tipo para policías en patrulla y otro para los de tierra.
Antes de la reforma, los municipales, primeros en llegar a un incidente, únicamente acordonaban la escena y esperaban la llegada de Servicios Periciales.
“Ahora vamos a tener un papel más profesional, más activo, vamos subiendo de nivel”, justifica Monreal y muestra el protocolo donde se define que “al realizar correctamente el procesamiento de los indicios o elementos probatorios que se encuentren en el lugar de la intervención, se evita su contaminación, alteración, pérdida o destrucción, disminuyendo el riesgo de inutilizarlos, lo que se traduciría en un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos”.
La capacitación que se ha dado a los agentes trata de que las pruebas estén protegidas para que pueden utilizarlas en el juicio, “vamos en rumbo de tener una Policía científica porque ya tenemos esa facultad para procesar”, reflexiona el titular de Seguridad Pública en Mexicali.
En su opinión, los de Servicios Periciales se enfocan más a delitos de impacto -homicidio por ejemplo-, y es más difícil que laboren en delitos menores como robos simples o domiciliarios.
Fernando Rosales
Montreal refiere que ya tiene policías capacitados, agentes con licenciatura en criminalística, preparados, capacitados, cuentan con el kit de apoyo con banderillas, lámpara, gises, luces y una cámara fotográfica compacta; sólo les falta el vehículo equipado. De hecho ya participan 20 elementos en dos vehículos. Para este equipamiento presupuestaron 106 millones de pesos, de los cuales 40 millones serían para 81 vehículos de transporte terrestre.
El paso atrás para Monreal, es que cuando en agosto de 2010 entró el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, se aplicaron los 22 formatos, pero al pasar del tiempo y la práctica, el sistema se depuró y perfeccionó hasta quedar simplificado en 12 actas, pero ahora que entró en vigor en todo el país, se impusieron los 22 formatos también para Mexicali. Esto, dice, es un retroceso de seis años para ellos. El director de Seguridad Pública no pierde la esperanza: “No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a presentar iniciativas para mejorar esa puesta a disposición, deben escucharnos y ver cómo se avanzó en Mexicali”.
Con el cambio al Nuevo Sistema se reduce el número de detenidos y puestos a disposición, entre el aprendizaje, la tardanza y el proceso de llenados de formatos, con ejemplos como Rosarito, donde a un mes de vigencia llevan cinco detenidos. “Eso es lo que hay que cuidar entre las corporaciones, que no se vea reflejada esa disminución”, sentenció Alejandro Monreal.
Claroscuros
El licenciado Fernando Rosales, fundador de Abogados Penalistas, considera que de los seis años con el NSJP, en Mexicali el delito se incrementó, generando más impunidad, al grado de tener una estadística documentada del robo diario de alrededor de 25 vehículos, con pocos resultados en la investigación.
Explica que en la capital del Estado, desde agosto de 2015 está vigente el Código Nacional. “No puedo concebir que en este momento algunos jueces estén apenas tomando decisiones del Código Nacional, cuando aquí tenemos prácticamente un año de vigencia. En Tijuana, la Zona Costa y el resto del país inició la vigencia por decreto el 18 de junio”.
Rosales ilustra que en Mexicali se llegaron a tener tres códigos: el Código Vigente tradicional de 1989, el Código Estatal de 2007 y el Código Nacional de 2015, “eso implicaba que dependía de la fecha en que se cometió el delito, el que se aplicara uno u otro”.
Amplía: “Esos errores que se gestan, por falta de responsabilidad, pueden generar errores a la hora de integrar las carpetas de investigación”.
Alvaro Castillo, Juez de adolescentes
Ejemplifica con lo que sucede en Sonora, donde el Código Nacional ha resultado un verdadero problema para la aplicación, debido a la falta de preparación de las corporaciones policiacas, o el caso de Tijuana, donde se empezaron a preparar hasta los últimos meses previos a la vigencia.
“Por eso insisto en que hay un vacío de preparación, donde no se atiende el problema desde antes. Quieren solucionarlo y empezar a lamentar las cosas cuando ya tienes la vigencia de un código”, expone el especialista, y resalta otro fenómeno: la falta de capacitación de algunos abogados -dado lo costoso de algunos cursos-, ya que el Estado se preocupó por capacitar a los actores, tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría o la Defensoría de Oficio, dejando a un lado a los defensores particulares.
Del nuevo código, Rosales subraya la incorporación de figuras procesales, como el caso de la intervención de las comunicaciones -antes era materia federal- y en otro rubro, los delitos graves, donde ahora el robo de vehículo quedó excluido, siendo que en el código de 2007 sí lo era, igual en el de 1989. Otro ejemplo: la portación de armas de fuego, lo cual ahora no está catalogado como delito grave y susceptible de prisión preventiva, y según el especialista, especialmente aquí en la frontera resultará un elemento muy perjudicial.
Por reformas penales, liberan a joven homicida de adolescente
La madrugada del martes 19 de julio de 2016, minutos después de cumplir cinco años de internamiento, el joven Adrián Islas cruzó la reja de salida del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA). Acusado en julio de 2011 del asesinato del estudiante de bachillerato Carlos Oceguera Farías, a quien sus amigos conocían como “Charly”, en ese entonces el agresor tenía 16 años de edad, igual que Cristina, su novia, también detenida y acusada de complicidad. Del móvil, argumentaron en aquel tiempo, fue el sentimiento de celos el que llevó a Islas a cometer el crimen.
En un Juzgado para Adolescentes, Adrián recibió una medida de internamiento de nueve años, y Cristina -entonces embarazada-, de cinco años y seis meses. Ella recuperó su libertad el 15 de junio de 2015, al cumplir las tres quintas partes de su condena y mostrar buena conducta. Dio a luz en el tiempo de reclusión.
Pero en junio de este año, el Senado de la República aprobó una nueva Ley Nacional de Adolescentes, la cual -entre varios agregados- incluye la disminución a las penas máximas, de los nueve años con que se intentaba corregir a los menores, de entre 18 y 19 años por la comisión de delitos graves, se redujo a cinco años de internamiento.
Ese precepto abrió la puerta para que la madrugada del 19 de julio, Adrián, quien es hijo del periodista Víctor Islas, obtuviera la libertad.
“Es una porquería lo que hicieron”, considera el profesor Eduardo Oceguera, padre de Charly, el joven victimado. Adelanta que no interpondrán recurso alguno, pero advierte preparará un documento para plasmar su parecer al respecto.
La libertad de Adrián Islas se determinó en una audiencia privada que el viernes 15 de julio encabezó el Juez de Garantías, Gerardo Aceves.
El titular del Juzgado Especializado en Adolescentes, Álvaro Castilla Gracia, confirmó que el Artículo Cuarto Transitorio de la nueva Ley Nacional para Adolescentes, prevé que las personas que ya estén cumpliendo una sentencia podrían solicitar la revisión de ésta, acogerse al nuevo precepto y salir libres.
“Ésta no es una Ley de Indulto, ni es una Ley de Amnistía, sino que está previendo un procedimiento litigioso y contencioso ante un Juez de Ejecución de Medidas”, explicó y refirió que con la misma reforma, el internamiento máximo para adolescentes entre los 14 y 16 años, será de 3 años, sea el caso de delitos graves como homicidios, secuestros.
Castilla acepta que desde el punto de vista ciudadano se tiene la percepción que las leyes para adolescentes son cada vez más blandas, pero recalca que una de las partes esenciales de la Ley es la prevención. De los 110 jóvenes que en Mexicali se encuentran en el CEMA, con la aplicación de estas reformas, cerca de 68 podrían solicitar la revisión y en caso de así decidirlo el juez, quedar libres.
El profesor Eduardo Oceguera caracteriza como una “sarta de barbaridades” el contenido de la nueva Ley de Adolescentes, en su opinión, no tiene nada de análisis y se van a tratados internacionales -la mayoría de Estados Unidos- de donde copian todo, pero contradictoriamente, allá no aplican lo que aquí sí hacen.
“Es una porquería y esa reglamentación la estamos analizando en círculos de estudio con mi familia, vamos a hacer un comparativo con la anterior, que de por sí ya tenía muchas deficiencias y ésta, que es una porquería, es la palabra más adecuada”.
Oceguera agregó que una vez que tenga el proyecto de familia externarán su punto de vista sobre lo que consideran “todas las atrocidades” que están plasmadas en la nueva Ley.
Niega la posibilidad de interponer algún recurso, y sostiene: “Ya; sobre ese fulano (Adrián) espero jamás saber de él, nada más. Como dijo su papá, que tiene mucho dinero y que lo va a mandar estudiar al extranjero o fuera de la ciudad, pues eso me parece correcto…”.
El profesor refiere que después del incidente de hace cinco años sostuvieron una serie de reuniones con funcionarios y diputados, buscaban que no disminuyeran las penas por delitos graves. Al final la reforma para disminuirlas fracasó, no fue aprobada.
De su proyecto, adelanta que será un documento -asesorado por abogados, familiares y amigos-donde plasme su inconformidad ante la Suprema Corte y el Congreso de la Unión. Además de hacer llegar ese documento a familiares de víctimas que pudieran atravesar una situación similar, y convocarlos a manifestarse.
“No me parece justo que los que no tenemos problemas en ese sentido seamos los más perjudicados, y la bola de asesinos, rateros y demás, salgan casi con Premio Nobel, como es el caso del asesino de mi hijo…”, puntualiza Oceguera. Sergio Haro/ZETA Mexicali
