Los “patrimonios inexplicables” de los funcionarios públicos, imposibles de comprobar con los sueldos recibidos, provocan la negación de los legisladores del país hacia la iniciativa ciudadana conocida como “Ley 3de3”, opinó el senador de la república por Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La 3de3 estuvo orientada inicialmente a obligar a los servidores públicos a presentar tres declaraciones: la patrimonial, fiscal y de intereses; para Ruffo la principal resistencia va contra lo patrimonial, porque muchos funcionarios no tendrían los elementos para justificar sus propiedades.
Agregó que “la transparencia en los procesos legislativos y el respeto a los reglamentos del Senado no existen”, y acusó a las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) de oponerse al Sistema Nacional Anticorrupción, que operan “a consecuencia del balance de intereses políticos” y por “instrucciones de Los Pinos”.
En una sesión extraordinaria, el martes 5 de julio los senadores avalaron las modificaciones al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, propuestas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que el Gobierno no pida rendir declaraciones a los empresarios o particulares que vayan a recibir recursos públicos.
Para el ex gobernador la solicitud de presionar a los particulares a rendir declaración es “una revancha (fueron precisamente grupos empresariales los que impulsaron la 3 de 3) de algunos legisladores en contra de la parte privada para sabotear el Sistema Nacional de Anticorrupción”. Luego de las modificaciones del Senado, los concursos para recibir bienes públicos quedarán como estaban.
Pero Peña Nieto no modificó ni ordenó adecuación alguna al Artículo 29 de la misma Ley, que permite que los funcionarios puedan ocultar datos relacionados con su patrimonio, argumentando que son datos de su “vida privada”. Es decir, las declaraciones tendrán que ser públicas siempre y cuando la divulgación de esos datos no afecte “su vida privada”.
La Ley quedó así: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el comité coordinador, a propuesta del comité de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Organizaciones civiles de índole nacional señalaron que acuñar el término “vida privada” en la redacción de la Ley enreda el tema, abriendo la puerta a que se judicialice. Para activistas, con esa acción se le da la espalda a más de 600 mil mexicanos, que firmaron la iniciativa ciudadana.
