En Tijuana, muy de mañana, el jueves 14 de julio un sujeto armado entró al lobby del hotel Marriott sobre el Bulevar Agua Caliente, donde disparó a dos hombres. Mató al hijo, Jorge, e hirió al padre, de nombre Daniel Kalb. En el lugar hay cámaras de seguridad.
Antes del 18 de junio y del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), los agentes municipales hubieran revisado las imágenes y dado la alerta para buscar al presunto responsable, pero eso ya no se puede hacer, así que el sicario huyó tranquilamente.
Como ese jueves no había policías dentro del hotel que vieran el asesinato, no había flagrancia, entonces los primeros respondientes no tuvieron a quién buscar. Ahora será cuestión de la capacidad del Ministerio Público dar con el asesino. De hecho, la víctima sobreviviente acusó al hombre con el que estaban reunidos de haber propiciado la muerte de su hijo, pero eso de nada servirá ante el Nuevo Sistema.
Apenas la noche del martes 12 julio, las autoridades localizaron sobre el Bulevar 2000, dentro de una bolsa negra, el cadáver del niño Usiel, de 3 años de edad, quien murió por traumatismo craneoencefálico. La madre había reportado el 10 de julio que 24 horas antes, una mujer morena, de complexión gruesa, tatuada, se lo arrebató de las manos.
La declaración de la mujer tuvo muchas inconsistencias, el padrastro también declaró, sin embargo, como ninguna autoridad vio quién cometió el delito, tampoco hay flagrancia y no hay detenidos. De nuevo la justicia dependerá de la eficacia de la Procuraduría, y de si el o los homicidas deciden esperar a ser alcanzados por el corto brazo de la Ley, o huir sin problemas.
Por supuesto nadie quiere que personas inocentes sean procesadas, o gente sin recursos para solventar una defensa legal profesional termine acusada o presa por delitos que no cometió, sin embargo, pareciera que en un México caracterizado por los abusos y violaciones a los Derechos Humanos, al esforzarse por otorgarle más y mejores garantías a los acusados, se decidió dejar en mayor indefensión a las víctimas, y así la justicia no termina de encontrar equilibrio.
Pareciera que los derechos que se les amplían a los sospechosos o posibles imputados de delitos, se le restan a las personas afectadas por el crimen cometido. Y los ejemplos más dramáticos e increíbles de los huecos e injusticias de esta política judicial son los beneficios a violadores y asesinos confesos.
Una vez más, no se trata de quemarlos en leña verde, pero cómo puede calificarse de justicia al hecho que de acuerdo a la Ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales, un hombre que ultraja a una mujer y admite ante un juez ser el violador, al final del juicio puede quedar en libertad sin ningún tipo de sanción.
Que la llave a su libertad sea sólo confesar “sí violé a esa mujer” para después irse tan campante, y que esa llave le sea entregada por una Procuraduría incapaz de integrar un expediente con pruebas sólidas en su contra, y decida ofrecerle los beneficios de un juicio abreviado a cambio de auto delación. ¿Y los Derechos Humanos, la dignidad y la tranquilidad de la víctima, qué importan?
Similar con los homicidas que confiesan “sí, yo maté” a tal persona, a ellos no los liberan, pero reducen su pena. ZETA tiene el conocimiento que un hombre que le disparó a un policía de Mexicali en la cabeza; aunque el homicidio tiene una pena máxima de 50 años, la familia de la víctima fue notificada que este asesino sólo purgaría 12 años porque confesó y obtuvo beneficios del NSJP.
Si esa es la nueva justicia que recibe un agente del orden que murió cumpliendo su deber, las expectativas para el resto de los ciudadanos no son alentadoras.
Cierto, este recurso le sirve a la Procuraduría para cerrar expedientes que no tiene la capacidad de investigar, es verdad que también mejoran los números de efectividad de la fiscalía y reduce el rezago, pero para la víctima, la justicia se traduce en una burla, en impotencia, vulnerabilidad y miedo.
Luego está el famoso principio de máxima publicidad del Nuevo Sistema, ese que vendieron como parte de la transparencia para hacerlo atractivo, pero resulta que en este punto sí existen los peros y no todo es apertura, lo cual quedó evidenciado el 9 de julio en Mexicali, cuando la juez Ana María Elías expulsó a la prensa de la audiencia 02/2016/25973.
En esa sesión se trató el delicado asunto de la violación de una menor de ocho meses, y el Código Nacional de Procedimientos Penales da esa facultad en el Artículo 64, sea para proteger un secreto, el interés de un niño, la seguridad, la integridad de una de las partes; pero incluso indica “cuando la autoridad jurisdiccional lo estime conveniente”, así nada más. En este caso Elías habló de proteger a la víctima y cuestionó la actuación de los medios.
Conforme a la Ley, pudo hacer la sesión, una parte a puerta cerrada y el resto abierta, también instruir para que no se mencionaran los nombres, pero decidió cerrarla y con ellos recordar que la máxima publicidad y el debate público sigue dependiendo de la voluntad de la autoridad.
Los detractores del Nuevo Sistema de Justicia Penal lo califican de caro, ineficiente, inequitativo, y que favorece al delincuente. Quienes lo apoyan, lo promocionan como transparente, avanzado y defensor de los Derechos Humanos, y todos tiene una parte de razón.
Al final es lo que tenemos, pero como muchas reformas nacionales, el NSJP es una copia mexicanizada de lo que se hace en otros países, por lo tanto perfectible, así que vale ir tomando notas, ver cómo se desarrolla la teoría en la realidad, detectando fallas y promoviendo cambios para generar un mejor equilibrio entre los derechos del imputado y los de sus víctimas.
