En Mexicali las cifras son alarmantes. Este año suman 56 infantes que han sido violados –el último denunciado hace una semana, un bebé de solo ocho meses–, y además existen 26 casos de otro tipo de abuso sexual contra menores, en un contexto de evidente descuido, marginalidad, uso de drogas y familias disfuncionales, el último y más explosivo caso fue el homicidio de Diana Mía, de apenas 5 años de edad
El Canal Alimentador Central –le llaman Reforma, Cerro Prieto, Tulichek, según el lugar donde pase– nace en la Presa Morelos, recorre todo el Valle, cruza la parte sur de Mexicali llevando agua de riego. La tarde del miércoles 22 de junio, al parecer por la basura acumulada en una de las compuertas, el nivel de agua disminuyó notablemente en la parte sur poniente, donde el canal llega a la mancha urbana.
Cerca de las cuatro de la tarde vecinos del lugar observaron en la orilla norte del cauce, un bulto que flotaba. Una imagen extraña de lo que parecía una pequeña figura humana cuidadosamente envuelta en un plástico y atada con cinta gris. Del lado que parecía la cabeza estaba sujeta a un depósito de cerámica, de los usados en la parte de arriba del excusado. En la parte contraria donde figuraban los pies, una piedra de cemento fue amarrada al bulto que no media más de un metro de largo.
Sospechaban que se trataba del cuerpo de un menor, de un niño.
Tras las maniobras de los rescatistas, el bulto fue subido a la canastilla metálica y acomodado en el camino aledaño al canal, a un lado de un pick up de la Procuraduría Estatal. Al descubrirlo vino el espanto. Era el cuerpo desnudo de una niña, con huellas de golpes en todos lados, el rostro amoratado y los labios reventados. Le faltaban los dientes incisivos, los frontales y tenía huellas de abuso sexual.
Esa tarde noche, en Morelia, Michoacán, los familiares de una menor que había sido traída a Mexicali apenas un mes antes, se alertaron al trascender el hallazgo, y empezaron a llamar para pedir más información. Primero se contactaron con la Policía Municipal y de ahí los turnaron a la Procuraduría Estatal. Mandaron fotos de la menor en vida y los investigadores las superpusieron con las imágenes del cuerpo localizado, los rasgos coincidieron.
El padrastro; la mamá de la niña
Se trataba de Diana Mía Campuzano Herrera, de cinco años de edad.
De ahí los datos fluyeron. El padre biológico de la menor estaba en Morelia, Michoacán, pero la madre –Diana Esmeralda– había viajado con la niña hacía un mes a Mexicali, acompañada de su nueva pareja, Efrén Damián Martínez Magaña, originario de esta fronteriza ciudad. Ambos habían rentado una casa en la avenida Lumbreras 3033 en el fraccionamiento popular Villa Lomas Altas, a un lado del cual cruza el Canal Tulichek.
Lo demás fue cosa de esperar el trámite judicial para que el Juez liberara la orden de aprehensión y se concretara la detención de la pareja la madrugada del sábado 25 de junio. Esa mañana fueron llevados de la Comandancia de la Policía Ministerial hacia los Servicios Médicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Encadenado de pies y manos, con tenis Vans cafés sin agujetas, Efrén Damián hacía gestos a cada paso que daba, flanqueado por dos agentes Ministeriales. Luego salió Diana Esmeralda, lucía asustada, con los ojos hinchados, muy seria, parecía no entender lo que sucedía.
Audiencias
Tres horas después fueron presentados ante el juez, ambos con el overol naranja y acusados. Él de feminicidio y violación impropia, Diana Esmeralda de homicidio agravado por razón de parentesco y violación agravada.
De acuerdo a los datos que trascendieron en esa primera audiencia, la causa de la muerte de la menor fue hemorragia y traumatismo craneoencefálico. Aparte de los golpes en la cabeza fue sodomizada con un objeto contundente. La niña fue asesinada entre la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de junio, pero fue arrojada al canal hasta la madrugada del miércoles 22, lo que significa que los autores conservaron el cadáver durante tres días.
En la audiencia de vinculación a proceso efectuada la tarde del jueves 30 de junio, se confirmó la versión de que Efrén Damián y Diana conservaron el cuerpo ya sin vida de la niña tres días antes de ir a arrojarlo al canal. Se estima que Diana Mía falleció la madrugada del domingo 19 -Día del Padre- y la pareja acudió al festejo a la casa familiar de Efrén, donde estuvieron bebiendo todo ese día. Cuando les preguntaron por la niña -la abuela la describe como alegre y juguetona, que le gustaba correr en el parque- les dijeron que se había quedado en la casa viendo televisión.
Un amigo de Efrén narró que éste y Diana Esmeralda fueron por él a su trabajo el martes 21 en su auto Honda Accord verde, estuvieron tomando cerveza durante varias horas en la casa de ellos, mientras el cadáver estaba en una de las recámaras. Esa tarde Efrén le cortó el cabello y le hizo un tatuaje en una mano a su amigo, y siguieron bebiendo cerveza.
En ese contexto Efrén le dijo que “tenía broncas con la niña de su esposa”, que le quemó la máquina de tatuaje, que tiraba la comida, que se vomitó en el carro, que se hacía del baño en la cama, que no era su hija y no tenía por qué aguantarla.
Refirió que el imputado confesó que por eso la había castigado, golpeado y metido a un cuarto dos días antes, sin refrigeración y que ya estaba muerta, lo que no le creía. También, que cerca de las cuatro de la mañana del miércoles 22 sacaron un “bulto”, y lo tiraron en el canal Tulichek.
Trascendió además que el martes 21 de junio, Diana Esmeralda envió un mensaje de texto a su madre en Morelia, avisándole que Efrén “mató a la pequeña”.
Al valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, el Juez de Garantías decidió la vinculación a proceso de ambos imputados, definiendo un periodo de seis meses para integrar más elementos a la carpeta de investigación, mientras ambos quedan internos en el Centro de Readaptación Social de Mexicali.
Amenazas
En Morelia, Michoacán, Diana Esmeralda (23 años) tuvo una relación con Miguel Ángel Campuzano, y procrearon hace cinco años a Diana Mía. Después vino la separación y ella se quedó con la niña. De hecho en sus perfiles de redes sociales ambos incluyen imágenes con la bebé.
En marzo de este año ella conoció a un joven mexicalense quien presuntamente por motivos laborales estuvo varios meses en la capital michoacana. Efrén Damián Martínez Magaña (24 años), con quien inició una relación y a fines de mayo ambos y la menor viajaron a Mexicali instalándose en el fraccionamiento Lomas Altas, muy cerca de donde viven los padres de Efrén, quien en la red social firma como Ernesto Raúl Dueñas.
Así la encontraron
Hasta el momento ha trascendido que ambos eran usuarios de mariguana y no de otras drogas duras, ninguno trabajaba y como en su casa no tenían cocina, diariamente iban a preparar los alimentos a la casa de la mamá de Efrén. Ninguno tiene antecedentes penales.
Información proporcionada a ZETA indica que la joven madre le pedía frecuentemente dinero al padre biológico de la niña, que y últimamente lo amenazaba con golpearla, maltratarla y hasta matarla si no le depositaba efectivo. En una ocasión incluso le envió una fotografía de la niña con señas de violencia.
En la casa ubicada en el número 3033 destaca en la bolsa de basura una botella vacía de wiski Jack Daniels, y sobre el homicidio hay versiones encontradas entre ella y él. El crimen sucedió entre la noche del sábado 18 de junio y la madrugada del domingo 19, de acuerdo a Diana, era común que Efrén golpeara a la menor y esa noche lo hizo, pero ella dijo haberse quedado dormida. Al despertar por la mañana se dio cuenta que la niña estaba muy mal, agonizante. Intentó reanimarla con un baño, pero Diana Mía falleció en sus brazos.
De acuerdo a la Agente del Ministerio Publico que participó en la audiencia, fue hasta la madrugada del miércoles 22 cuando enrollaron el cuerpo de la menor en la cortina de plástico del baño, la rodearon con cinta adhesiva y se la llevaron en la cajuela de un auto Honda verde, propiedad de Efrén. La fiscal aseguró que eso fue cerca de las 4 de la mañana, lo que implica que hayan permanecido con el cadáver esos tres días.
Precisamente durante esos días que convivieron con el cadáver de la menor, la pareja intentó hacer su vida “normal”. Acudieron a la casa de los padres de Efrén a preparar sus alimentos y ante la pregunta de donde estaba la niña, respondieron que “se quedó viendo la tele” y al día siguiente ante el mismo cuestionamiento contestaron con un “se quedó con unas amiguitas”, lo que pareció raro incluso a los familiares de Efrén, dado que la menor tenía muy poco tiempo en Mexicali y no tenía relación con otros niños.
Vecinos aseguran que la pareja salía poco, que siempre andaban juntos y que a Diana Mía pocas veces la miraron. Una versión anota que él se quejaba de la niña dado que le generaba muchos gastos su manutención, “que comía mucho y usaba mucho papel de baño…”.
Después de la localización del cuerpo y que la información fue pública, los familiares desde Michoacán empezaron a buscar más datos y al día siguiente fue el padre de la menor quien viajó a Mexicali e identificó el cuerpo de su hija. El resto fue esperar el trámite judicial que propició la captura de la pareja y la presentación ante el Juez de Garantías la tarde del sábado 25 de junio, cuando se fijó el jueves 30 como fecha para la Vinculación a proceso. De acuerdo al Código Penal Vigente cada uno de los hoy presuntos responsables podría recibir una pena de entre 20 a 50 años de prisión. Hoy día están internados en el Cereso.
Que denuncien, DIF
“Es lamentable lo que pasó con esta niña. Hay una constante en este tipo de casos”, expone Consuelo Luna, titular de la Procuraduría de Defensa del Menor del DIF Estatal, en alusión a los ya varios casos de menores que han sido maltratados y hasta asesinados.
“Regularmente se trata de una situación de violencia que se presenta en la familia y que no fue denunciado, no fue atendida en su momento”, explica la funcionaria, refiriendo que en el caso de agresiones sexuales resulta el tercer motivo de ingreso en los albergues del DIF –el primero es omisión de cuidados–, que se deriva de una negligencia por parte de los padres o las personas que están a cargo.
En este último rubro se refiere a menores descuidados, desaseados, que no acuden a la escuela o que se encuentran por largos periodos de tiempo solos en sus viviendas. “Este tipo de casos puede ir aumentando hasta convertirse en violencia física, psicológica y finalmente en casos lamentables como el de la niña Diana Mía”.
Luna considera importante mencionar que en los casos de homicidio es común que los vecinos, posteriormente a que se descubre la situación, la muerte de un menor de edad, refieran que tenían conocimiento de situaciones de maltrato, de comportamientos inadecuados de las personas cercanas a estos menores de edad.
Tiempos felices; Diana Mía, la niña asesinada
“Es una situación que lamentamos mucho, nosotros tenemos varias vías de denuncia, de llamar al 066 o al 089 que es de denuncia anónima, tenemos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública de manera que a través del C4 se nos remiten todas las denuncias que son presentadas”, explica la abogada y asegura que esas denuncias se atienden, se investigan y se acude a los domicilios señalados.
Por eso invita a la población a hacer uso de esas vías de denuncia para tener la información y poder intervenir, incluso menciona que –como en el caso de Diana Mía, que involucra familiares en otra entidad– hay convenios con los estados para denunciar en otros estados y que manden la información a la Procuraduría de Defensa del Menor en Baja California.
La funcionaria explica que en el caso de omisión de cuidados, sí tienen identificado un común denominador que resulta el uso de drogas por parte de los padres o las personas que tienen bajo su cuidado a los menores, lo que deriva en una negligencia en la atención de las necesidades básicas de niñas y niños.
“En los casos como el de Mía, puede referir que en reportes presentados por el Ministerio Público, en algunos de ellos también hay presencia de drogas y el delito ha sido cometido bajo el influjo de éstas, sobre todo donde ha habido homicidio y previo a esto hay una agresión sexual”, sostiene la Procuradora de Defensa del Menor y la Familia del DIF Estatal, e insiste en la necesidad de denunciar ante el avistamiento de cualquier situación de posible riesgo para los menores.
Explica que de ser necesario, los menores se recogen buscando en primera instancia que queden momentáneamente a cargo de familiares o en su caso son traslados a los Albergues del DIF. Este año el DIF ha atendido 836 denuncias y en protección a 855 menores, de los cuales se han reintegrado –en ocasiones con familiares– a 640 de éstos.
Violencia intrafamiliar
“Hasta la fecha las mayores llamadas al 066 son por violencia intrafamiliar”, explica el Doctor Marco Carrillo, académico, ex director de seguridad pública municipal en Mexicali y ex subsecretario de Seguridad pública en el Estado. “Es que somos violentos. Aquí se puede explicar esa parte entre la hegemonía del poder del hombre y la mujer”.
El actual director del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales, Cescipe, considera que, “Hay autores reconocidos que aseguran que el mexicano es violento, que hablan de que nosotros no sabemos resolver conflictos, no tenemos esta parte de la argumentación y en el momento en que nos enfadan respondemos violentamente”. Carrillo Maza comenta que es necesario revisar lo que pasa en las familias y donde se conjuntan elementos como la complicidad de la madre para no hacer nada ante los actos violentos del padrastro.
Considera que en casos como éstos se conjugan factores, como uso de drogas, marginalidad y antecedente de maltratos. El especialista opina que en materia preventiva debe haber una política integral que debe empezar desde las escuelas para enfatizar en esta parte del respeto y contrarrestar conductas agresivas.
“Debemos estar apostándole a la prevención pero es algo que desgraciadamente no se hace”, sintetiza el especialista, refiriendo que es el clásico ejemplo donde no se trata de más policías o mejor armamento: “Son actos aterradores, que no se valen y que debemos de atender a través de programas preventivos”.
Otros casos en Mexicali
Mayo del 2002.- La niña Blanca Miranda fue encontrada en la zona del Tulichek, asesinada y arrojada al canal con una gran piedra atada al cuello. Fue hasta cuatro años después cuando las autoridades detuvieron a los responsables, los abuelos, y descubrieron que la otra hermanita, Arlette, también fue asesinada y enterrada en el patio del domicilio en la colonia Hidalgo
Mayo del 2013.- La niña Karen Vanessa Romero fue localizada en el fondo de un pozo, había sido abusada sexualmente antes de ser asesinada. Se detuvo al abuelo, José Santos Romero como responsable.
Febrero del 2015.- Janet Lizbeth Bibriesca fue encontrada enterrada en el domicilio de un vecino, quien fue acusado del crimen –y abuso sexual– y encarcelado.
Junio del 2016.- Una menor de 8 meses de edad fue remitida en Mexicali al Hospital General con signos de violación. Las autoridades buscan al responsable.
Sujetas a proceso, mujeres que encadenaron menor a árbol
El 30 de junio se desarrolló la audiencia inicial del Numero Único de Caso 1117 del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana, por los delitos de omisión de cuidado y violencia familiar, siendo víctima de dichas conductas una menor de 3 años de edad, quien fue hallada por elementos de la Policía Municipal, encadenada a un árbol en el fraccionamiento El Lago.
Recibiendo los oficiales este reporte, se trasladaron al domicilio, donde pudieron observar a la pequeña encadenada a la cintura, mientras una mujer adulta le agredía verbalmente, a manera de castigo “porque lloraba mucho”, según manifestó a los policías.
Otra mujer se acercó a la escena, proclamándose como la madre de la menor y manifestando estar de acuerdo con el castigo, según el relato de los hechos realizado por el Ministerio Publico al solicitar se calificara de legal la detención.
Dirigió la audiencia el Juez de Control Héctor Herrera Robles, quien calificó de legal la detención de la madre de la menor y de la mujer con la que vive, quien le ayuda en el cuidado de su hija, realizada el 28 de junio en flagrancia, existiendo entre el aseguramiento de ambas y la puesta a disposición al Ministerio Publico un lapso de cuatro horas -de diez de la mañana a dos de la tarde-. Si bien en dicho periodo se puso a disposición del DIF a la menor –manteniéndose al cuidado de esta dependencia-, se valoró clínicamente a las aseguradas y se realizó el parte policial.
Acto seguido, el MP solicitó realizar la formulación de imputación contra ambas implicadas, señalando las pruebas recabadas por los policías municipales y el policía ministerial a cargo de la investigación, entre los que resultaron la inspección ocular del lugar de los hechos y de la cadena utilizada, el informe policial homologado y la valoración física y psicológica de la niña, quien presenta “tristeza y dificultad para socializar”, además de presentar desaliño y falta de higiene.
Manifestando la defensa su deseo de que en la misma audiencia se resolviera sobre la vinculación a proceso de las inculpadas, ésta la practicó de manera errónea el juzgador, al motivar la misma con un delito diferente al señalado por la fiscalía. Pidiendo ésta la rectificación, se concedió, a pesar de la protesta de la defensa en el sentido de que el momento procesal para realizar dicha aclaración ya había transcurrido.
Aunque vinculadas a proceso, se decretó la libertad de las imputadas, quienes por no existir desacuerdo entre las partes, estarán sujetas a las medidas cautelares de presentación periódica ante el Juzgado cada 15 días, la prohibición de salir de la localidad sin autorización, el sometimiento a tratamiento para superar la adicción a las drogas -en sus declaraciones ambas manifestaron ser consumidoras- y la prohibición de acercarse o comunicarse con determinadas personas, particularmente con potenciales testigos de los hechos.
Manifestando el Ministerio Publico que requiere de tiempo para realizar mayores pruebas psicológicas a la menor, así como para recabar otros medios de prueba, se acordó un plazo de cinco meses, es decir, hasta el primero de diciembre, para que se concluya la investigación.
Sin avance en caso de niños abusados en kínder
Luis Gerardo Lugo Cirerol –“El Teacher Luis”-, es acusado de abuso sexual por niños de 4 y 5 años, quienes eran sus alumnos en el kínder “3 de Mayo de 1535”, ubicado en el fraccionamiento Puerta del Sol, al Este de Tijuana.
En sus declaraciones, tanto a los padres de familia como a psicólogos y a las propias autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado -PGJE-, los menores han dado cuenta de la forma como Lugo Cirerol los obligaba a jugar “el juego de los encuerados”, obligándolos a quitarse la ropa y a dejarse tocar por él. A los que se oponían los amordazaba, ataba de manos y los castigaba; quienes no gritaban ni lloraban, recibían como premio un juguete.
Los cambios físicos y de conducta revelaron a los padres de familia el agravio del que estaban siendo víctimas sus hijos, algunos señalan que fueron alertados por el conserje del plantel, Maximino Méndez Zapata, quien les informó que una vez ayudó a los niños a desatarse y vestirse, hecho del que inmediatamente hizo del conocimiento de la directora, Minerva Álcaliz Valenzuela, “quien le instruyó a no decir nada”, comentó Max a los papás, pidiendo no lo delataran, pues su trabajo estaba en riesgo.
La encargada del jardín de niños no actuó en consecuencia, como tampoco lo hizo la profesora Verónica Morales Durán, maestra encargada de uno de los grupos del plantel, a quien los menores señalan de ser quien los ayudaba a vestirse tras la agresión.
“El Teacher Luis” fue demandado formalmente el 28 de marzo de 2016 ante la Unidad Orgánica para delitos Sexuales y Violencia Familiar de la PGJE; en la misma denuncia se implica a la maestra Verónica Morales y la directora Minerva Álcaliz Valenzuela.
Con 21 demandas interpuestas por padres de familia de niños abusados por él, como de infantes que fueron obligados a observar la agresión, el 10 de mayo el Ministerio Público de Delitos Sexuales consignó la averiguación previa 373/16/202 con pedimento de orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado y violencia familiar equiparada.
Fue hasta el miércoles 18 de mayo cuando Lugo Cirerol fue llamado a declarar ante la autoridad competente y, al no presentarse, el Juzgado Quinto de lo Penal liberó orden de aprehensión en su contra. Al irlo a buscar en su domicilio, ya no fue localizado, había huido y a la fecha se encuentra prófugo.
“La casa del profesor ubicada en la colonia El Lago nunca fue vigilada”, se quejaron los padres de familia.
Al respecto, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, subprocurador de Justicia en Tijuana, no lo consideró prudente, porque hubiera sido “violatorio de sus garantías”, al no contar en ese momento con una orden de aprehensión, comentó a ZETA.
A la fecha, y luego de terapias psicológicas recurrentes, algunos menores ya hablan de violación, aun así la autoridad no ha liberado otra orden de aprehensión contra Luis Gerardo Lugo Cirerol, ni ha informado a los padres de las víctimas de un mayor avance en la investigación. Para la autoridad, las maestras Verónica Morales y la entonces directora del plantel, Minerva Álcaliz Valenzuela, no participaron en el abuso; su implicación, en todo caso, sería por omisión de cuidados. Isabel Mercado
La descomposición social, y respeto a los derechos de los niños, vulnerado
Pedro Ariel Mendívil, Presidente de la Federación Estatal de Colegios y Barras de Abogados de Baja California, que cuenta con más de 5 mil miembros, sostiene sobre el contexto de la muerte de la niña Diana Mía:
“Es un tema evidentemente de descomposición del tejido social, la pérdida de valores que tiene que ver con temas como educación, con la familia, con fortalecer nuestras instituciones como familia en una sociedad que indudablemente va en retroceso, y no en un crecimiento en cuanto a la plenitud que deben alcanzar los miembros que la componen”.
Otros factores que influyen, dijo, son la pobreza, la falta de educación y el necesario fortalecimiento de las instituciones.
Mendívil considera que se trata de un tema donde no solo es imputable el Estado sino la sociedad como parte de un estado democrático, “Creo que nosotros como miembros de la sociedad tenemos muchas cosas que hacer en este tipo de temas”.
El abogado y especialista opina que en este tipo de sucesos hay elementos perceptibles, palpables a la vista la mayoría de las veces, dado que el abuso es una actividad constante, cotidiana, que se va realizando en etapas hasta que llega al desenlace.
“Existen personas que tienen una trascendencia directa, como el caso de los maestros –por los niños de edad preescolar o primaria–, son rasgos que no pueden pasar desapercibidos, esas señales que no las atendemos, o no las queremos ver o no estamos preparados para ello”, expone el abogado y amplía: “Es el caso de los vecinos que permanecen apáticos a lo que ocurre alrededor, o la propia familia, que es imposible que no pueda percibir lo que está ocurriendo, que nadie denuncia, que nadie haga un solo acta para tratar de proteger a los más desprotegidos”.
De las penalidades fuertes dice no creer que van a constituir un beneficio en la resolución de estos problemas, dado que las penas excesivas no atienden a la readaptación ni a la reincorporación, ni a la reinserción social de las personas; acepta que se deben enviar señales fuertes de que no puede haber impunidad. “Tenemos que buscar esquemas donde socialmente pueden involucrarse en responsabilidades”, además de crear otros dispositivos normativos penales que permitan que estas conductas –al ser solapadas, permitidas- tengan una consecuencia.
La abogada y actual titular del Colegio Estatal de Sociólogos, Flor Mora, refiere el linchamiento que se dio en redes sociales después de trascender el asesinato de la menor, “Pero creo que se les va de la mente, de la vista directa, que esto no es un caso aislado, no fue casualidad, este suceso está enmarcado en un tiempo de violencia, en un tiempo de pobreza, en un tiempo de calidad educativa de muchas carencias, en un tiempo donde la cultura tiene muchos rasgos de violencia”.
Flor Mora considera que en este tipo de hechos hay que ver las causas y no solamente las consecuencias, y tratar de averiguar qué parte de nuestra cultura está promoviendo este tipo de conductas. Menciona países donde se implementan campañas muy fuertes para darle a los menores herramientas para defenderse –lo cual ya debe de hacerse aquí–, además de promover que la sociedad se involucre más en estos temas de manera cotidiana, no únicamente cuando suceden. Esto dado que hay casos donde son evidentes para los vecinos, los compañeros, los maestros, pero estas personas no quieren meterse en problemas. “Hay que facilitarles un camino, un proceso para poder ayudar en estas situaciones”.
Otro experimentado abogado, Fernando Rosales –parte del núcleo fundador del Colegio de Abogados Penalistas– considera que estamos viviendo una descomposición social donde los valores del núcleo familiar se están perdiendo. “El respeto a los derechos de los niños están totalmente vulnerados, trasgredidos, al extremo de cometer actos fuera de contexto como violarlos y privarlos de la vida, lo más lamentable es que son los propios padres, o padrastros”.
En el caso del asesinato de Diana Mía el abogado comenta que al parecer se trata de personas de fuera del estado, lo que implica que este grupo demográfico que está llegando –buscando mejores condiciones de vida– a la entidad, estén generando este tipo de problemas.
Considera que instancias de Prevención del Delito, como el DIF, Desarrollo Social o la Secretaría de Educación tienen necesariamente que fortalecer programas de prevención.
Sergio Haro/ZETA MEXICALI
