Sin dar cumplimiento a un compromiso asentado en acta, de dotar de un terreno urbanizado y de igual medida del que sería retirado a Juan Manuel Ramírez Gálvez, INDIVI procedió a desalojarlo.
Desde 1997 Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana (PRODUTSA), ahora INDIVI, determinó la desocupación de un predio ubicado en la Tercera Etapa del Río Tijuana, el cual se encontraba en posesión de Juan Manuel Ramírez Gálvez, quien sería compensado con otro lote.
De acuerdo al acta firmada por Jorge Ramos Hernández, entonces director general de PRODUTSA, desde 1997 el gobierno del estado estaba obligado a compensar con un lote al quejoso. En el documento se lee: “… se obliga a proporcionarle y escriturarle en propiedad al particular, un terreno totalmente urbanizado con una superficie a un porcentaje de la superficie total que el particular entregue material y jurídicamente a PRODUTSA”.
Ramírez Gálvez entregó la mayor parte del polígono que tenía en posesión, de una superficie de 29 mil 976 metros cuadrados, quedándose solo con un lote de 6 mil 122 metros cuadrados, el cual desocuparía una vez que recibiera el inmueble.
Al no cumplir la dependencia con la asignación de un inmueble, Ramírez Gálvez se negó a abandonar el terreno asentado a espaldas del Parque Morelos, donde explotaba un pozo de agua.
Entonces inició un pleito legal contra la autoridad estatal, el cual perdió “porque mi abogado no dio un seguimiento puntual”, dijo.
Luego de perder dos juicios, hace un mes fue desalojado por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), sin permitírsele retirar del inmueble sus pertenencias, incluido el equipo con el que extraía agua de un pozo que explotaba, y del cual cuenta con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Lo que demando es que se me entregue el terreno al que se comprometieron a darme y se me devuelva mi equipo”, expuso a ZETA Juan Manuel Ramírez, al anotar que en el predio, ahora vigilado por un guardia de seguridad privada, ya no se encuentran sus pertenencias.
Al respecto, el actual director de INDIVI Tijuana, Urbano Chávez Colecio, argumentó que el desalojo se dio siguiendo el ordenamiento de un juez.
Reconoció que el terreno fue vendido hace 10 años por la dependencia a un particular, “pero eso fue hace varias administraciones”.
De la indemnización a Ramírez Gálvez, aún pendiente, indicó que INDIVI está analizando qué terreno le entregará, “pero sí se va a cumplir con ese compromiso”, aseguró.
