Perdió 13 millones de pesos que hubo de regresar a la federación por no saber qué hacer con ellos; utilizó fondos del Ramo 33 para pago de nómina, el Órgano de Fiscalización refiere que el Ayuntamiento que encabeza el priista Hirata realizó un “procedimiento… oscuro, falto de transparencia e imparcialidad”. Muchos son las adquisiciones y los pagos irregulares
Además de desviar recursos del Ramo 33, por lo que se le promovió juicio político, el ex alcalde Enrique Pelayo Torres (2010-2013) hizo y deshizo con las partidas presupuestales; y en el caso del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), 75 millones de pesos, los mal utilizó a su libre albedrío durante su último ejercicio.
No licitó ninguna adquisión, favoreció a empresas, se desviaron cantidades para otros fondos, no se actuó contra proveedores incumplidos, entre otras observaciones dictaminadas por el Órgano Superior de Fiscalización de Baja California (ORFIS) para la Cuenta Pública 2013.
Gilberto Hirata Chico ya desde su primer año, repite los vicios de su antecesor, y al malgasto le agrega la negligencia para administrar los recursos para Seguridad Pública, al grado de perder 13 millones de pesos del SUBSEMUN, “porque no hallaban qué hacer con ellos”.
En el dictamen del ORFIS para la Cuenta Pública Patrimonial 2014, se observa cómo parte de los 71 millones 476 mil pesos que el Ayuntamiento de Ensenada recibió para Seguridad Pública ese año, “tiró” más de 13 millones de pesos, un 19 por ciento del fondo, pues al no ejercerlos fueron devueltos a la Federación.
En julio de 2015 se reintegraron a la Federación 14 millones 195 mil 332 pesos, con lo que se inclumplió con el Artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación y del que habría que fincarse responsabilidades.
Otra falta grave –como lo hizo Pelayo con el Ramo 33– en el primer año de Hirata Chico fue el desvío de fondos del SUBSEMUN para el pago de nómina. El 7 de marzo de 2014 el Ayuntamiento sacó 31 millones de pesos de su cuenta bancaria en Scotiabank Inverlat, destinada para dicho fondo, y los transfirió a una cuenta de Banamex destinada para pagar los salarios de los burocratas, y aunque los fue reembolsando las siguientes semanas, el órgano fiscalizador concluye que violó la Ley.
La historia del aparente beneficio a proveedores mediante la adquisión directa empezó con la compra de 200 chalecos balísticos por un monto de 3 millones 978 mil 800 pesos. Se le adquirieron directamente al vendedor Blindado Seguro S.A. de C.V. el 18 de agosto de 2014, argumentaron que no era pertinente licitar públicamente, pues se ponía en la mira de los delincuentes los niveles de protección de los agentes policíacos, vulnerándolos. Además no proporcionaron al ORFIS documentación solicitada a Oficialía Mayor y Dirección de Recursos Materiales para corroborar cotizaciones, certificados de norma, registro contables, polizas de responsabilidad civil. En fin, una compra totalmente irregular.
En el mismo tenor fue la compra de motocicletas, camionetas Van y vehículos Sedán comprados en diciembre de 2014 a Fema Automotriz S.A. de C.V. El ORFIS señala en particular la adquisición de 32 carros Sedán 2015 a razón de 17 millones 925 mil 120 pesos, de la que efectivamente sí se realizó licitación pública el 11 de diciembre de 2014, pero existen sospechas que el Ayuntamiento “acordó” previamente con el proveedor antes de lanzar la convocatoria.
Se descubrió que desde septiembre de ese año la directora de Recursos Materiales, Carmen Elena Gómez Gloria, había solicitado una cotización a Fema Automotriz, proporcionando las mismas características de las unidades que posteriormente serían fijadas en la licitación. Todavía al mes siguiente, la funcionaria notifica al proveedor que está en proceso de adquirirles las unidades cotizadas, “por lo que se presume que ya se conocía con anterioridad quién sería el proveedor que cumpliría con las especificaciones”, sentencia la autoridad fiscalizadora.
Al tener el proveedor información privilegiada y violar el principio de imparcialidad, “se considera que la Licitación Pública Nacional número 002/2014 se encuentra viciada de origen”, se concluyó.
Con 6 millones 75 mil 183 pesos se benefició al proveedor Elite by Carga S.A. de C.V., cuando se le compraron uniformes para policías. Fue adjudicación directa con el argumento que esa empresa era la única que garantizaba la calidad requerida, sin embargo, el Ayuntamiento no sustentó con documento lo anterior, ni ofreció por lo menos otras dos cotizaciones, por lo que el ORFIS concluyó que el procedimiento fue oscuro, falto de transparencia e imparcialidad.
Asimismo el 18 de agosto de 2014 se adquirieron 63 radios portátiles y otros aditamentos, por un monto de 2 milllones 550 mil 929 pesos, a beneficio de Casidian México S.A. de C.V. filial de Airbus Defense & Space, supuestamente la empresa que tiene la patente de la tecnología que utiliza frecuencias exclusivas de la Policía Municipal, pero tampoco se sustentó lo anterior.
Un caso particular es el de los equipos de microondas y torres de transmisión adquiridas para las delegaciones policíacas de Camalú, Vicente Guerrero, Cerro Buen Pastor y San Quintín, comprados a Carla María Talamantes Valles el 30 de diciembre de 2014 y por un monto de 1 millón 529 mil 213 pesos. El órgano fiscalizador no tuvo manera de de verificar si el proveedor cumplió con el contrato, pues la Dirección de Seguridad Pública, señala el ORFIS, les explicó que diversos equipos para las delegaciones y otros ahí instalados se encontraban en la Estación de Vicente Guerrero, precisamente donde vieron “afectados por los disturbios del mes de mayo en la Delegación San Quintín”, menciona el documento en referencia a la revuelta de jornaleros en 2015 cuando jornaleros y residentes indígenas que se enfrentaron contra policías estatales le prendieron fuego al edificio y a los carros alrededor de la estación policíaca ubicada sobre la calle principal de la Nueva San Juan Copala.
Señala el ORFIS que el Ayuntamiento le entregó evidencia fotográfica de los daños ocasionados a la estación de policía, “sin embargo, no proporcionaron evidencia de las denuncias presentadas, de manera que se pueda constar fehacientemente que los bienes fueron robados o en su caso siniestrados, así como la cuantificación monetaria de los mismos”.
Jóvenes revoltosos en la comunidad indígena comentaron a ZETA en su momento cómo al ser bandalizada la comandancia, se robaron todo tipo de objetos, incluso armas, llegaron a afirmar algunos, o como anédota narraron que hasta tangas y revistas pornográficas quedaron regadas en el piso. El Gobierno Municipal nunca dio un posicionamiento sobre el atentado, tampoco reportó ni reclamó pérdidas.
Y aún hay más
Al cierre del ejercicio más de 4 millones de pesos andaban “bailando” dentro de una partida destinada a beneficiar a 903 policías municipales. Para el programa de “Reestructuración y Homologación Salarial” el Ayuntamiento recibió el recurso federal por 17 millones 809 mil 43 pesos, el 9 de junio de 2014. Para diciembre la administración municipal entregó un informe de los pagos a policías que sumaron 13 millones 635 mil 468 pesos. Quedó una diferencia, aparentemente no ejercida, por 4 millones 173 mil 575 pesos, pero para “cuadrar”, en el Informe Cumplimiento de Metas que el Ayuntamiento envió al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se etiqueta ese mismo importe como “importe comprometido”, pero no explica qué integra ese monto o si se pagó con ello a los policías. Además la cuenta fue cancelada.
El Ayuntamiento tampoco cumplió con el pago de un millón y medio de pesos para el Programa de Mejoras de las Condiciones Laborales dentro del Fondo de Retiro para Policías. No tiene cuentas claras respecto al presupuesto de 2 millones 905 mil 231 pesos para “proyectos y programas con Paramunicipales”.
El manejo de los dineros es turbio, o por lo menos ambiguo, en la partida para el “Proyecto de Movilidad Segura”, con un monto de 3 millones 144 mil 618 pesos. El presupuesto iba destinado a la compra de lámparas, pintura, mezcla asfáltica, material para señalamientos, para el mejoramiento de espacios en tres polígonos de la ciudad. Pero no hay manera de comprobar si se cumplió con los trabajos en la totalidad y en las zonas indicadas.
En el tema de difusión o publicidad, es otro donde existen discrepancias en los gastos del fondo para seguridad. El Ayuntamiento le pagó 85 mil pesos al particular Juan Enrique Montiel Alcalá por concepto de 330 spots para radio, pero no hay evidencia de los mismos. Igualmente por servicios de difusión se pagaron 148 mil 689 pesos a Carlos Gabriel Vargas, de los que tampoco hay evidencia, incumpliéndose en ambos la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Al margen de las inconsistencias en el manejo financiero del SUBSEMUN, el ORFIS también señala puntualmente la desorganización y negligencia en la operatividad de los programas, tales como el de prevención del delito con participación ciudadana, donde menciona que se carece de evidencias donde se constate efectivamente la inclusión de los ciudadanos, así como todo registro de control, seguimiento y evaluación del fondo para Seguridad Pública.
No se cumplieron los reportes trimestrales que se deben remitir al Consejo Nacional de Seguridad Pública, no hay evaluación del impacto de los reusltados en materia de seguridad pública, como tampoco hay documentación sobre los resultados que obtuvieron 125 policías municipales a los que se les aplicó el exámen de control y confianza.
Una desorganización latente en lo que es el manejo del subsidio federal y donde el ORFIS enfatiza sobre todo la opacidad en la manera de operar del comité y área de adquisiciones.
Resoluciones van para largo
Del total de observaciones enviadas por el ORFIS, el 70 por ciento ya está en análisis en el área de Fiscalización, aseguró el síndico procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Iván Barbosa.
Incluso, sin precisar, mencionó que algunos casos ya están en Responsabilidades, “¿por qué tan rápido? Porque nosotros ya los habíamos detectado”, expuso. El funcionario solamente quiso mencionar un caso evidentente en el que se fincará responsabilidades en los funcionarios y es el de las cuotas de ISSSTECALI “jineteadas”. Igualmente en el caso del subejercicio de 13 millones del SUBSEMUN, donde ya se fincó responsabilidad de los titulares de Oficialiía Mayor, Compras y Recursos Materiales, donde fueron llamados los funcionarios y están en el proceso de su defensa.
“Puede haber casos que lleven de seis meses a dos años, porque hay abogados que tratan de alargar los procedimientos para alargar la resolución de probable responsabilidad”, indicó.
Enfatizó que el trabajo de Sindicatura Municipal está hecho y que todos los casos están canalizados: “Si no los vamos a dejar concluidos, sí están indiciados, porque no depende de nosotros sino de las pruebas, los testigos, los citatorios…Ya se turnaron al Departamento de Responsabilidades para determinar, es como un Ministerio Público, tiene que llamar a declarar a los responsables para que se defiendan, están en su derecho”.
Adelantó que en el caso de los radios móviles que se adquirieron por 2 millones y medio de pesos, la exclusividad de la patente sí la tenía la empresa, lo que se acreditó con documentación adicional que posteriormente se le entregó al órgano fiscalizador. Respecto a la compra de uniformes para policías con un costo de más de 6 millones de pesos, informó que sigue en análisis para determinar si hay responsabilidad. En el mismo estatus está la adquisición de chalecos por casi 4 millones de pesos, “se está investigando a la Dirección de Recursos Materiales”.
Con el asunto de las patrullas compradas a la Ford por 17 millones de pesos y en la que se sospecha que hubo acuerdo previo entre proveedor y funcionarios del Ayuntamiento previo a la publicación de la licitación, sigue en análisis: “Sin embargo, es una presunción, nosotros no nos podemos basar en presunciones, únicamente estamos revisando cómo se llevó a cabo el proceso de licitación, está en Fiscalización”.
—El mismo ORFIS señala que el proceso está viciado de origen, se le insiste.
“Una cosa es la licitación y otra la presunción, aparentemente había un acuerdo con la empresa, pero no tengo manera de comprobarlo”, respondió Barbosa. “La Ley señala que se tiene que hacer una investigación de mercado, y ahí hay una confusión, porque pidieron una cotización como parte de esa investigación. ¿Cómo comprobamos que se pusieron de acuerdo entre las partes? Al menos que un tercero nos diga, o un testigo. Si está mal la licitación la turnaremos a Reponsabilidades, por supuesto”.
El síndico procurador no quiere que quede duda que se agotarán los procedimientos para fincar responsabilidades y que de acuerdo a ello se inhabilitará, amonestará o denunciará penalmente, ¿para cuándo?, eh ahí el detalle. A cinco meses que concluya la administración de Gilberto Hirata Chico, apenas se ha dictaminado su Cuenta Pública del 2014, al final del año se estará emitiendo la del 2015, “¡yo todavía vengo firmando resoluciones del 2011 o 2012!”, ilustró el funcionario.
“Sí, se cae en la especulación”: Comité Ciudadano de Seguridad Pública
“La verdad es que no está sustentado que el comité tenga una silla, o tenga voz o voto a la hora de las adquisiciones o de lanzar una licitación”, aclaró Faisal Karim Díaz Nassif, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, electo apenas en abril pasado.
“Para empezar no nos abren la puerta para opinar en esos temas, nuestra labor es el acercamiento entre la ciudadanía y las corporaciones, empujar estrategias ciudadanas como ‘vecinos vigilantes’, o como en el caso de los ascensos vigilar con Sindicatura que los ascensos de policías se den como marca la Ley”, precisó.
Aceptó Díaz Nassif que las adquisiones directas, como las observadas por el ORFIS, sí se prestan a la especulación, “y a como están las cosas al día de hoy, el Gobierno debe ser más transparente en ese tipo de movimientos”.
Sin embargo, dijo que como ciudadanos el Comité puede opinar, y ya lo han hecho ante los diputados, procurando la honestidad y transparencia de los recursos del SUBSEMUN “y que se asignen de una manera distinta, que se etiquete una cantidad para adquisiciones y otra para mantenimientos”.
Ejemplificó que se compran 100 patrullas que luego se convierten en desechables, “y ahí están como chatarras y como no hay un programa de mantenimiento, vuelven a comprar un montón de patrullas. Hay que revisar esos detalles…”.
“Sí, realmente habría que modificar los mecanismos para administrar el SUBSEMUN, con el objetivo de que sean más claras las cuentas”, concluyó.
