Cuando el Partido Acción Nacional buscaba llegar al poder en Baja California -allá por 1989-, entre otros planteamientos mencionaba el necesario fortalecimiento de los grupos intermedios, en referencia a profesionistas, deportistas, intelectuales, activistas; en suma, ciudadanos pensantes, independientes y críticos, sin ligas con gobiernos y capaces de ejercer una directa critica a las acciones e inacciones gubernamentales.
El antecedente tenía que ver con el absoluto control que tenía el sistema priista sobre todos los niveles de la sociedad, control que poco a poco se desmoronaba. De hecho entre esos grupos de médicos, ingenieros, deportistas, surgieron varios cuadros ciudadanos.
Víctor Fernández
Viene el comentario en alusión a lo que ha sucedido últimamente, donde los grupos de abogados han jugado un papel muy activo en torno a una serie de temas que pareciera tienen que ver con el ejercicio de los abogados, pero que realmente repercuten en toda la sociedad. La coyuntura es lo que está sucediendo en la esfera del Poder Judicial, donde últimamente se han acumulado una serie de situaciones que han llamado la atención de la opinión pública, uno de los últimos, la remoción de Carlos Cataño como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, órgano cúpula del Poder Judicial.
Y es que ante la inhabilitación anunciada por la Judicatura Federal -independientemente del fondo del asunto- hubo un momento en que ni el Congreso ni el pleno de magistrados, ni el Consejo de la Judicatura mostraron acción alguna, y entre éstos coincidieron en rechazar la responsabilidad bajo diversos argumentos.
Pero un grupo de abogados en Mexicali -el Colegio de Abogados Penalistas- insistieron ante el Congreso para que se definiera esta situación, primero sin obtener respuesta del Legislativo, luego ya presionados los diputados por la opinión pública y a la instancia del Consejo de la Judicatura Federal, no les quedó otra opción que proceder a la inhabilitación.
Pero resulta que ese no ha sido el único tema.
Los mismos abogados interpusieron un amparo contra el Congreso local, relativo al tema del Haber de Retiro –jubilación de los magistrados-, dado que ante el “congelamiento” de una iniciativa turnada por el Poder Judicial al Congreso desde noviembre de 2012, el Consejo de la Judicatura local aprobó la reforma a un reglamento interno del Poder Judicial para oficializar esa jubilación al 100 por ciento de los magistrados, quienes tienen un salario de alrededor de 110 mil pesos mensuales.
Ante la indolencia de unos y otros, los abogados interpusieron el recurso y lograron que el Congreso apresurara la discusión relacionada con el juicio político para los integrantes del Consejo que aprobaron la medida. Esto fue apenas la semana pasada y, el martes 19 de julio, pese a estar de vacaciones el Legislativo, en Ensenada se tuvieron que reunir los diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional; votaron a favor de la procedencia del juicio político solicitado por los abogados.
Gustavo Medina y Kiko
Eso significó cruzar apenas la primera aduana y estuvo muy debatida, de hecho fueron tres votos a favor: Juan Manuel Molina, de Movimiento Ciudadano; Alejandro Quiroga, del PAN; y Armando Reyes, del PT. Y en contra, el panista Cuauhtémoc Cardona y los priistas David Ruvalcaba y Cinthya Ruiz. El siguiente paso es discutirlo y votarlo en el pleno, pero para eso hay que esperar hasta agosto y, en caso de seguir el procedimiento, tendría que conformarse una Comisión Instructora que valorase todos los elementos, votar la procedencia y de nuevo bajarlo al pleno convertido en Tribunal de Sentencia. Esto sería -en el hipotético caso que siguiera adelante- decisión de la próxima Legislatura, la cual estará dominada por panistas.
Entre los personajes señalados en la petición de juicio político se encuentra el propio presidente del Tribunal, Armando Vázquez, y los también magistrados Salvador Ortiz, Ignacio Pérez Castañeda y el juez Raúl Martínez.
Y del Tribunal, éstos no han sido los únicos deslices. Está aún fresco el amparo otorgado por el Cuarto Tribunal Colegiado para restituir en el cargo como integrante del Consejo de la Judicatura a la magistrada Miriam Niebla.
Otro pendiente “no olvidado” tiene que ver con otros dos amparos, el del actual Juez Familiar, Víctor Fernández Ruiz de Chávez, quien tramitó un recurso contra el procedimiento seguido por el Poder Judicial y el Congreso en el proceso de la designación, a fines del año pasado, del magistrado que ocuparía el lugar dejado por Marco Antonio López Magaña, quien se suicidó siendo presidente del Poder Judicial en abril de 2015,
La sucesión esta atorada por ese amparo concedido desde noviembre pasado y -como si no fuera suficiente- hay otro amparo tramitado por el mismo asunto del relevo, por el magistrado supernumerario Gustavo Medina.
Multones
Un total de 45 millones 218 mil 800 pesos será lo que los partidos políticos tendrán que pagar al Instituto Nacional Electoral por concepto de multas, según la resolución CG574/2016, sobre el proceso electoral del 5 de junio de 2016 en Baja California.
Es el PRD la entidad con la mayor multa, al tasarle la sanción por sus irregularidades en 10 millones 671 mil pesos. El PRI tendrá que erogar 6 millones 764 mil pesos. El Partido de Baja California, 4 millones 988 mil pesos. PES, 4 millones 58 mil pesos. PAN, 3 millones 692 mil pesos. Y MORENA, 3 millones 41 mil pesos.
Extraoficialmente se señala que tanto el PAN como el PBC tendrían que dar vista a la FEPADE por delitos durante la administración de los recursos, aunque faltaría conocer en qué sentido se daría la resolución y la obvia impugnación de los partidos políticos.
Pendiente
Elva Regina Jiménez,
magistrada electoral
En el tema electoral sigue pendiente la impugnación presentada por cinco partidos políticos que demandan la nulidad de la elección en el Distrito 01 de Mexicali, donde ganó la comunicadora y ahora diputada electa, Triny Vaca, quien conducía un programa altruista en el Canal 66 de Mexicali.
Por múltiples irregularidades detectadas en el proceso, demandan la anulación de la votación de 76 casillas, lo cual significa más del 20 por ciento de las instaladas y por eso consideran -así lo marca la Ley- debería anularse la elección a diputados del Distrito 01.
De acuerdo con los tiempos, el Tribunal Electoral tiene hasta el último día de julio para resolver al respecto y, de anularse, sería la primera vez en Baja California, que en unos comicios distritales se tomara esa decisión. El tema le tocó a la magistrada Elva Regina Jiménez.
El regreso
Antonio Magaña
Por cierto, se ha adelantado que en el próximo mes de agosto retornará frente a las cámaras el comunicador -vuelto político por tres meses-, Antonio
Magaña, quien compitió por la alcaldía de Mexicali representando al PRI, y fue derrotado por el panista Gustavo Sánchez. “Zapatero a tus zapatos”, dijo en su momento el líder panista José Luis Ovando, luego que Magaña no aceptara la candidatura que Acción Nacional le ofreció. (Con información de Cristian Torres)
