Acciones vandálicas en contra del servicio de transporte en las que choferes y pasajeros han resultado lesionados, camiones circulando con placas de vehículos particulares, taxis libres cerrando vialidades para demarcar zonas exclusivas en sitios que nos les corresponden y marchas masivas de protesta, muestran el descontrol en este sector
“Vialidad y Transporte debería estar al pendiente ahí, por donde salen los transportes -en la Línea Internacional de San Ysidro- para ver el que está saliendo irregular, pero como no hace su trabajo causa otro problema. ¿Cuál? La quebradera (sic) de vidrios”.
Con esa aseveración expuesta a ZETA por Óscar Rafael Morales Barrón, dirigente del gremio de Taxis Amarillos, resumió lo que consideró la raíz las agresiones a las que están siendo objeto unidades de la empresa binacional Ticketón y Uber.
En contraparte, Carlos Díaz, propietario de Ticketón, servicio de transporte binacional, acusó a Taxis Amarillos de operar camiones con placas de vehículos particulares, “sin que autoridad alguna los sancione”.
La Dirección de Vialidad y Transporte, instancia encargada de regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, admitió tener conocimiento de las anomalías señaladas, pero no procede en consecuencia; en el caso de los ataques desmarca su responsabilidad, atribuyéndola a la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que de la operación de unidades del servicio público sin licencia, dijo “vamos a actuar”.
En las agresiones, choferes y pasajeros han resultado lesionados, pero hasta el momento el gobierno de Jorge Astiazarán no ha emitido una postura al respecto, ni ha emprendido medidas encaminadas a dar solución a un conflicto que se generaliza.
En el XXI Ayuntamiento todo sigue igual, mientras en las calles el servicio de pasaje, Uber o Ticketón, siguen siendo apedreados y vandalizados. El servicio masivo continuó esta semana con sus marchas de protesta, sin que la administración municipal se abra al diálogo para una conciliación, como le es demandado por los transportistas.
Las agresiones
Durante la madrugada del sábado 2 de julio, choferes de la empresa Uber resultaron atacados por al menos una veintena de personas -a quienes señalan como miembros del Sindicato de Taxis Amarillos- en las inmediaciones de Hotel Pueblo Amigo, mientras se disponían a recoger a usuarios del servicio.
Cuatro ataques a Uber, todos en fin de semana, ningun detenido
A puñetazos, patadas, golpes con herramientas y descargas con pistolas eléctricas, los atacantes impidieron a los conductores realizar su trabajo, por “estar cargando gente” en un área de la cual el gremio de taxistas amarillos ostenta como exclusiva, amparándose en los pagos que realizan mensualmente para ocupar sitios cercanos a la Garita Internacional de San Ysidro.
Ese mismo día, los ofendidos presentaron su denuncia por las lesiones presentadas ante el Ministerio Público del Fuero Común, señalando a los medios de comunicación diferentes irregularidades, como la tardanza de la Policía Municipal en atender el reporte, el no otorgarle un debido valor probatorio a los videos presentados y la liberación de un detenido -identificado gracias al número económico de su unidad taxi-, por no considerarse que se diera la flagrancia al haber transcurrido 30 minutos desde el hecho delictivo hasta su aseguramiento.
Otras tentativas contra los choferes de Uber se habrían presentado ese y los próximos días, con bloqueos por parte del gremio de Taxis Amarillos a una caravana que exigía un alto a la violencia contra la empresa, además de un par más de agresiones, la noche del domingo 3 y el mediodía del lunes 4 de julio, resultando en esta última, una unidad con retrovisor roto.
Giovanni Roberto Moreno Ramírez y José Luis Arellano fueron los choferes agredidos por quienes los cercaron a bordo de unidades de taxi. En conferencia organizada por conductores y socios de la empresa el 4 de julio, éstos narraron la agresión, asegurando que aunque ellos intentaron conciliar con los taxistas, desde un inicio se acercaron a ellos con intención hostil, pidiendo refuerzos a través de su frecuencia de radio, siendo sobrepasados por la cantidad de agresores, a quienes se sumó personal de Hotel Pueblo Amigo.
Solicitaron el diálogo con las autoridades municipales, “lo único que estamos pidiendo es la seguridad para trabajar”, concluyeron, afirmando que las agresiones se dan todos los fines de semana: arrojándoles orines o aceite quemado, piedras, cerrándoles el paso, acosando a los usuarios, etcétera.
Un mes atrás, uno de sus choferes de la empresa Ticketón fue agredido por uno de los operadores de Taxis Amarillos, quién le advirtió: “Ustedes no pueden estar dando este servicio, no pueden estar moviendo a los chinos, los chinos nos pertenecen y nosotros tenemos que moverlos”. A la semana fue atacada una unidad de la firma binacional, en el primer cuadro de la ciudad, a plena luz del día y cuando llevaba a bordo a 20 pasajeros de origen asiático, denunció el propietario de la firma, Carlos Díaz.
Desde entonces, las agresiones contra las unidades de Ticketón se han sucedido hasta sumar cinco casos denunciados, afectando a conductores y pasajeros.
Aunque los hechos violentos se han incrementado de mayo a la fecha, el conflicto con Taxis Amarillos deriva de muchos años atrás, “desde que iniciamos operación, hará 15 años. El modus operandi es el mismo, ataques y vidrios quebrados, sin detenidos y sin sanciones para nadie”, dijo Carlos Díaz.
Óscar Morales negó que su sindicato sea el causante de los ataques, los cuales atribuyó al desgobierno que impera en Tijuana.
Municipio no actúa
José Luis Hernández Silerio, titular de Vialidad y Transporte, comentó que una vez que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deslinde las responsabilidades penales respecto a las agresiones sufridas por choferes de Uber y Ticketón, la dependencia a su cargo también podría emitir una sanción administrativa contra los agresores y no contra el gremio de Taxis Amarillos en su conjunto, la cual podría ser la suspensión o cancelación de los permisos para operar.
“De haber conductas delictivas o de violencia, de afectación al usuario, aplicamos las sanciones que señala el reglamento, pero tenemos que tener primero la certeza de que así sea” declaró.
“Como director de transporte me toca el ordenamiento del transporte público, que cumpla con el reglamento correspondiente, los hechos delictivos no me corresponden”, advirtió.
De Uber, comentó que continúa operando con estatus irregular en Tijuana, algo que correspondería al Cabildo regular.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal justificó la liberación de quien agredió al chofer de Uber el 2 de julio, dando cumplimiento al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Respecto a la demanda de transportistas del servicio masivo, de ser incluidos en el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, para lo cual realizaron una nueva marcha el martes 5 de junio, el gobierno de Jorge Astiazarán ha optado por no atenderlos, con el argumento de que se oponen “a la modernización del transporte”.
En forma particular, Carlos Mejía, secretario general de Gobierno, convocó por separado a algunos líderes del servicio de taxi de ruta, conminándolos a dejar las protestas para ser considerados en el proyecto, anotó Ángel Nevárez, dirigente de los taxis Blanco con Dorado.
Sin responsables
“Efectivamente tengo una denuncia por lesiones y daños a propiedad ajena y está en integración”, confirmó el subprocurador de Justicia para Tijuana, Jorge Alberto Álvarez, asegurando que al momento no se cuenta con ninguna persona identificada como probable responsable del hecho.
“Solamente tenemos la denuncia de la persona que fue agredida, se están haciendo las investigaciones para ver qué tenemos, analizando por ahí videos en redes sociales, pero sí te aclaro que no hay ningún pasajero lesionado hasta el momento”, explicó.
Álvarez agregó que ante la PGJE no se puso a disposición a ningún detenido por la agresión presentada el 2 de julio, por lo que aventuró que posiblemente se trate de un arresto administrativo de la Policía Municipal, que no fue presentado al Ministerio Público como probable responsable ni por lesiones, ni por daños a propiedad ajena.
Sobre la posible utilización de medios alternos para dar solución al asunto, Álvarez prefirió no especular, señalando que esto habrá de analizarse una vez que se conozca la magnitud de las lesiones y las circunstancias en que se provocaron las mismas, además de que esto sólo resultaría si ambas partes implicadas dan su consentimiento a ello.
Sobre ataques contra unidades de la empresa Ticketón, el subprocurador dijo recordar un tema similar, sin ofrecer detalles, pero señaló que no deben generalizarse estas agresiones como si estuvieran relacionadas, ya que bien podría tratarse de hechos aislados.
