De estar en último lugar, Baja California pasó al sitio número 25 en materia de transparencia, rezago que el contralor General del Estado, Bladimiro Hernández, espera revertir al final de la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
La nueva posición de la entidad deriva del análisis efectuado de 2013 a 2014 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo que cada dos años emite el resultado de las evaluaciones aplicadas a todas las entidades de la República Mexicana.
El bajo resultado en materia de transparencia, el contralor lo justificó por lo general de la revisión, “la complicación ahí es que califican a todo el Estado, no al Gobierno del Estado únicamente, sino también a los municipios, Congreso, Poder Judicial, órganos autónomos y órgano garante, en este caso el Instituto de Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC)”, dijo.
Si bien el siguiente resultado el CIDE será emitido en 2016, el funcionario estatal ponderó el avance en este rubro durante 2015, en el que, sostuvo, Baja California fue una de los ocho entidades federativas que cumplieron en tiempo y forma con la actualización de la Ley local de Transparencia para empatarla con la legislación federal, logrando colocarse entre los 10 Estados con mayor transparencia presupuestal.
“Ya fuimos a varios cursos de capacitación para poder entender cómo evalúan y qué es lo que debemos de mejorar”, declaró el contralor.
“El propósito es que al terminar el sexenio, que es cuando acaba nuestra función, podamos estar entre los primeros diez, creemos que es factible y que incluso podemos estar entre los primeros cinco en materia de transparencia”, confió Hernández.
Para lograr tal propósito, se pretende una participación más activa en el tema por parte de los demás actores que son evaluados por el CIDE, mientras que como estrategia propia, en las reuniones de gabinete del Ejecutivo estatal se informa sobre las dependencias que responden con mayor celeridad a las solicitudes ciudadanas de información.
Esto ha logrado erradicar el problema del incumplimiento, siendo que las dependencias que tardan más en dar satisfacción a dichas solicitudes, es porque carecen de estadísticas o datos específicos y se ven en la necesidad de generarlos, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Sistema Educativo Estatal (SEE) e informes presupuestales, por lo que cuentan con una prórroga de diez días adicionales.
Sin contar con la cifra específica, Bladimiro Hernández aseguró que gracias a estos buenos resultados, el porcentaje de solicitudes realizadas se ha duplicado año tras año en la presente administración, siendo que se detectó a un ciudadano que ha realizado hasta 400 solicitudes en un solo mes.
En el transcurso de la actual administración, la Contraloría únicamente ha citado a declarar a nueve funcionarios por atender una solicitud de información fuera del plazo de diez días hábiles con que cuentan para cumplir, quienes sólo fueron objeto de una amonestación verbal.
