Aunque la solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue que Carlos Macías y Manuel Valdez fueran juzgados por el delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y por robo, la Juez de Control, Guadalupe Vega, desestimó –en esta etapa- el primer delito y los vinculó a proceso solo por el hurto de dos maletas.
La audiencia de vinculación a proceso se desahogó este viernes, en la que la juzgadora determinó un plazo de dos meses para que la fiscalía siga aportando pruebas contra los imputados, quienes seguirán el proceso en libertad.
Publicidad
De acuerdo con la acusación de la PGJE respaldada por la declaración de la víctima y otros informes municipales y ministeriales, el 1 de julio alrededor de las 9:30 de la mañana, Karen García había cruzado la avenida aeropuerto procedente del Aeropuerto Internacional de Tijuana y se encontraba a la altura del puente binacional, cuando Carlos y Manuel bajaron de un Nissan Sentra color guinda modelo 2013, e identificándose como policías federales –portando ropa casual y deportiva- intentaron forzarla para ingresar al vehículo. “Súbete a la verga”, le ordenaron.
La víctima narró que logró zafarse y corrió de nuevo hacia el aeropuerto, y cuando volteó para ver si los dos sujetos la seguían, vio como estos subieron sus dos maletas que ella dejó en el lugar -una guinda con negro y la otra negra- al carro.
Posteriormente, explicó la representante de la fiscalía, el municipal que participó como primer respondiente, Humberto Castro, asentó que Karen Paola vio que los imputados se dirigieron hacia la colonia Aeropuerto, y que minutos después fueron ubicados por los elementos –también municipales-, César Pineda y José Celio Pérez, entre la calle Aquiles Serdán y bulevar Cuauhtémoc, dentro de la colonia Libertad.
Publicidad
Finalmente los detuvieron en la calle Miguel Ángel Anzures de la misma colonia, a la altura de una gasolinera, y al abrir la cajuela del Nissan Sentra encontraron dos maletas con las características señaladas. Karen García reconoció a los sujetos un día después.
La defensa de los imputados, Martha Molina y Alberto Entebi –ex candidato a la alcaldía de Tijuana y policía estatal que renunció a la corporación cuando se investigaba la desaparición del dinero del rescate de un secuestro, y que ha asegurado en muchas ocasiones su inocencia -, alegaron ante la juez lo que consideran diversas inconsistencias. Con relación al delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, argumentaron que las condiciones y el contexto no corresponden a la lógica que puede pensarse sobre el delito, toda vez que se trata de un espacio público con mucha circulación, además que en caso de que fuera esa la intención, la mujer no hubiera podido escaparse de dos hombres, criterio que compartió la juez.
Con relación al delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, argumentaron que las condiciones y el contexto no corresponden a la lógica que puede pensarse sobre el delito, toda vez que se trata de un espacio público con mucha circulación, además que en caso de que fuera esa la intención, la mujer no hubiera podido escaparse de dos hombres, criterio que compartió la juez. También, mencionaron que en el expediente del caso se mencionan diferentes horas, argumento que a diferencia del anterior, no fue considerado por su señoría.
Sumado a esto, Martha Molina refirió la existencia de dos testigos, a uno de ellos lo identificaron como tío político de la víctima, cuyo testimonio es que Karen Paola le debe dinero a Manuel, y que este se hizo acompañar por Carlos Macías para cobrarle pues iba a ser difícil encontrarla en otro momento, y que fue ella la que dejó ahí las maletas.
La Juez Guadalupe Vega considero que en esta etapa del proceso no hay elementos para vincular a los imputados con el delito de privación ilegal de la libertad, pero si con el de robo al existir informes y declaraciones del robo de las maletas.
La siguiente fecha de audiencia sobre el caso el próximo jueves 8 de septiembre. Durante este tiempo la fiscalía incorporará mayores pruebas a la investigación, y los abogados de los imputados tendrán oportunidad de robustecer la defensa.
La información adquiere interés público por el impacto del delito referido. Los imputados se declaran inocentes, y es su derecho sostenerlo durante el proceso que se les inicia.
