Este jueves 23 de junio del 2016 se cumplió el primer aniversario de la tragedia del incendio del Ejido Querétaro, también llamado “Hermoso Atardecer”, donde 19 personas perdieron la vida a consecuencia del incendio, sin que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), haya judicializado el caso.
Según los primeros reportes, fue alrededor de las 4 de la mañana cuando se inició el incendio, el cual pudo iniciar en el área de lavandería, de acuerdo a datos recabados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), plasmados en su recomendación 25/2015.
El centro carecía de personal adecuado, medidas de protección e incumplía con la norma oficial NOM-031-SSA3-2012, desorden que quedó asentado en un dictamen de Isesalud registrado en el oficio SS/Mx08/279/02 y firmado el 18 de abril del 2012, con el que solicitaba una “orden de visita ordinaria por corrección de anomalías”.
Personal de Bomberos, entrevistados por ZETA en su momento, desmintieron las primeras versiones que dio a conocer el Ayuntamiento de Mexicali en que se afirmaba que el lugar había sido inspeccionado en los primeros días de enero del 2015, ya que la visita no fue para realizar una verificación del lugar, lo cual fue confirmado por una solicitud de información en la que el departamento de bomberos negaba tener alguna acta de verificación previo al siniestro.
El primer dictamen fue dado a conocer días después por el titular de bomberos, Fernando Rivera en el cual aseguraba que posiblemente el sinestro hubiera sido provocado, pese a que no se encontraron aceleradores –gasolina.
Finalmente la recomendación de la CEDH realizó un peritaje con ayuda de un especialista de Nuevo León, quien participó en un análisis del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Nuevamente el resultado fue que, “muy probablemente”, pudo ser intencional.
Durante la investigación de la CEDH salió a la luz otro trabajo realizado por la Jefatura de Servicios Periciales Zona Tijuana, incluido en la Carpeta de Investigación No. 1, en el que se daba cuenta de diversas diligencias y concluía lo siguiente:
“De acuerdo al análisis por Cromatografía de Gases con detector de masas, realizado a la muestra que consisten en un frasco de vidrio, obtenida sobre el piso en el área identificada como Almacén de Herramientas…se concluye que sí se detectaron masas moleculares para componentes de gasolina”.
El 23 noviembre del 2015 la PGR respondió a una solicitud de información en la cual señalaba que los resultados de los exámenes periciales ya habían sido entregados a la PGJE de Baja California, información que no había trascendido por la misma dependencia hasta que fue puesta en evidencia.
La Procuradora Perla Ibarra, justificó la falta de información argumentando que los dictámenes habían sido enviados con otro nombre por error, pero que finalmente se encontraban en su poder, pero que faltaba analizarlos con los peritos de la PGR para aclarar algunos aspectos.
Ese discurso lo repitió este el lunes 20 de junio, 6 meses después de que tuviera en su poder los resultados, al ser cuestionada en el marco del primer aniversario de la tragedia.
Hasta el momento la PGJE no ha definido si se trata de un homicidio doloso o culposo. Mientras que los funcionarios de Salud y Desarrollo Social, Sergio Tolento y Ricardo Magaña, fueron “premiados” candidaturas a diputados por su partido, el PAN, con todo y que fueron recomendados por la CEDH. De los funcionarios municipales solo el director de protección civil, César Augusto Flores Valdez, fue destituido de su cargo casi 10 meses después, pero por un tema administrativo.
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