Este 30 de mayo el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis envió un nuevo paquete de reformas y lineamientos de Baja California Sur, este nuevo paquete de reformas de ley en materia de desarrollo social fue enviado al Congreso del Estado y buscan crear una igualdad y respeto de los derechos sociales en lo concerniente a los sudcalifornianos y aquellas personas que decidieron vivir en el estado. Las reformas se dan en la Ley de Desarrollo Social, de asistencia Pública; y de Instituciones de asistencia Privada.
“Una sociedad donde prevalezca la igualdad de oportunidades y el bienestar con mejores ingresos, servicios asistenciales oportunos y apropiados, seguridad alimentaria, disponibilidad de servicios básicos y opciones de desarrollo integral de las personas para todos”, destacó Mendoza Davis.
Con este paquete, dijo el Gobernador, se pretende que el desarrollo sea equitativo en todos los sectores de la población, desde niños y niñas, personas de la tercera edad, con discapacidad, indígenas, adultos mayores, víctimas del delito entre otros. Afirmó que no es solo crear reglamentos que deban ser atendidos, sino que estos beneficien a la población, más que nada, reglas para que las autoridades sean efectivos en sus cargos y la operatividad sea en beneficio de la ciudadanía.
“Apostamos no por más regulación, sino por leyes de calidad que nos permitan atacar, y en lo posible acabar con la desigualdad, leyes de calidad que sean verdaderos eslabones para unir las brechas de desigualdad porque todos tenemos los mismos derechos”, detalló.
Uno de los temas prioritarios, según el Gobernador, es que hay participaciones privadas que buscan apoyar a la población, sin embargo los propios mecanismos y burocracia que actualmente prevalece, les impedía atender las necesidades de la población. Con las reformas que fueron enviadas al Congreso del Estado, se espera que no solo los gobiernos sean quienes atiendan las necesidades, sino todo aquel capital privado que tenga la convicción de ayudar y que ahora tienen las facilidades para apoyar.
“El poder incorporar a todos aquellos particulares que son generosos, que quieren ayudar a los vulnerables a los desprotegidos y que requieren de un marco legal de reconocimiento, para poder tener las herramientas necesarias que le permitan actuar de manera generosa a favor de esa gente, éste es un juego de iniciativas, tres iniciativas de profundo calado social, en donde tanto el sector público como el privado habrán de unir esfuerzos para atender a aquellos que tengan más carencias, mayores vulnerabilidades”, puntualizó.
Precisamente en uno de los sectores que más ha sido vulnerado en sus derechos son los Jornaleros Agrícolas, quienes pertenecen a diversos grupos indígenas, y que llegaron al estado en busca de una vida mejor a través del empleo. El diputado por el Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas apuntó que en Baja California Sur, se estima que “tenemos 103 mil 060 indígenas, entonces representa el 14.5 de la población”, datos recabados a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2015.
“El catálogo de comunidades indígenas, este catálogo es fundamental para realizar inversiones en el estado, si no tenemos este catálogo no podemos, de acuerdo a las reglas de operación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), no podemos hacer inversión”, se espera que para el próximo año se pueda tener inversiones importantes, debido a que este año se perdió y lograr geo-referenciar las comunidades localizadas.
Donde hay un mayor número de indígenas es en el municipio de Los Cabos, adonde llegan a realizar tareas de construcción, de ahí sigue Comondú, Mulegé, La Paz y por último Loreto, lo cual señalan que es vital que también se realicen obras para atender a la población, que en gran parte viven en zonas de riesgo o bien, que carecen a grado de extrema pobreza, “la mayoría, yo podría asegurar que más del 90%” están en condiciones de esta pobreza extrema.
Además de los abusos que han tenido es la nula integración a la población, ya que se les ve como ‘diferentes’, en sus pequeñas comunidades se aprecian necesidades de salud, trabajo, vivienda, alimentación y muchos más servicios de los que carecen.
“Tenemos dos bloques o dos diferentes comunidades, la primera que son las personas que vienen a trabajar a los campos agrícolas que vienen de paso, pero hay una gran cantidad de personas que se han ido quedando, incluso que son fundadores, un ejemplo es El Centenario y Chametla”, lanzó Torres Mejía.
Por su parte Carlos Mendoza hizo un llamado al Congreso Local para que atiendan la solicitud del ejecutivo estatal, pues manifestó que esto más que favorecer a su gobierno, atiende las peticiones y solicitudes de los ciudadanos, para quienes cada vez es más difícil acceder a los apoyos gubernamentales.
En respuesta, diputados de oposición como son de los partidos PRD, Morena, PT y PRI dieron a conocer su inconformidad con dicho paquete de propuestas de reforma realizada por el Gobernador; señalan sobre todo en el aspecto de la participación de Asociaciones Público Privadas (APP), manifiestan que pudiera tratarse de un buen negocio para pocos, un mal negocio para la sociedad, además de que es necesaria una verdadera consulta pública para la aprobación de esta ley de Asociaciones Público Privadas.
“Se requiere una verdadera consulta pública que convoque a expertos asociaciones civiles y empresarios instituciones académicas a los ejidatarios y pequeños propietarios del 80% de la tierra de la entidad, partidos, colegios académicos y demás interesados en el tema solicitamos a la presidenta de la junta de gobierno así como la comisión encargada de la dictaminación de la iniciativa de ley de asociaciones público privadas la garantía de que el proceso de dictaminación se tiene de los espacios suficientes para una participación libre rural y efectiva”, expuso Rosa Delia Cota Montaño, diputada Local por el PRD.
