El presidente Enrique Peña Nieto ejerció su facultad de veto para un artículo del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) -aprobado la semana pasada en el Senado de la República- y por el cual se obliga a los particulares, entre ellos a empresarios, que brindan servicios a gobierno a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.
A través del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que el mandatario envió un mensaje, en el cual subraya pedirá a ambas Cámaras legislativas, convocar a un período extraordinario para corregir el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros artículos relacionados a la misma.
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El emisario del Ejecutivo, acompañado del vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez en un video transmitido por internet, señaló que el gobierno ”ha escuchado con atención las voces que argumentan una excesiva e inoperante” regulación en el SNA. A su interpretación, tales medidas inhibirían a los particulares para prestar servicios al gobierno.
Las críticas, dijo Castillejos, ”han señalado un problema real” para la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, atentaría contra los derechos humanos previstos en la Constitución y afectaría la vida privada de muchos mexicanos y extranjeros que trabajan aquí.
Por lo tanto, apuntó, el presidente Peña Nieto propone modificaciones al precepto señalado para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción y para colaborar con el Poder Legislativo le solicita un período extraordinario de sesiones para hacer las correcciones correspondientes.
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Esto, aseguró el funcionario federal, de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a quienes actúen contra las leyes en materia de corrupción.
Dentro de las observaciones del Ejecutivo, no se menciona al artículo 29, el cual encierra la esencia de la Ley3de3, al establecer la obligatoriedad de publicar las declaraciones patrimonial y de interés. Después del paso por las Cámaras de Diputado y de Senados, se estableció que los funcionarios tendrán la facultad de esconder “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
