El jueves 23 de junio de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto le quiso ver la cara a los mexicanos. Ese día por la tarde, sus personeros, Eduardo Sánchez, vocero presidencial, y Humberto Castillejos, jurídico, dieron un “mensaje a medios”, sin medios. Sin periodistas en la sala, y por lo tanto, sin derecho a preguntar. Fueron, pues, en el anuncio que intenta abonarle a la rendición de cuentas y al Sistema Nacional Anticorrupción, muy opacos. Al modo de la casa.
Luego el mensaje. Lo que se anunció como un veto a las leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción terminó siendo un vetito a lo que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, calificaría como la “ocurrencia de madrugada” que tuvieron los senadores del PRI y del PVEM para adicionar al Artículo 32 de dicha Ley, la obligatoriedad por parte de empresas y particulares que “reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia de gobierno, presentar sus declaraciones patrimoniales”.
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No más modificaciones. Sólo retirar esa consigna y las que de ella emanaron.
En el documento original que emitió la Comisión Anticorrupción del Senado de la República que preside el yerno de Manlio Fabio Beltrones Rivera, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México, no se incluyó la máxima publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos. Tampoco se inscribió que empresas y particulares que reciben o ejercen recursos públicos debían presentar declaraciones. Sin embargo, en lo que parece ser una cortina de humo, los senadores afines a Peña la incluyeron para negociar y quedar igual. ¿Me explico?
Va: De inicio estaban ciertos los legisladores del PRI y del Verde que aquello de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios, servidores y electos, no saldría. Ello los obligaría a ser transparentes, a rendir cuentas y, en su defecto, a ser sujetos de investigaciones ministeriales por corrupción. Entonces nada. Con sus votos y los de sus aliados dijeron no a la máxima publicidad para quedar como están, en la opacidad. Todos.
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Sabiendo eso, la madrugada del 14 de junio en la Cámara de Senadores, los aliados de Peña adicionaron al Artículo 32 de la Ley la trastada esa de obligar a empresas y particulares (y a todos los que trabajen en la empresa) a entregar su declaración patrimonial cuando establecieran convenios, contratos, adjudicaciones o proveeduría, con las entidades del Gobierno de la República. Por supuesto que esta adición alertó a muchos y molestó a más. No sólo los legisladores se niegan a hacer públicos los datos que avalen su honestidad financiera y de intereses, sino que pretenden obligar a los particulares a hacerlo, cuando ya la Hacienda Pública se encarga de ello, y de manera puntual.
¿Por qué entrar en esa jugarreta al final del periodo extraordinario de sesiones? Ahora se ve muy fácil. Sabiendo que tanto iniciativa privada como sociedad pediría al Presidente que vetara la Ley que no obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones (Artículo 29), le dieron a Peña una salida a su veto y un punto de negociación con los empresarios.
El mandatario se reunió con los líderes empresariales hace unos días y ahí negociaron el veto a dos artículos, el 29 (modificarlo para hacer públicas las declaraciones de funcionarios) y el 32 (eliminar la presentación de declaraciones por parte de empresas, empresarios, trabajadores y particulares). Pero Peña sólo vetó el 32. Del 29, nada dijeron sus mensajeros.
Después de la derrota, después de los señalamientos de un gobierno a la vista de todos corrupto, después de las denuncias sobre gobernadores, después del caso de la Casa Blanca, después de funcionarios que tienen hijos que trabajan para el gobierno por miles de millones de pesos, después de denuncias de enriquecimiento ilícito, después de un hartazgo social debido a la corrupción gubernamental y la impunidad política, el Presidente no vetó el Artículo 29 para obligar a los servidores públicos a acatar el precepto de máxima publicidad tratándose de sus declaraciones. No. El Presidente le sigue abonando a la transa. Perdió la oportunidad de, a la mitad de su gobierno, pasar a la historia como el mandatario que obligó a los funcionarios, los de hoy y los que vengan, a actuar con transparencia y honestidad en la rendición de cuentas para acabar con la corrupción.
Con el anuncio de su vetito, Peña evidenció el actuar parcial, ventajoso y manipulador de un Poder Ejecutivo en contubernio con un Poder Legislativo, para adicionar, negociar y terminar igual.
Así la obligatoriedad hacia empresas y particulares para presentar su declaración patrimonial cuando sirvan o convengan con el gobierno y por lo tanto con recursos públicos, fue una cortina de humo a favor la opacidad de siempre, hoy oficializada en el sexenio priista.
En su vetito, el Presidente está urgiendo al Congreso de la Unión a tener un periodo extraordinario más para modificar el Artículo 32 y deslindar a las empresas, a todos los que trabajan en las mismas, y a particulares, de presentar la declaración patrimonial, porque -ahora lo sabe- no tendrían la capacidad de analizar millones de declaraciones, y además, solicitarlas atenta contra los derechos humanos y afecta la protección de datos. Bonita cosa. Eso ya se sabía.
Ahora con la venia presidencial, la opacidad, la corrupción y la impunidad política, seguirán imperando en este México harto, cansado de gobiernos como el actual que peligrosamente insiste en prestar oídos sordos a las voces de reclamo de una sociedad indignada.
Pregunta Postdata 1.- ¿Empresarios y sociedad presionarán para obligar a los legisladores en ese periodo extraordinario a modificar el 29?
Pregunta Postdata 2.- ¿Y por qué Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, no salió a defender la máxima publicidad en las declaraciones de funcionarios que senadores y diputados de su partido promovieron?
Pregunta Postdata 3.- ¿Será que el PAN de Anaya ya negoció con el PRI de Peña la opacidad a cambio de resultados electorales?
