Diana Mía tenía cinco años cuando su cuerpo se divisó cerca del fondo lateral de un canal en Mexicali, Baja California. Sus asesinos la habían envuelto en una cortina que después sujetaron con cinta adhesiva gris, y adherido el bulto a un inodoro y a una piedra para que se fuera al fondo del canal y no fuese encontrado.
Originaria de Michoacán, Mía fue víctima de la violencia, la inseguridad, la migración, la descomposición social, la rotura en el tejido social que priva en este País de impunidad. Sus padres se separaron y la madre cayó en el falso encanto de uno radicado en Mexicali. Le quitó la niña al padre, hizo maletas y se trasladó a esta frontera.
Sola, en el desamparo, alejada de su familia, y abandonada por su madre infatuada por un hombre, Mía fue violada. Terriblemente golpeada. De acuerdo a las investigaciones iniciales, en las atrocidades cometidas a la menor, estuvo presente la madre. Diana Mía Campuzano Herrera, era el nombre completo de la menor brutalmente asesinada. Los de sus verdugos, por obra y gracia del nuevo sistema de justicia penal que tiende a la protección de victimarios, no se pueden dar a conocer. Sólo se les refiere por su nombre de pila. Él, Efrén, será acusado por feminicidio y violación impropia. La madre, Diana Esmeralda (Herrara, por la lógica del segundo apellido de la menor ultrajada), será procesada por homicidio agravado por razón de parentesco y violación agravada.
Apenas los bajacalifornianos intentaban digerir la terrible noticia, cuando al Hospital General, también de Mexicali, una niña de ocho meses de edad fue admitida para su atención. Su lánguido, pequeño cuerpo, presenta lesiones producto de una violación. El horror en toda su expresión. La “autoridad” no tarda en dar a conocer el nombre de la menor, y se reservará el de la madre y el padrastro (Se repite el contexto), siendo el segundo el principal sospechoso del aberrante acto. No hay detenidos aún.
Hace algunas semanas en la Ciudad de México fue público el caso del Jardín de niños Montessori Matatena, donde padres de familia denunciaron el abuso sexual del que sus hijos habían sido objeto por parte de un administrador del plantel, Rafael Duarte Pereda, quien luego de ser detenido se le juzgará por la agresión sexual contra tres niños de entre los dos y los cinco años.
A finales de mayo de 2016, también en Baja California, pero en Tijuana, infantes del jardín de niños 3 de mayo de 1953, cedieron ante la vergüenza y el acecho y contaron a sus padres lo que éstos ya comenzaban a alertar. Habían sido víctimas de agresión sexual por parte del “teacher” Gerardo Lugo Cirelol. Los menores contaron después de sufrir en silencio, de los juegos a los que el profesor los sometía y que implicaba despojarse de su vestimenta. A unos se los llevaba al baño, a otros los castigaba si no seguían “las reglas del juego”. Además, que contaba con la complicidad de una profesora que les ayudaba a vestirse una vez terminado “el juego”.
Los padres de familia denunciaron inmediatamente a la “autoridad”, donde iniciaron una investigación solo para retrasarla y permitir que “el teacher” Lugo se diera a la fuga. Actualmente está prófugo.
De acuerdo a la Fundación en Pantalla contra la Violencia Doméstica, unos 4 millones de niños en México son víctimas de maltrato y abuso. Están en permanente situación de riesgo y vulnerabilidad. De los casi 40 millones de niños que residen en nuestro país, eso significa que el 10 por ciento viven en condiciones de peligro y fatalidad.
Un estudio del mismo organismo refiere que en el 90 por ciento de los casos, los padres o uno de ellos es partícipe de la violencia, la agresión sexual o el descuido de los menores. Mayormente, se les juzga por homicidio en razón de parentesco.
De acuerdo a la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), 6 de cada 10 niños en el mundo de entre los 2 y los 14 años de edad, sufre maltrato físico todos los días. Que cada 5 minutos, un niño muere a causa de la violencia, y que tan solo en el 2012, 95 mil niños y adolescentes fueron asesinados.
El Gobierno de México remite la atención de los menores a un organismo sin facultad ni protocolos para la debida atención de la infancia, el DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), institución a cargo de las esposas de los mandatarios en municipio, estado y nación. Esa entidad, con otras “responsabilidades” sociales, no tiene infraestructura para prevenir la violencia infantil, tampoco herramientas para detectarla a tiempo y buscar erradicarla.
En materia ministerial, los casos de abuso sexual, maltrato físico o violencia doméstica sobre menores de edad, tienen destino en Unidades de Delitos Sexuales que atienden a toda clase de víctimas y de cualquier edad. No hay pues, organismos o entidades especializados en la violencia infantil.
Resulta grave ser vil observador de cómo el Estado Mexicano desprotege a quien más apoyo requiere. A los niños. A los pequeños indefensos ante la inseguridad. La violencia sexual contra menores, el maltrato físico hacia los niños, el abuso, la explotación y la desatención de este sector de la población mexicana (casi 40 millones según del censo de Inegi), no tiene fiscalías especializadas para su atención, ni departamentos dirigidos para su protección, la detección a tiempo del maltrato o el abuso para la erradicación de la violencia contra los niños.
En un país como México, dominado por la inseguridad del narcotráfico, del crimen organizado, por la impunidad ministerial y judicial para asesinos, una población adicta en crecimiento, de desigualdad social, económica, el sector más vulnerable es el de la niñez. Quienes han de padecer las consecuencias de esa ausencia en el ejercicio del Estado de Derecho, serán, son, los niños mexicanos.
En la mayoría de los casos de violencia contra infantes, sus padres están separados por falta de oportunidades económicas, de educación, de cultura social, pertenecen a ese también cada vez más amplio sector descompuesto socialmente. Abandonado por el Estado Mexicano, enquistado en la criminalidad o producto de las adicciones. Sin embargo, el Gobierno federal, los Gobiernos en los estados, no destinan un presupuesto específico y programas determinantes para salvar a la niñez. Activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, quienes a incapacidad gubernamental atienden en la medida de sus capacidades atienen el fenómeno, se quejan que incluso la Ley de los Derechos de los Niñas y las Niñas y Adolescentes, es poco precisa cuando no letra muerta. Sin consecuencias para quienes abandonen a un niño, para quienes no lo atiendan, para quienes les quiten el derecho a la escuela a la dignidad, y los vulneren con ello hasta llevarlos al abuso, la explotación y la fatalidad.
Isabel Crowley, representante en México para la Unicef, refirió hace unos días que más de 21 millones de niños y adolescentes en México se encuentran en situación de pobreza. Que los niños mexicanos se siguen viendo afectados por la desigualdad, el ingreso económico en los hogares, su origen étnico, y género. Crowley alertó: 25 millones de niños y adolescentes mexicanos viven en la pobreza. Más de cinco millones en la miseria extrema. Un millón y medio vive con desnutrición crónica.
En estas terribles condiciones de inseguridad producto del narcotráfico, de inseguridad económica resultante de las decisiones del Gobierno Federal mexicano, de inseguridad laborar ante la crisis, y de carestía ante las constantes devaluaciones de la moneda nacional, los más vulnerados son los niños. Se viene un nuevo recorte en el presupuesto federal, y ello podría también afectar el desarrollo de la niñez al suprimirse programas sociales y de oportunidades. De suyo la educación es deficiente en nuestro país, y no sólo por causa de ciertos maestros, acaso más por un Gobierno insensible, indolente, que no activa políticas públicas a largo plazo para beneficio, protección, educación y cuidado de la niñez.
En México, los gobernantes están acostumbrados a activar programas de ornato, a corto plazo, que les permita develar una placa o llevarse los momentáneos aplausos, y reconstruir el tejido social no se logra ni en tres ni en seis años. De ahí la política negligente en el combate y la prevención de la violencia infantil.
Contexto que nos obliga a ser testigos de la otra inseguridad. La inseguridad de los desvalidos envueltos en el horror de una violencia que amenaza su futuro y el de México por igual.
