El magistrado del Tribunal Superior de Justicia local, Carlos Cataño, presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de inhabilitarlo por diez años a partir del 17 de mayo de este 2016.
En una investigación del Consejo de la Judicatura Federal en los juzgados federales de Baja California, relativa al ilegal otorgamiento de amparos a empresas que, aprovechando ese resquicio legal, estuvieron importando miles de autos usados por Baja California y Sonora
“No tengo nada que ver con todo esto”, sostuvo Cataño, refiriendo que el periodo que pretenden involucrarlo se circunscribe a un pequeño lapso que estuvo a cargo, pero que los documentos que firmó procedían de “criterios que ya venían de juzgado”.
En general los investigadores detectaron irregularidades en la admisión y resolución de 15 amparos relacionados con la importación de autos provenientes de Estados Unidos y que fueron cruzados por las aduanas de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
La investigación, iniciada en el 2011 por la instancia federal, significó la suspensión temporal del cargo de un Magistrado de Circuito, un Juez Federal y cinco Secretarios de Juzgado. Se trató del magistrado Juan Manuel Serratos –quien ya había sido movido a La Paz, Baja California Sur y José André Nalda, quien fungió como titular del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mexicali, y posteriormente fue enviado como titular al Juzgado X en Guerrero.
Entre los cinco Secretarios de Juzgado incluidos en esa lista de suspensiones se encuentra Carlos Cataño González, quien en diciembre del 2011 fue designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. Los secretarios fueron acusados de incurrir en “notoria ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones”.
En noviembre del 2014 todos los señalados fueron dados de baja y en mayo de 2016 la Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación por diez años.
El ahora magistrado Carlos Cataño consideró que se trata de una sanción injusta e informó que en mayo de este año presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional.
Desde su punto de vista la inhabilitación es solo para cargos federales, por lo que la decisión del Consejo de la Judicatura no afecta su desempeño de juzgador al interior de Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Explicó que uno de los puntos sustanciales en que basan el señalamiento en su contra es por no haber “motivado” en término de dos criterios, el 81/2002 que tiene que ver con el perjuicio que se puede seguir al interés social y el otro es en razón de la 2004/2009.
En base a eso, explica Cataño, lo acusaron de no atenerse a la obligatoriedad de la aplicación de criterios jurisprudenciales; a la par, y de manera contradictoria, expone, también lo señalan por haber “motivado dogmáticamente”. Aclaró que, a la hora de individualizar sanciones no se acreditó que lucró, benefició, o causó perjuicio.
