La señora Patrocinia Olguín señala que el Juzgado Segundo de lo Civil de Ensenada, practicó en su contra un desalojo irregular, al no presentar un mandamiento escrito que fundara y motivara la acción.
Explicó que el señor Alberto Casas Torres le cedió los derechos del predio del cual fue despojada, tomando posesión del mismo en diciembre de 2008; en el Juzgado Segundo de lo Civil que ordenó su desalojo, Patrocinia inició en mayo de 2014 un juicio de prescripción positiva, el cual continúa en su etapa probatoria.
Respecto a la expulsión de que fue objeto, la quejosa detalló que el 24 de mayo de 2016, el actuario Joel Abarca se presentó en su casa, acompañado de Domitila Preciado Prado -demandada de Olguín en el juicio de prescripción-, para notificar del desalojo; sin embargo, el escrito que presentó no iba dirigido ni contra Olguín, ni contra ninguna otra de las personas que viven en el domicilio, sino que iba dirigido a Casas Torres.
Según Patrocinia Olguín, cuando exigió al actuario mostrar un documento dirigido hacia su persona, éste le contestó que lo que él traía era “verbal”, que traía “instrucciones de la Juez Segundo Civil de sacarnos a nosotros”.
La quejosa afirma que por parte del actuario hubo titubeo cuando le informó de que el predio se encontraba sujeto a proceso dentro del mismo Juzgado, pero que de igual manera practicó el desalojo por la presión ejercida por Preciado. Olguín reitera que antes del desalojo desconocía del otro juicio promovido por Preciado.
Domitila Preciado sabe que la quejosa ha vivido en la propiedad desde hace ocho años, de acuerdo con la prueba confesional practicada durante el juicio de prescripción, situación con la que nunca pareció inconformarse, debido a que nunca la demandó.
ZETA intentó establecer contacto con el actuario involucrado en el desalojo denunciado por Olguín, sin lograr localizarlo en su fuente de trabajo.
