Un grupo de los fraudados por la Caja Magisterial Asoma interpusieron ante la subdelegación de la Procuraduría General de la República en Mexicali, un documento donde piden la destitución del Delegado de esa dependencia en Baja California, Pedro Jesús Torres, al que acusan de “abulia, opacidad, impunidad, desatención, negligencia y apatía en la Ejecución de diligencias de investigación”.
Concretamente se refieren al fraude que fueron objeto 128 personas por parte de la Caja Magisterial Asoma, que en conjunto suma cerca de 100 millones de pesos.
De acuerdo al abogado del grupo, Rosendo Cervantes, desde abril del año pasado el Ministerio Público del Fuero Común desglosó una parte de la investigación por los delitos federales y se remitió parte de la indagación a la Subdelegación de la PGR en Mexicali.
Se trata de posibles delitos paralelos a las actividades financieras como son captación, préstamo y posible operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.
Y es que a la par todo este grupo interpuso una serie de demandas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de los directivos de la Caja Asoma que encabezaba el ex líder magisterial de la Sección 2 del SNTE José Peñuelas.
En el caso del Fuero Común ya hay un juicio en proceso en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y dentro del procedimiento judicial se realizó una auditoría contable a la Caja Magisterial Asoma, también hay cuentas y bienes embargados a los integrantes de la directiva de la Caja.
El abogado Cervantes explicó que a partir de abril del 2015 han estado ratificando la denuncia, pero la entonces subdelegada les aseguró que se integraría la investigación, pero a la fecha consideran que no hay avance. También solicitaron una entrevista con el Delegado Pedro Jesús Torres, quien los citó en Tijuana el pasado 29 de enero, pero nunca los recibió.
Motivo por el que solicitan su destitución y a la par requieren una audiencia con la Procuradora General de la República, Arely Gómez, para plantearle directamente de lo que consideran omisiones y negligencia de parte de los funcionarios mencionados.
“Buscamos que se tomen las medidas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y para que se castigue a los culpables”, expusieron en un documento en alusión a las peticiones del grupo, la mayoría jubilados del magisterio.
La tercera petición tiene que ver con el necesario informe a los afectados del estado que guarda la investigación y las diligencias realizadas.
“Las autoridades insisten que hay que presentar las denuncias, pero viene uno como ciudadano a presentar una denuncia de hechos y resulta que no vemos acción, uno se desilusiona de las autoridades”, expone por otra parte uno de los fraudados, el profesor Pedro Ambario, quien cometa que al menos cuatro de los demandantes han fallecido en el proceso, y uno más se encuentra delicado de salud sin que hasta el momento y después de tres años de las primeras demandas, hayan logrado recuperar su dinero invertido en la Caja.
