Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Baja California y ahora candidato a diputado por el PRI del IX Distrito Local, habría obtenido beneficio económico de la indebida administración de la sucesión testamentaria a bienes de Tomás Corona Vázquez.
Quienes integran la sucesión testamentaria radicada bajo el número de expediente 655/2011, denuncian en la averiguación previa 1770/15/211, que el indiciado Fernando Rodolfo Corona Flores en su calidad de albacea, habría realizado pagos a personas ajenas a la sucesión a manera de “reparto provisional de productos” indebida e ilícitamente, siendo uno de los beneficiados el candidato.
Dicha actuación encuadraría con el tipo penal de administración fraudulenta en el art. 222 del Código Penal para el Estado de Baja California, incurriendo en dicho delito quien “teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, con engaño o aprovechamiento del error del ofendido perjudique a su titular o a un tercero con legítimo interés o altere en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o prestaciones o exagerando las que hubiere hecho, ocultando o reteniendo bienes, o empleare abusivamente los bienes o la firma que se le hubieren confiado.”
Candidato prefiere callar por ser un caso familiar
Como albacea, Corona Flores tuvo acceso como único autorizado a las cuentas bancarias 83-50072298-8, 60-54838015-0 y 83-50032938-0, cuentas a nombre de la sucesión testamentaria, emitiendo cheques “hasta terminar los fondos de las mismas”, a favor de “sus familiares cercanos, hermanos y sobrinos” e incluso a su nombre, esto entre abril de 2013 y enero de 2014, cuando fue revocado del cargo.
Más de 200 fueron los cheques girados a favor de María Deida, Emilia, Elda Angélica, José Ángel, Jorge Lorenzo, Octavio y el indiciado Fernando Rodolfo, todos con los apellidos Corona Flores, Luis Ernesto Corona Rodríguez, Salvador Ramos Corona, Juan Jesús Romero Aragón, Laura Tamés León, Corona García y Asociados, de la misma sucesión testamentaria, de Javier Conde de la Vega, Alfredo Alonso Jiménez Núñez, Corona Servicios Administrativos, entre otros, denuncian los herederos.
El indiciado habría emitido cheques a su nombre hasta la suma de 91 mil 642 dólares y 866 mil 705 pesos, mientras que el candidato habría obtenido un beneficio económico –mientras desempeñaba una delegación del gobierno federal– por 159 mil 292 dólares y 791 mil 270. 67 pesos, tan solo entre estos dos beneficiados.
En total, lo sustraído asciende a 5 millones 974 mil 013 pesos y 928 mil 386 dólares.
El delito de administración fraudulenta se castiga de 4 a 9 años de prisión, que no solo podrían corresponder al indiciado sino a cada uno de quienes de manera dolosa se apropiaron de sumas de dinero que les eran ajenas, afirman los denunciantes.
“Es un tema de la familia, más no puedo decirte”, declaró el candidato priista a ZETA, quien dijo la controversia en cuanto a dicha sucesión testamentaria la resolverían los tribunales.
