En una polémica iniciativa de Ley,
el edil del PRD, PT y Movimiento
Ciudadano, Samir Savín Ruiz,
solicitó la creación de la Comisión
de Comunicación Social en el XII
Ayuntamiento de Los Cabos, a fin
de transparentar el gasto en medios
de comunicación
El regidor de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano en el XII Ayuntamiento de Los Cabos, Samir Savín Ruiz, se ve decidido a destapar públicamente el gasto en los medios de comunicación.
Ni ataques en columnas, ni señalamientos en notas o reportajes mediáticos difundidos principalmente en blogs de noticias y redes sociales, aparentemente lo hacen retroceder en su intención de promover la creación de la Comisión de Comunicación Social en el Cabildo del alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante.
El VIII regidor cabeño presentó formalmente el 22 de abril, la iniciativa de Ley en un formato de debate, realizado en la ciudad de La Paz, la cual ha puesto en “jaque” a los medios de comunicación sudcalifornianos, ya que entre otras cosas, va encaminada a transparentar y hacer eficiente el gasto público en esta materia.
En el evento únicamente estuvieron presentes algunos internautas, corresponsales y columnistas:
* Cuauhtémoc Morgan Hernández, director del blog Colectivo Pericue.
* Pedro Juárez Mejía, corresponsal de Milenio y Excélsior.
* Max Rodríguez Palacios, director del blog Quinto Poder y ex corresponsal del desaparecido periódico El Heraldo y de Cadena Raza.
* Juan Carlos Méndez Ramírez, autor de la columna “La Arenga”.
En su primera intervención, el regidor confirmó la presentación oficial de la propuesta para crear la Comisión de Comunicación Social, la cual “está en análisis y discusión todavía”, en virtud de que el alcalde tiene la facultad constitucional de revisar la viabilidad y valorar los nombres de los regidores que deberían integrarla.
Savín agregó que el proyecto ya pasó el primer filtro, que fue aprobar por unanimidad de votos de sus compañeros que la Iniciativa de Ley sea analizada y revisada, y de ser factible, ser creada y nombrar a los regidores que estarían conformando la Comisión de Comunicación Social.
El Regidor de Los Cabos, Samir Savin Ruiz, puso el dedo en la llaga
Durante el evento, Samir Savín Ruiz expuso que el espíritu de la iniciativa de Ley, que no existe en ningún Cabildo de Baja California Sur, pero sí en otros cuerpos edilicios del país, es elaborar un programa operativo anual del gasto público en materia de medios de comunicación, la cual es facultad del alcalde: supervisar la ejecución de planes, programas, y sobre todo, cómo y de qué manera se gasta el dinero autorizado en el seno del Cabildo.
El edil comentó que el presupuesto de la Dirección de Comunicación Social debe ejercerse de la manera más transparente posible y apegado al programa operativo anual, el cual debe estar sujeto a todos los lineamientos de fiscalización.
De tal manera que el nuevo parámetro de la contratación de servicios de cualquier medio de comunicación, a partir de la aprobación de la controvertida comisión, deberá estar sujeta primero a ver si son o no medios formales legalmente establecidos y cumplen con todos los requisitos de Ley, como es estar registrados fiscalmente, contar con una oficina, pagar impuestos y derechos laborales de los trabajadores, y sobre todo, tomar muy en cuenta el número de audiencia de cada medio, no importando la línea editorial, a fin de determinar el monto del contrato de cada uno en iguala o convenio y en publicidad.
“Mi iniciativa no es ir en contra de los medios, sino por el contrario, ser lo más transparente posibles en el ejercicio de los egresos y ser más justo en la retribución de los servicios por ese pago que se hace”, justificó el regidor.
Con base en la propuesta, la verdadera polémica del tema es la intención de “comunicar a la sociedad de manera transparente, de manera real, cuánto y por qué se les paga a los medios de comunicación”, es decir, dar a conocer públicamente la lista de reporteros y medios de comunicación, el monto que cobran, así como el concepto de manera detallada.
“No podemos tener un ayuntamiento que está contratando servicios de comunicación social, y a su vez, los servicios de esas empresas sean utilizados para denostar a funcionarios o propiamente el trabajo edilicio realizado, sino debe ir aparejado con una mediática labor que realmente informe a la sociedad, y pueda verse el trabajo que un ayuntamiento realiza en todo su contexto, incluido el de los trece regidores que conforman el Cabildo y presentan iniciativas y dictámenes en diversas materias, y darlo a conocer a la sociedad de manera veraz y oportuna”, comentó.
EL DEBATE
En la mesa de diálogo, el corresponsal de Milenio y Excélsior, Pedro Juárez Mejía, fue el primero en responder y coincidió que el XII Ayuntamiento de Los Cabos debe informar públicamente a la sociedad el nombre de los reporteros y los montos que actualmente están cobrando, y por concepto de qué.
Sin embargo, dudó que la iniciativa de Ley pueda prosperar en manos del presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante: “Yo creo que no le conviene, porque por principio de cuentas, una cosa es contratar medios de comunicación que puedan difundir sus actividades gubernamentales, y otra muy diferente, contratar gatilleros que le peguen a los compañeros o determinadas personas para denostar en contra de sus adversarios”.
El término gatilleros encendió los ánimos en la mesa de diálogo, “No sé si te consta”, inquirió el director de Colectivo Pericue, Cuauhtémoc Morgan Hernández, quien fue interrumpido por el reportero policiaco Max Rodríguez cuando pretendió arrebatar la palabra y cuestionar la utilización del término en alusión.
“Es una manera metafórica de referirme a los periodistas que les pagan para denostar a este o aquel funcionario, es como decir, los mercenarios de la pluma o gatilleros periodísticos. Pero a lo que voy, es que yo no estoy de acuerdo a que los gobiernos de cualquier nivel contraten este tipo de personas que ejercen esas funciones”, señaló.
Arturo de la Rosa Escalante. En sus manos, la deision de transparentar o mantener la discrecionalidad en el gasto de Comunicacion Social.
El reportero reconoció que las compañías periodísticas tienen que generar ingresos como cualquier empresa por concepto de la venta de publicidad, pero “estoy en contra de personas chantajistas que se meten a los medios de información para sacar provecho personal”, por lo que se pronunció por la creación de la Comisión de Comunicación Social en todos los ayuntamientos.
Enseguida, el reportero policiaco Max Rodríguez, expuso: “Yo siempre he sido crítico de los gobiernos, llámese PRI, PAN o PRD, y ninguno me ha pagado y a ninguno he chantajeado. Ninguno me da y yo tampoco le doy, salvo cuando contratan publicidad”, para agregar que “nos llaman chayoteros porque dicen que nos dan dinero para callar, pero no es así; nos pagan para difundir las actividades gubernamentales, solamente, y eso es muy diferente a ser un gatillero”.
El tercero en entrar al quite fue el columnista Juan Carlos Méndez Ramírez, quien se pronunció de acuerdo en que se publiquen los nombres y montos pagados a reporteros y medios por el XII Ayuntamiento de Los Cabos.
“Pero el comportamiento de un funcionario no tiene por qué estar sujeto a control o ponerse un bozal a quien ejerce un oficio en los medios de comunicación, por el simple hecho de recibir un contrato y cuya libertad no es exclusiva de los periodistas, sino es un derecho conquistado por la propia sociedad”, citó, e hizo un llamado a revisar detalladamente la iniciativa, porque -según percibió- “en Los Cabos, nos quieren poner la ‘Ley Mordaza’, porque de hoy en adelante no se podrá criticar a ningún funcionario, si eres uno de los beneficiarios de algún contrato, a pesar de que hay muchos temas que son de interés público, es decir, si un funcionario comete un error, nos van a decir ‘no lo puedes denostar porque tienes un contrato’”.
Méndez fue secundado por el reportero Max Rodríguez, quien incluso, argumentó que “esa iniciativa creo que va a dar pauta para que de ahora en adelante se exhiba a los comunicadores, y entonces, no puede ser posible contratar a alguien para callarlo”.
El regidor del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, respondió que “así como los reporteros piden respeto, yo también yo a pedir que sean profesionales y lo que publican, o lo que digan o escriban, sea demostrado”, declaró Savín Ruiz, para luego cuestionar de manera directa al autor de la columna “La Arenga”, Juan Carlos Méndez Ramírez:
“Yo le preguntó a usted, en sus notas, cuando ha exhibido durante esta administración el mal desempeño de un funcionario panista, ¿realmente usted en sus notas ha actuado con profesionalismo y ética?”.
Y enseguida lanzó otra pregunta al reportero policiaco Max Rodríguez: “Cuando se presta un servicio, ¿hay un compromiso de responsabilidad y se está pagando por ello? Cuando se contrata un servicio, ¿se tiene que hacer lo que se contrata?”, a lo que contestó: “El término gatilleros lo veo bien aplicado, porque se ha utilizado a la prensa de manera discreta, dando instrucciones para denostar a quienes podemos ser de oposición por tratar de lograr un beneficio para la sociedad y se silencia la voz quienes hacemos labores en beneficio de la comunidad, y con un simple pago ustedes mismos han cedido y han aplicado la ‘Ley Mordaza’”.
Lo anterior desató un debate que terminó con el comentario del regidor perredista: “Las críticas de los periodistas son muy válidas, pero no utilizando el dinero del erario público para denostar a los servidores públicos de oposición y que estamos haciendo las cosas bien; parece que estamos condenados a ser denostados de esa manera”.
EL ORIGEN
La polémica propuesta por el regidor del PRD, Samir Savín Ruíz, surge justamente bajo tres ríspidos escenarios, según datos recabados por ZETA.
La primera lista de reporteros y medios de comunicación de La Paz, filtrada presuntamente por comunicadores de Los Cabos.
El primero por la queja de reporteros de Los Cabos, en virtud de una supuesta discriminación en el pago de igualas o convenios, y la asignación de contratos de publicidad para medios de comunicación locales.
El segundo es una campaña mediática de desprestigio en contra del regidor del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, cuyo único pecado fue promover la Comisión de Comunicación Social, sobre todo de blogs de noticias y redes sociales.
El tercero, y quizá más importante, es la filtración -en las últimas semanas- de una lista de 46 reporteros que figuran en nómina gubernamental cabeña y viven en La Paz. Los montos de los convenios -según documentos en poder de este Semanario- van de 5 mil a 25 mil pesos mensuales por concepto de cobertura informativa del XII Ayuntamiento de Los Cabos, y de acuerdo con reporteros cabeños, únicamente llegan a depredar el presupuesto de la Dirección de Comunicación Social, pagando dadivosamente no sólo los convenios, sino consumos en restaurantes y hoteles.
En las listas filtradas aparecen reporteros y medios de comunicación, pero mayormente internautas de Facebook y YouTube, así como revistas de circulación muy limitada.
