En una conferencia de prensa realizada la tarde de este martes 31 de mayo, el dirigente del PRI en Tijuana, Jorge Alberto Tsutsumi, y el delegado especial del CEN tricolor en el Estado, Rogelio Rueda, denunciaron la existencia del llamado “Cártel del PAN”.
Nombre que dieron a la supuesta aorganización compuesta por funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado enfocada a la compra de votos del electorado tijuanense a favor de los abanderados blanquiazules en el presente proceso electoral.
Es, a decir de los priistas, el propio Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, la cabeza de la organización orientada a la comisión de crímenes electorales, seguido en el organigrama por la Oficial Mayor del Estado, Loreto Quintero y por el hijo del candidato blanquiazul en Tijuana, Juan Manuel Gastélum.
De acuerdo a una investigación hecha por el PRI, el Gobierno de Ni lo Vega opera en dos vertientes. La primera enfocada al uso de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) para entregar despensas a cambio de los sufragios del próximo 5 de junio, para ello, estarían “comisionados”, Arnulfo Guerrero, primer regidor en la planilla de Gastélum y ex Subsecretario de Desarrollo Social en Tijuana, así como Luis Bustamante, actual Subsecretario, y Luis Pérez, ex delegado municipal en San Antonio de los Buenos.
Según el tricolor, la otra línea estaría especializada en desviar recursos del Gobierno del Estado para la compra de votos, dirigida por el Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Sotomayor, seguido del Subsecretario de Gobierno en Tijuana, Enrique Méndez y por el delegado de la Oficialía Mayor en la ciudad, Manuel González Reyes.
Tsutsumi informó que debido a la supuesta compra de votos con despensas, por parte del suplente del candidato del PAN en el Distrito 16, Salvador “El Chon” Lujano, Saúl Márquez Rubio, el PRI solicitó al Instituto Estatal Electoral (IEE) que abra un Procedimiento Especial Sancionador para investigar el caso, el cual está sustentado en una serie de fotografías y vídeos que muestran la entrega de las despensas en el Ejido Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad.
En ese sentido, solicitan a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que atraigan el caso.
Cabe destacar que también fue presentada una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que ésta emita una averiguación previa, ya que, el Código Penal de Baja California incluye un apartado para delitos electorales.
