Durante la actual administración se han presentado alrededor de 3 mil denuncias contra agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; tan sólo en 2016, la CEDH ha registrado 45 quejas contra la corporación
Por abuso de autoridad, hostigamiento, secuestros y hasta por homicidios, se han generado más de 3 mil quejas ante Sindicatura Municipal, contra agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, corporación que se encuentra nuevamente en proceso de conseguir la acreditación CALEA.
Uno de los incidentes “públicos” más recientes ocurrió el sábado 16 de abril, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal supuestamente golpearon a un menor de 14 años, le apuntaron con una pistola en las costillas y lo amenazaron con sembrarle droga por haber grabado cuando los agentes llegaron a atender un incidente familiar de manera prepotente.
La denuncia la presentó la señora Areli Guzmán Vázquez al día siguiente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusando a dos agentes municipales.
Ese mismo día expuso ante ZETA que fue ella quien llamó al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) para reportar un caso de violencia intrafamiliar; reconoció que había bebido, por lo que tuvo un incidente con su esposo, en eso llegaron los agentes de las unidades 1205 y 2016 de la Policía Municipal.
Guzmán señala que desde que llegaron, el actuar de los agentes fue prepotente, por lo que su hijo de 14 años decidió grabar un empujón propinado a una de sus hermanas, por esa razón los municipales se molestaron y lo subieron a la patrulla.
Agresion viral de policias mexicalenses
Antes de ello, los oficiales se habían retirado del lugar, fue mientras Areli Guzmán acudió con una vecina que los municipales volvieron y detuvieron al menor, en cuya narración señala lo amenazaron de muerte.
Primero lo llevaron a la caseta ubicada en la colonia Hidalgo, de ahí lo trasladaron a un baldío donde le quitaron la memoria del celular, lo golpearon y lo llevaron a la comandancia por faltarle al respeto a los agentes.
Guzmán dijo que en ese mismo momento denunció ante Sindicatura Municipal, por lo que le presentaron las fotografías de los policías, ahí reconoció a los de nombre José Roberto Ávila Corrales y Reynaldo García Robles, por lo que presentó la denuncia por lesiones y abuso de autoridad bajo el Número Único de Caso (NUC) 02-02-2016.
Por su parte, el agente José Roberto accedió a hablar con ZETA. Negó que los hechos hubieran ocurrido como los describió la ofendida, e indicó que el incidente se presentó a las 2:00 am, cuando acudieron al domicilio de Guzmán Vázquez, quien tenía aliento alcohólico.
“Se encontraba con bastante olor a alcohol, estaba un poco tomada y la señora nos exigía y preguntaba de una u otra forma que le explicáramos por qué su esposo se escondía en su domicilio, esa pregunta nos la hizo como unas veinte veces” explicó el agente.
Agregó que por el comportamiento de la señora decidieron entrevistarse con su hijo mayor de edad, de nombre Alejandro, quien les informó que cuando ella bebía, golpeaba a su papá, por lo que éste se escondía, comentarios que fueron reprochados por la madre de familia.
Según relata el agente municipal, la hermana menor, de nombre Ingrid, se molestó al ver que los policías no actuaban, por lo que, con lenguaje altisonante, les pidió se retiraran.
Al ver la situación, decidieron irse del lugar, sin embargo, a los pocos minutos volvieron, fue cuando salió el menor y los empezó a insultar, por lo que fue detenido por faltar al respeto a la autoridad.
Indicó que en ningún momento golpearon al menor y que las cortadas que presentaba fueron hechas por él mismo con una base para una veladora, habría informado a una compañera en la comandancia de Policía.
VIDEOGRABADO
Éste es uno de los miles de incidentes policiacos, muchos de los cuales, sin pruebas, quedan en el olvido; sin embargo, aun cuando hay evidencia pareciera que no hay una acción disciplinaria contra los agentes, incluso cuando sean video grabados.
Testigos agredidos por municipales
A principios de marzo se filtró a la red social Facebook un video donde una mujer, que posteriormente fue identificada como María Belén “N”, de 24 años de edad, fue víctima de una agresión por parte de policías municipales cuando intentaban detenerla.
En el video que subió el usuario identificado como Geogindard Guerrero, el cual supera las 250 mil visitas, se aprecia cómo los agentes municipales jalonean del cabello a la joven para detenerla. El autor del video afirmó en la descripción: “Abuso de autoridad por parte del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tripulantes de la patrulla 260, agreden físicamente a una ciudadana enfrente del hijo de ella”.
Posteriormente, el 12 de abril, la DSPM presumió la detención de la joven, incluso compartió una imagen de la mujer llorando, los agentes policiacos la habían detenido y presumido como una detención relevante, luego que tras un altercado, la joven quebró una mica de un vehículo en un incidente de tránsito.
El incidente fue catalogado por la autoridad como una justificación, debido al mal comportamiento de la mujer. Sindicatura Municipal se encuentra en investigación para sancionar a los agentes que intervinieron en la detención.
HOMICIDIO
Otros incidentes más graves tienen que ver con homicidios y secuestros en los que han involucrado a agentes municipales del Valle de Mexicali, y que hasta el momento se encuentran impunes.
No fue hasta que una serie de publicaciones de ZETA salieron a luz, que se abrió una investigación en la PGJE, donde familiares de Antonio Cervantes Muñiz “El Toñín”, acusan a agentes de la DSPM del Ejido Oviedo Mota de ejecutarlo, luego de que se había rendido para su detención.
La madre de Antonio, Irene Muñoz, denunció que luego del homicidio de su hijo, ocurrido el lunes 30 de noviembre de 2015, los agentes de la Policía Municipal mantienen una fuerte represión contra los testigos, quienes los acusan de perpetrar una ejecución.
Señaló que hasta el 27 de abril de 2016, la PGJE no les ha dado explicación ni avance alguno sobre los exámenes y peritajes que se hicieron en el homicidio de “El Toñín”.
“Nada nos han dicho, quedaron de que iban a venir a agarrar las declaraciones de los testigos, nosotros nada más llevamos a dos, que fue mi nuera y otro testigo, pero los demás quedaron en que iban a venir (al Ejido), pero la verdad los trataron muy mal”, afirmó la mujer.
Para Irene Muñoz no hay duda que el incidente es un homicidio por parte de los agentes municipales, quienes días previos al ataque, ya habían amenazado de muerte a Antonio.
Alejandro Monreal Noriega
Indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la que más seriedad tomó en el asunto, pero que la misma dependencia ha encontrado negativas por parte de la PGJE para facilitarle información del caso.
La entrevistada aseguró que ha existido una persecución policial contra los testigos del homicidio de su hijo, incluso uno de ellos, Manaure Haro Padilla -entrevistado en su momento por ZETA-, quien es clave para esclarecer los hechos, expuso que los agentes lo amenazaron de cargarle droga si decía algo, posteriormente fue detenido por esos mismos cargos y actualmente se encuentra en el Centro de Readaptación Social de Mexicali.
“Les han puesto la pistola, les han dicho que si siguen con el caso del ‘Toño’ los van a desaparecer, que se los van a llevar al río”, afirmó Irene Muñoz al cuestionarle por los otros testigos.
SINDICATURA SIN RECURSOS
El síndico procurador Humberto Zúñiga informó que durante dos años, la dependencia a su cargo no pudo trabajar por falta de recursos, por lo que se encuentran a marchas forzadas para no dejar pendientes a la próxima administración.
Señaló que de las cerca de 3 mil denuncias que se han presentado, 900 quedaron fuera por falta de elementos y hasta el momento solo 10 agentes han sido dados de baja.
“Nosotros presentamos las denuncias cuando tienen que ser penales, y la autoridad no hace nada, o resulta que al último quieren que les pidamos disculpas a los inculpados; definitivamente aquí el elemento que falta, es una ciudadanía más activa”, consideró el servidor público.
De acuerdo con Zúñiga, durante dos años luchó porque se implementara una Comisión de Honor y Justicia para sancionar a policías que no estuvieran haciendo su trabajo, además, que otro de los inconveniente fue el pésimo reglamento de Policía, por lo que se perdió mucho tiempo durante la actual administración.
Para el síndico es necesario cuestionar lo que está pasando en las corporaciones policiacas, y criticó la falta de autonomía presupuestaría con que cuenta la dependencia encargada de fiscalizar al Ayuntamiento.
En el caso de los agentes que quedaron libres tras ser acusados de secuestro, dijo que fueron suspendidos por Sindicatura, pero hasta ahí llegan sus facultades como órgano de control interno.
En el caso de los otros incidentes como el de la joven agredida por policías municipales, aún se encuentra en investigación y no hay avances en el tema, al igual que en el caso del menor de 14 años que fue amenazado por policías municipales.
Por último, Zúñiga declaró que alrededor de 650 expedientes se encuentran en proceso para enviar a la Comisión de Honor y Justicia, y 60 están por concluir.
