La Procuraduría General de la República (PGR) presentará evidencias que prueben la responsabilidad de los tres militares absueltos ayer, para que estos sean “reaprehendidos y formalmente procesados”.
A través de un comunicado la PGR informó que si bien dicha resolución judicial no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación, la dependencia “solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes”.
“La Procuraduría General de la República, actuará con absoluto respeto a la división de poderes y a la independencia judicial, en estricto cumplimiento a las facultades que la ley le señala”.
Un Tribunal federal absolvió y dictó libertad la madrugada de hoy para tres militares presos por el caso Tlatlaya, quienes eran los últimos detenidos por la muerte de 22 civiles.
Los tres elementos del Ejército Mexicano habían sido encarcelados por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo. Los militares habrían participado en la masacre perpetrada en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio de 2014.
El magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Adalid Ambriz Landa, determinó que no hay pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos por los que fueron apresados, según lo dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR).
Con este fallo los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides abandonarán en las próximas horas prisión del Campo Militar Número 1-A.
“La resolución judicial (Toca Penal 247/2015) emitida en esta fecha, desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad (de los militares) en los hechos referidos”, detalló la Procuraduría.
La PGR precisó que conforme al marco legal vigente, acató esta resolución judicial. Aunque, destacó, “el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.
Los militares habrían participado en el operativo registrado en la comunidad de San Pedro Limón, donde 22 civiles perdieron la vida dentro de una bodega.
La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.
El Gobernador de Eruviel Ávila ordenó clasificar como reservada la información del caso durante 9 años, apenas se dio a conocer que había sospechas, ahora confirmadas, de que hubo ejecuciones extrajudiciales.
Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, así como el Procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, informaron que los combates armados entre civiles y militares duraron entre ocho y diez minutos.
Posteriormente integrantes del batallón 102 ingresaron a la bodega donde se escondían los presuntos criminales y “realizaron una secuencia de disparos que no tiene justificación alguna”.
En agosto del 2014 se dio a conocer que el juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete soldados, vinculados con la muerte de 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya.
El Juez militar con sede en el Campo Militar 1 determinó que existían pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes.
Dos meses después, un juzgado federal concedió la libertad a los primeros cinco elementos castrenses.
