“No estamos -en Acción Nacional- para cercar y defender nuestro huertito, ni para redondear una capilla exclusivista de vanidades, ni por la jactancia de creernos capaces. Estamos para extender de nuevo la invitación cordial y exigente, sólo cerrada para los simuladores y logreros”.- Manuel Gómez Morín en asamblea del Partido Acción Nacional (PAN) el 11 de septiembre de 1944 (tomado de columna de Elvira Luna de octubre 2015)
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A partir de abril de 2015, la incidencia en el tema de homicidios se detonó en Tijuana, trece meses han pasado y no la han podido controlar, de hecho, ante la impunidad el fenómeno se está extendiendo, incrementando las estadísticas mortales de Tecate y Rosarito.
Sin embargo, cuando encabeza las reuniones del Grupo Coordinación, boletín tras boletín el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, insiste “…que con el trabajo conjunto que se realiza entre las corporaciones policiacas de la entidad (…) se ha logrado fortalecer la seguridad”.
Pero sus meras palabras no quitan a Baja California ni a Tijuana de los primeros lugares de inseguridad en el país, de hecho delitos que ya estaban “controlados a la baja” en el Estado, como el robo de vehículo, están detonando en esta entidad norteña, como ya lo observó el pasado mes de abril en el ámbito nacional, la organización Semáforo Delictivo, cuyo titular agregó que el mencionado crimen era también “…un indicador de corrupción”, por ser un delito rentable.
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Luego resulta que hablando de corrupción, el Estado que gobierna el licenciado Vega tampoco tiene resultados positivos que aportar. En la recién publicitada Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) ubican a los bajacalifornianos como unos de los mexicanos más victimizados en ese rubro.
La tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en BC, es de 24.4, y de acuerdo a estos números, los habitantes de 17 entidades federativas, incluidos algunos tan conflictivos como Veracruz, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, enfrentan menos actos de corrupción de sus respectivos gobiernos, en comparación con los bajacalifornianos.
Localmente las denuncias de abusos de la administración kikista, como los relacionados con el cobro de comisiones por la entrega de proyectos y licitaciones, son constantemente realizadas -cierto, la mayoría anónimas por temor a enfrentar la furia y venganza de los secretarios- , y al final el señor gobernador no hace nada y se dedica a evadir los temas. Y a repetir cifras que hablan de un progreso económico que no termina de palparse en las alacenas de sus gobernados, como en abril, cuando participó en la toma de compromiso del Consejo Directivo COPARMEX 2016-2017 y aprovechó para declarar que “…durante el 2015 la economía de Baja California creció 6.3%, lo que representa el mayor crecimiento de la frontera norte y el tercer mejor desempeño del país”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Lo que evadió agregar fue que en el mismo mes, de acuerdo al mismo Instituto, Mexicali y Tijuana fueron las ciudades que registraron más inflación en el país, cuando en septiembre de 2012 Baja California estaba todavía entre los Estados con menor inflación.
Los números de los que tampoco habla el titular del Ejecutivo bajacaliforniano son los recientemente dados por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que indican que el 25.5% de los residentes del Estado que gobierna no pueden comprar los productos de la canasta básica y que la pobreza laboral creció un .9 por ciento.
Cierto, él directamente no ha provocado que los bajacalifornianos sean más pobres, pero tras 30 meses de administración tampoco ha hecho lo necesario para cumplir con sus obligaciones de organizar y conducir la planeación del desarrollo del Estado, cuidar de la recaudación y aplicación e inversión de los caudales del Estado, vigilar la conservación del orden público, lo que indica.
Algo que en teoría debería estar capacitado para hacer, ya que desde 1989 que ingresó al PAN y ha gozado de diversos puestos como funcionario público, sus declaraciones hacendarias demuestran que ha incrementado su fortuna en decenas de millones de pesos, lo que significa que sabe administrar, evidentemente ha sabido defender y acrecentar “su huertito”.
Pero ahora urge que haga lo mismo por el Estado que dice gobernar, basta de jactarse de capacidades que siguen sin exhibir con resultados, los bajacalifornianos, como dijo Manuel Gómez Morín, el líder nacional y correligionario del gobernador, creemos que merecemos mucho más que “simuladores y logreros”.
