El diario alemán Stuttgarter-Zeitung informó que varios ex empleados y directivos de la empresa Heckler & Koch serán juzgados por violar la Ley de Control de Armas al vender rifles de asalto G36 a zonas de conflicto en México, entre ellos el estado de Guerrero, en donde el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Norma Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La corte de Stuttgart admitió la acusación presentada en noviembre por la Fiscalía en la que se afirma que los acusados estuvieron implicados, entre 2006 y 2009, en el envió ilegal de armas y accesorios a zonas mexicanos donde no había permiso para ello.
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A pesar de que trece personas investigadas quedaron absueltas tras la investigación, los acusados son dos ex directores, dos ex gerentes de marketing, así como una representante de ventas de la armería.
En Diciembre de 2014 la prensa alemana aseguró que entre las armas confiscadas por autoridades mexicanas a la policía de Iguala había fusiles de Heckler & Koch, empresa que no tenía permiso de exportación a los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, entidades donde estaban prohibidas debido a las constantes violaciones a los derechos humanos.
Así a México entraron 9 mil 652 fusiles de asalto G36 y mil 924 de estas armas fueron destinadas a policías de Guerrero durante 2006 y 2009. En el documental Exportaciones Mortales, del cineasta alemán Daniel Harrich, muestra, con base en una profunda investigación, que balas de fusiles de asalto G36 fueron disparadas en los ataques a normalistas en 2012 y 2014 incluido el asesinato del joven que fue desollado, Julio César Mondragón Fontes.
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