Los candidatos que buscan una presidencia municipal o una diputación registrados como independientes, se enteraron de que pueden gastar lo mismo que los cobijados por un partido político a dos semanas de que termine el periodo de campañas.
El viernes 13 de mayo, el Tribunal Estatal Electoral determinó, a partir de la impugnación de cuatro independientes, que todos los registrados sin partido pueden compensar con aportaciones privadas la desventaja que la propia Ley electoral impone:
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El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California aprobó el 17 de febrero los topes máximos de campaña –entre recursos públicos y privados– para los partidistas: de 2 a 11 millones de pesos según la presidencia municipal por la que se compita y de 500 mil pesos a 4 millones, según el distrito para los candidatos a diputados.
Dos meses después, el 21 de abril, el mismo órgano ordenó que en cambio, y con estricto apego a la Ley, los límites para los independientes fueran, en el caso de los que buscan las presidencias municipales, de 2 mil a un millón 200 mil pesos –según el municipio–, y en el caso de los candidatos a diputados de 50 mil a 400 mil pesos, según el distrito.
Es decir: los partidos tenían un margen 10 veces más amplio.
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Pero en busca de un terreno parejo para gastar (los que consideran posible conseguir tal cantidad), fueron cuatro sin partido los que promovieron el recurso de impugnación contra el acuerdo del 21 de abril: Rubén Fernández Gonsález –candidato a diputado por el distrito 4 en Mexicali–, Juan Carlos Molina –candidato a presidente municipal en Playas de Rosarito– y los candidatos a alcaldes de Tijuana Carolina Aubanel y Gastón Luken. Los primeros tres ante el tribunal estatal y el último en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual falló días después en el mismo sentido.
El recurso que se resolvió primero fue el promovido a nivel local, que automáticamente anula el que se colocó en la instancia federal por existir sentencia favorable.
Los agravios que presumieron los independientes, son: que se les aplicó la constitucionalidad de la “prevalencia” del financiamiento público sobre el privado por considerar aunque es una normatividad hecha para los partidos, que se afecta el principio de equidad acotando sus gatos, y por tanto que se vulnera su derecho a ser votados.
El sábado 14 de mayo, un día después de que el tribunal estatal respaldara los agravios mencionados tumbando el acuerdo de abril, el consejo general del IEE votó un nuevo proyecto en el que fija que los límites de gasto para los candidatos independientes –ocho alcaldes y siete diputados– será el mismo fijado para sus competidores con partido.
Por ejemplo, el candidato a la presidencia municipal de Rosarito, que antes del fallo tenía un límite de poco más de 200 mil pesos, ahora puede gastar hasta poco más de 2 millones. El candidato a diputado Erwin Areizaga que tenía un tope de 148 mil pesos, hoy lo tiene de un millón 480 mil. Así, distrito por distrito y municipio por municipio, en dos semanas los que pueden tienen la libertad de ponerse a mano.
