La situación al interior del Seguro Popular está polarizada en el tema del Sindicato. Unos buscan ser independientes y presionar por mejoras laborales, mientras que otros apoyan la decisión patronal para firmar con un sindicato industrial, externo, ligado a las centrales obreras, al sindicalismo al modo, controlado
“Por lo menos en la administración de Kiko Vega no lo van a lograr”. La frase es de Alejandro Monraz Sustaita, Director del Seguro Popular, y se refiere a la creación de un Sindicato que trabajadores propusieron para esa institución y cuyo líder fue despedido en octubre 2015.
“Tenemos que brindar al Seguro Popular, tenemos que protegerlo”, les expuso Monraz en la sesión de “convencimiento…Traen un discurso muy populista, similar al de López Obrador”, dijo en referencia al sindicato que encabeza Amado Armenta, y al que no le concedió el contrato colectivo.
Así en abril de este 2016, Monraz citó a los empleados e intentó convencerlos de afiliarse a un sindicato externo propuesto por la empresa del cual nadie sabe algo. Les insistió en los beneficios que tendrían si apoyaran esa propuesta, desde la creación de una Caja de Ahorro, hasta que en diciembre próximo pueden designar al nuevo dirigente sindical, “al que ustedes quieran”.
El Sindicato de Trabajadores del Seguro Popular fue registrado y recibió la toma de nota el 10 de diciembre del 2015, aun cuando el dirigente, Amado Armenta, ya había sido despedido por el anterior director y hoy candidato, Carlos Torres Torres.
Pero Alejandro Monraz obstaculizó la firma del Contrato Colectivo, y optó por firmar con el “Sindicato de Trabajadores de las Diferentes Ramas de la Industria y el Comercio, Similares y Conexos Fuerza Laboral”, encabezado por un abogado de la UABC egresado en el 2013 –cédula 8292147–, Héctor Alan Ramos Olvera.
De acuerdo a los listados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, el sindicato Fuerza Laboral tiene firmados una veintena de contratos con empresas de diversa índole, como el 1355/15-4 con el Grupo Funerario Santana S.A. de C.V., o L.C. Construcciones S.A. de C.V., el 764/15-3, o con el Frontón de Tijuana, con Miriam Rodríguez Pérez, igual con Radiador City S. de R.L., con Mayra Michelle, con American Contact Center, también con ExpoGreen S. de R.L. de C.V.
Obstaculizados
El jueves 5 de mayo los trabajadores del Seguro Popular fueron trasladados al restaurant “Sal y Pimienta” de Tecate donde les presentarían a su dirigente sindical, pero nunca llegó.
Mientras las presiones al otro Sindicato siguen. El dirigente, el despedido Amado Armenta, asegura que la Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Lizbeth Doralli, fue despedida debido a que ella le tocó dar el seguimiento para otorgar el registro. Lo que evidencia una junta parcial, que depende de la Secretaria del Trabajo del Estado, también es una instancia gubernamental.
Armenta explico cómo después de recibir el registro buscaron lograr la titularidad del Contrato Colectivo. Solicitaron a la Junta saber si el Seguro Popular tenía firmado un Contrato Colectivo, y el 4 de enero de 2016 les respondieron que “no se encontró Contrato Colectivo de Trabajo” del sindicato Fuerza Laboral con el Seguro Popular.
Pero el 20 de abril recibieron la magra noticia: Ya había un contrato firmado con el gremio de Fuerza Laboral. A la par recibieron la notificación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde se declaraba incompetente para seguir el procedimiento del sindicato que encabeza Armenta, donde se solicita el recuento, el procedimiento para constatar cuál de los dos gremios tiene más afiliados.
El argumento fue que el Contrato Colectivo con Fuerza Laboral fue firmado en Tijuana, aunque la Ley Federal del Trabajo –el artículo 700– estipula que el trámite debe seguirse en la ciudad donde radica el domicilio oficial de la empresa y el del demandante, en ambos casos es Mexicali.
“Aquí obviamente lo que quieren es ganar tiempo y seguir con un control sobre los trabajadores. A mí me queda claro que muchos por miedo fueron al evento. Desde que entra un sindicato ajeno a la institución, no es un sindicato real”, opina Armenta.
La ampliación de la estrategia patronal ha sido el nombrar una serie de “delegados” sindicales ampliados, esto con la idea de involucrar a los trabajadores en un sindicato desconocido para ellos.
Mientras el Sindicato de los trabajadores y pese al tortuguismo oficial sigue el cauce legal, a la par que Amado interpuso una demanda laboral por su injustificado despido.
Tomar una decisión
“96 son más que 24”, dice Alejandro Monraz en alusión al número de trabajadores que firmaron con Fuerza Laboral, contra quienes apoyaron al Sindicato encabezado por Amado Armenta.
Justifica que la decisión de otorgar el contrato colectivo a Fuerza Laboral, fue tomada por la Junta de Gobierno de la paraestatal donde participa Oficialía Mayor, Salud, Finanzas, Contraloría y la Secretaría General de Gobierno, debido a que “son la mayoría y logramos una buena negociación a favor de los trabajadores, y consideramos que estaba dentro de las posibilidades presupuestales del REPSS, que podíamos cumplir en este año esos apoyos”.
Monraz y Sergio Tolento,ex secretario de Salud y actual candidato a una diputación local
Insistió que la mayoría de los trabajadores se fueron con Fuerza Laboral “por cuestiones estratégicas, de que la fortaleza de ellos es que es un sindicato grande que aglomera varios sindicatos, son trabajadores que se dedican al trabajo, requieren asesoramiento”.
Del sindicato liderado por Armenta refiere que sumó 24 trabajadores. “Según ellos comentan no les garantizaba la mayoría, la seguridad y sobre todo que los 96 no eligieron a Amado”.
El Director negó que haya elaborado una estrategia para contrarrestar Al sindicato de Armenta: “Nosotros atendimos dos actos jurídicos, fuimos emplazados a huelga y por lo tanto el REPSS decidió firmar, porque estamos de acuerdo con el sindicalismo, con uno de los dos sindicatos, teníamos que tomar una decisión. En el mundo se toman las decisiones pensando en lo que es mejor para los trabajadores y la institución”.
De Armenta dijo que “lejos de acercarse con nosotros se acercó a los medios de comunicación para litigar y echarnos de palabras, eso significo un distanciamiento con él. No es un buen líder, tan es así que no lo quisieron el resto de los compañeros”. Luego acepta que Héctor Ramos, de Fuerza Laboral, no es empleado del Seguro Popular.
Sobre la militancia panista de Armenta, Monraz asume: “Es lamentable, yo no lo hubiera despedido, cuando llegué ya estaba despedido, ya había un juicio laboral. Pero no podemos distinguir colores, el trabajo es institucional. Si cometes una situación, por la cual fue despedido, no te puedes escudar que eres azul, hay que respetar a las instituciones”.
Bloqueo
El bloqueo a la creación de sindicatos independientes ha sido la estrategia del gobierno estatal desde la llegada del panismo al poder. Uno de los primeros ejemplos fue cuando maestros del Conalep a fines de los 90 intentaron sindicalizarse, y se toparon con que el organismo ya había firmado Contrato Colectivo con un sindicato afiliado a la CROM, el Sinpot, Sindicato Poder Obrero de Tijuana.
En aquel tiempo el sistema Conalep era encabezado por Jesús Antonio Rivera, quien había fungido como líder estatal del partido Acción Nacional. Los maestros de los planteles Conalep iniciaron una larga lucha a la que finalmente, después de varios meses, desistieron.
Otro caso fue el del Sindicato Único de Trabajadores de Issstecali, SUTI, creado en marzo del 2001 y encabezado por el doctor Carlos Maya Quevedo. “El registro tuvo que darse por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional”, explica el propio líder sindical.
Documentos de la estrategia patronal
Esto luego que la Junta Local de Conciliación les negó el registro como gremio. En Issstecali laboran cerca de 1 mil 800 trabajadores, la mayoría afiliados al Sindicato de Burócratas que es el gremio que tiene firmados las Condiciones Generales de Trabajo.
El Secretario del Trabajo en ese tiempo era el exdiputado federal panista Rafael Ayala, quien antes había fungido como Secretario de Educación.
“El sindicato de burócratas ha entrado a afiliar a los trabajadores de Issstecali de una manera corrupta, amañada, porque los burócratas son los derechohabientes de Issstecali y no pueden tener afiliados a los trabajadores de ese organismo”, sostiene el doctor Maya.
Otro argumento es que ellos son trabajadores regidos por el Apartado A, del Artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, mientras que la burocracia se rige por el Apartado B. Eso implica –entre otras cosas– que la burocracia se rige por la Ley de Servicio Civil. “No se pueden mezclar los dos tipos de trabajador”.
Otro intento de crear un sindicato independiente surgió al interior del DIF Municipal de Mexicali. Esto fue en octubre del 2004 cuando terminaba el primer periodo municipal Jaime Díaz. El movimiento aglutinó a cerca de 70 y trabajadores y era encabezado por un grupo de trabajadoras de la paramunicipal, entre éstas Carmina Valenzuela.
Se trataba del Sindicato Único de Trabajadores de la Paramunicipal DIF Municipal que habían solicitado el registro ante el Tribunal de Arbitraje, pero la gestión se alargó bajo el argumento de la falta de documentación. Con la llegada de la nueva administración municipal encabezada por el priista Samuel Ramos Flores, el grupo de trabajadores que buscaba sindicalizarse fueron despedidos, entre éstos la propia Carmina.
En rueda de prensa Carmina aseguró haber sido despedida directamente por la titular del Patronato DIF, la esposa del entonces alcalde Graciela Salas, quien le dijo tener una ficha del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) e información del ejército donde se le clasificaba como “activista de extrema izquierda, parte de un grupo guerrillero en el país”, en alusión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
