El lunes 16, un día antes del debate ante estudiantes universitarios en Mexicali, como mal periodista, Antonio Magaña señaló en un video trasmitido por Facebook que había recibido un sobre al buzón de su casa, el cual contenía un contrato entre el actual ayuntamiento panista y el candidato del mismo partido mediante un despacho. Se trata en realidad de un fragmento del reportaje de ZETA publicado desde el 2014.
El reportaje daba cuenta del primer contrato con la empresa Sánchez Aguilar y Esquer Asociados S. C., la cual había facturado un primer contrato por un millón 817 mil 243 pesos más impuestos al valor agregado.
Publicidad
Con fecha viernes 7 de noviembre del 2014, ZETA publicó en su edición impresa un reportaje titulado “Los asesores de Jaime Díaz” en el que señalaba la inversión millonaria del alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa en la contratación de asesores ligados a funcionarios del PRI y del PAN, entre ellos, el candidato del PAN a sucederlo y diputado con licencia Gustavo Sánchez.
Las ligas panistas resaltaban en todo momento, los socios eran el actual diputado con licencia Gustavo Sánchez, el ex secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Osuna Millán, Manuel Aguilar Bojórquez y el empresario Reginaldo Esquer Félix, ex presidente del CCE y que le dan la razón social a la firma.
El contrato fue obtenido por este semanario vía Transparencia del Ayuntamiento de Mexicali y señalaba las redes de políticas entre los funcionarios panistas, posteriormente, en 2015 el contrato fue renovado, en está ocasión pese a tratarse del mismo concepto la cuota se disparó hasta los 4 millones 725 mil pesos dando un total de más de 6 millones de pesos.
Publicidad
Incluso en noviembre del 2015, ZETA cuestionó al diputado Gustavo Sánchez, quien señaló que se había desligado de la empresa, sin embargo en su portal de Internet la empresa aún informaba que el empresario era socio de la firma de abogados.
Posteriormente el portal modificó unas líneas en donde daba cuenta de que a partir del 2014 Sánchez se encontraba retirado de la firma legal por fungir como diputado local del Congreso del Estado.
Y no solo eso, según actas del despacho inscritas en el registro público de la propiedad, Gustavo se separó del despacho en julio del 2014. El primer contrato se firmó el 10 de marzo del 2014. Es decir que como diputado firmó y recibió dinero para representar al municipio.
El contrato en manos de ZETA explica que el despacho de los panistas (a cambio de la cantidad millonaria) dará al ayuntamiento de Jaime Díaz “defensa administrativa y fiscal, asesoría y representación legal en relación a la resolución emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal”. Es decir, el despacho de socios panistas, encabezarían la defensa de una demanda contra el gobierno por no pagar impuestos en el trienio anterior.
La declaración 3 de 3 en uno de sus apartados manifiesta una temporalidad de 5 años atrás para no caer en de conflicto de intereses. Por ello, Gustavo no ha presentado –o la presentará en los últimos días– antes de la elección.
