El desalojo del director del diario no se explica como un simple litigio civil por la propiedad de una vivienda. Detrás está el ex gobernador Humberto Moreira y la demanda que interpuso contra el medio por la publicación de una nota que lo señala de recibir una pensión de manera irregular
La agresión física y violación de derechos que sufrió Armando Castilla, director
del periódico Vanguardia en Coahuila, por parte de policías estatales y personal del Poder Judicial estatal durante el desalojo de su vivienda, son consideradas un ataque al medio que se ha distinguido por criticar al Gobierno del Estado.
En febrero, el diario publicó una nota sobre la pensión que recibe el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, obtenida de manera irregular en el sistema educativo, de acuerdo con documentos oficiales.
El hermano del actual mandatario estatal y acusado en España de blanqueo de 200 mil dólares, presentó una demanda contra Vanguardia y la reportera Roxana Romero por difamación. Bajo este contexto, la organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, explica el desalojo realizado al sur de Saltillo, Coahuila.
“Hay un proceso de violencia institucional en el caso de la demanda contra el medio y de la reportera, así como un uso desproporcionado y arbitrario del sistema del Estado para amedrentar a los periodistas de Vanguardia”, expuso Sandra Patargo, de Artículo 19, encargada de documentar el ataque al medio de comunicación coahuilense.
Ricardo Mendoza, director editorial del periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila.
Por su parte, Ricardo Mendoza Reséndez, director editorial de Vanguardia, expuso: “No es un proceso civil entre particulares, es un ataque al medio y a los derechos civiles más fundamentales, a informar, ser informado. Lo más grave como sociedad es que el juicio civil forme parte de un ataque”.
El viernes 6 de mayo, 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo policiaco élite especializado en el combate al crimen organizado, irrumpieron en la casa de Armando Castilla, sin notificación previa, para despojarlo de sus pertenencias y desalojar el sitio.
La diligencia de desalojo forma parte del juicio especial hipotecario 1102/2009, promovido desde 2009 por Olga Leticia Muñoz Cena en contra de Gustavo Antonio Lara Ramos, en el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México.
Según Ricardo Mendoza Reséndez, la familia Castilla adquirió el inmueble hace 20 años, después de que Lara Ramos dejó de pagar un crédito hipotecario e inició un litigio mercantil.
Juez al servicio de Moreira
César Alejandro Saucedo Rodríguez, titular del Juzgado Segundo en Materia Civil de Saltillo, Coahuila, es tanto el juez que ordenó la diligencia de desalojo, como el que lleva el caso de la demanda de Moreira contra el rotativo.
Saucedo Flores obtuvo su cargo como juez en junio de 2008, bajo la administración estatal de Humberto Moreira, a pesar de un amparo interpuesto por el juez saliente, Benito Villanueva, por considerar que el nuevo titular no había acreditado los exámenes correspondientes.
Humberto Moreira. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Mendoza Reséndez declaró vía telefónica a ZETA que el exhorto llegó el 5 de mayo a las 12:54 horas al Juzgado Primero de lo Civil de Saltillo, “por causas que en este momento desconocemos, en cuestión de minutos se turna al Juzgado Segundo”, detalló.
El cuestionamiento se hizo al Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que hasta el cierre de esta edición hubiera respuesta.
El director de Vanguardia tampoco ha sido informado de la ubicación de los muebles, bienes y posesiones se encontraban dentro de su hogar, ya que le fueron decomisados ese día, a pesar de que se trataba de una diligencia de desalojo y no de cateo.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría General de Gobierno de Coahuila, a cargo de Víctor Zamora, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil “giró oficio al encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social de Fuerza Coahuila, para que auxiliara con el uso de la fuerza pública la realización de una diligencia dentro del exhorto 29/2016 para desalojar un predio y ser entregado a las personas a las cuales hace referencia el exhorto”.
No obstante, Mendoza Reséndez refiere que es atípica la participación de más de cuatro policías en una diligencia, así como la intervención de elementos de Fuerza Coahuila.
Otras irregularidades de la actuación, son la falta de notificación del desalojo, así como el uso de camiones de mudanza y maquinaria pesada para derribar bardas y allanar propiedades hasta llegar a la vivienda del director de Coahuila.
En su boletín, el gobierno estatal niega irregularidades en la práctica de la diligencia, incluso afirma que el secretario Víctor Zamora ha solicitado se dé vista a las instituciones y dependencias correspondientes “para que lleve a cabo la investigación correspondiente y, en caso de que haya ocurrido una irregularidad, sea castigada aun cuando no se aprecie que exista alguna violación legal”.
ZETA se comunicó con la vocera de la Secretaría General de Gobierno de Coahuila, Rosario Cano, para saber el porqué de la participación de agentes de Fuerza Coahuila, de las irregularidades cometidas durante el desalojo y si se trata de un ataque en contra del medio de comunicación por las críticas que ha lanzado contra los gobierno estatales de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.
La servidora pública argumentó que el gobierno no emitirá otra postura más que la ya difundida a través del comunicado de prensa.
PERSECUCIONES E INTIMIDACIONES
El director editorial de Vanguardia señaló que desde la publicación de la nota sobre la pensión de Humberto Moreira, la reportera Roxana Romero, quien redactó la pieza periodística, ha sido “perseguida y acosada”.
También Armando Castilla sufrió de actos de intimidación en los últimos días. “Estaba siendo seguido desde hace semana por desconocidos, dos o tres veces, sorprendió a personas fotografiándolo en distintos momentos”.
De igual forma, Mendoza indicó que desde el 27 de enero “surgieron una serie de portales anónimos que se dedicaron a injuriar, hostigar y difamar a la familia de Vanguardia”.
Por último, confió en que las voces de periodistas en México “se sumen a no coartar la libertad de expresión para analizar y entender el riesgo en el que estamos nosotros y muchos de nuestros compañeros en todas las latitudes del país”.
“PRÁCTICAS DESPROPORCIONADAS Y ARBITRARIAS DE GOBIERNO CONTRA UN MEDIO CRÍTICO”: ARTÍCULO 19
A pesar del litigio civil en el que está involucrado Armando Castilla, Artículo 19 exige al gobierno de Rubén Moreira Valdés, “se apegue al Estado de Derecho en cuanto a los procesos judiciales y que no sean prácticas desproporcionadas y arbitrarias por la batalla legal de un integrante de un partido político y ex funcionario político que ha hecho claro su enojo por una nota”, en referencia a Humberto Moreira.
Sandra Patargo comentó a ZETA que la organización también exige al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por funcionarios del Gobierno de la República, organismos autónomos y civiles, “dé atención al caso para salvaguardar la integridad de la reportera Roxana Romero y de su familia, ya que la agresión se dio en un contexto de su hogar, así como de otros integrantes del medio”.
En su opinión, “es preocupante que un medio sea amedrentado y se busque censurar a un medio crítico en un contexto de procesos ilegales, donde encontramos judicialización y violencia institucional”.
En 2015, Artículo 19 registró 397 agresiones a la libertad de expresión en México. Siete de ellas en Coahuila, entidad donde, de 2009 hasta ese año, han ocurrido 75 ataques a periodistas.
Mientras que de enero a marzo de 2016, son cuatro las agresiones documentadas por la organización en la entidad norteña, dos en Saltillo y dos en Ciudad Acuña. Se trata de un caso de intimidación, un ataque físico, acoso y hostigamiento sexual en redes sociales, así como una amenaza de muerte por redes sociales.
