En pesos y centavos, la regulación de las candidaturas independientes en Baja California resulta un absurdo por desigual. No basta mucho para observar que su posibilidad de gasto se pierde en el espectro presupuestal al que los partidos políticos tienen acceso. Es la inequidad de la Ley: un candidato independiente puede gastar 1 peso por cada 10 de un partidista.
Los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) reconocieron el proyecto de financiamiento a las candidaturas independientes como impugnable desde el día que lo aprobaron, pero consideraron no ser autoridad para decidir anular criterios que la Ley establece.
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En términos concretos, los partidos políticos además del presupuesto público para campaña, que va de los 713 mil 521 pesos a los 7 millones 547 mil 165 –según el partido–, tienen derecho a tres tipos de aportaciones privadas que suman 6 millones 908 mil 419 pesos –más lo que entreguen los partidos a nivel nacional– para repartir a sus candidatos.
En cambio, para los que se registraron como independientes, el financiamiento es tan limitado como la propia legislación. De acuerdo a la Ley que Reglamenta la Candidaturas Independientes en Baja California, ellos deben ser considerados como partido de reciente creación, y por lo tanto les corresponden a todos un total de 713 mil 521 pesos.
La bolsa, primero debe dividirse en dos partes iguales, una para candidatos a alcaldes y otra para diputados. A su vez, esas mitades se fraccionarán entre la cantidad de opciones para ambas posiciones.
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En caso del financiamiento privado, para ellos el monto no debe superar el 10 por ciento del límite de gastos que se haya determinado para cada candidatura, para cada alcaldía y cada diputación. Hasta ahí.
Un ejemplo: los que buscan las presidencias municipales sin partido –hasta el cierre de edición ocho en el Estado–, tiene derecho a 44 mil 595 pesos de dinero público cada uno. En el caso de Playas de Rosarito, los candidatos –tres tienen registro– deben sumar dicha cantidad a los 224 mil 200 pesos que corresponden al 10 por ciento del límite de gasto que hay en aquel municipio.
Las diferencias que tienen partidos e independientes para competir, ya han sido discutidas y modificadas en pro de la “equidad del proceso” en otras regiones. De hecho, la consejera del IEE, Bibiana Maciel, citó en su razonamiento –a la hora de votar el financiamiento– un caso del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
Gastón Luken Garza, candidato sin partido a la alcaldía de Tijuana, quien puede utilizar hasta 1 millón 200 mil pesos –de acuerdo al cálculo anterior–, impugnó por su parte el proyecto del IEE.
En el documento entregado en la sala regional de Guadalajara, Jalisco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el equipo de Luken argumenta en contra de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes de Baja California y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismas que aplicó el IEE.
Apeló al derecho a ser votado, como político y humano, consagrado en la Constitución y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, por arriba de lo que se establezca en legislaciones inferiores. De ahí que se argumente que dicha diferenciación en las posibilidades de financiamiento, vulnera su posibilidad de competir contra los partidos políticos.
En segundo término, los abogados del ex diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), sobre el límite de financiamiento privado alegan que el principio constitucional de “prevalencia del financiamiento público sobre el privado” no debe ser aplicado a los independientes, pues se trata de un precepto exclusivamente aplicable para los partidos políticos.
En general, los razonamientos entregados al tribunal, son similares a otras tesis desarrolladas en Nuevo León –con el Jaime Rodríguez “El Bronco– y en la Ciudad de México.
