Aunque esta Ley en el Estado de Baja California es ejemplar, algunos servidores públicos sienten que nadie debe inmiscuirse en esos asuntos, otros quieren seguir sosteniendo acciones de corrupción; prevén sanciones monetarias, inhabilitación e incluso prisión
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Uno de los desafíos del Comité Ciudadano de Transparencia en Baja California será crecer el número de sujetos obligados a rendir cuentas del dinero público que reciben de los gobiernos Federal, estatal y municipal.
El 29 de abril de 2016, en el periódico Oficial del Estado, se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, que amenaza con multar con 40 salarios mínimos, inhabilitación e incluso cárcel, a quien se niegue a clarificar sus gastos.
“La meta es transparentar desde el primero y hasta el último peso de los recursos públicos, ¡los maneje quien los maneje!”, advierte Armando León Ptacnik, presidente de la federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
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Aunque esta ley es considerada un ejemplo por organismos nacionales, aseguró que es semejante a la de Tránsito, en la que ciertos conductores violan las reglas, pasándose los altos cuando nadie los ve.
“La cultura en los funcionarios es muy pobre, algunos sienten que nadie debe inmiscuirse en esos asuntos, pero eso es lo menos grave, porque hay quienes quieren seguir sosteniendo acciones de corrupción, ahora hay que hacer que entiendan que los recursos que manejan no son de ellos, sino de los ciudadanos”, reiteró.
Según el entrevistado, uno de los poderes más difíciles de penetrar es el Judicial, no por falta de voluntad, sino por la opacidad, el desorden e ineficiencia con la que funcionan los servidores públicos en el interior de los Juzgados.
Lo interesante de la publicación es que los sindicatos, universidades públicas, partidos políticos, asociaciones civiles, cámaras empresariales y todos aquellos que utilicen recursos públicos, incluso a través de programas de apoyos o sociales, tienen que dar cuenta de en qué gastan el dinero de los impuestos.
EL COLMO DE LA INTRANSIGENCIA
A través del portal de transparencia, un ciudadano solicitó le dieran el nombre de la empresa y del proveedor que vendió escobas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en Ensenada, y tras varios días de espera, la dependencia determinó que esa era “información reservada”. Esto llevó a pensar a los integrantes del consejo que quien dotó de escobas era familiar cercano de algún funcionario público.
Pero ahora la Ley establece las condiciones en las cual se reserva una información, no debe ser un capricho de la autoridad, pero en la práctica, los sujetos obligados se reservan cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dicta la legislación.
Como este caso hay otros donde han transcurrido meses sin que les respondan sobre información básica de ingresos en los tres órdenes de gobierno.
GOBIERNO HONESTO, GOBIERNO OPULENTO
El empresario Armando León Ptacnik opinó que todo lo que se invierta en materia de transparencia es poco comparado con lo que se pierde en la opacidad. Al final, la honradez genera más recursos y, aunque la rendición de cuentas no erradica por completo la corrupción, al menos la inhibe.
El Sistema Nacional de Transparencia supone un marco normativo que tiene como objetivo educar al ciudadano para que exija el cumplimiento de esas normas, mencionó que éste no es un proceso fácil, ni de seis meses, pero es innegable que se ha ido avanzando.
Sobre las quejas recurrentes por parte de los ciudadanos, es que hay solicitudes de información que se les niegan porque supuestamente la dependencia no se entiende la pregunta, o no es la entidad adecuada a la que se debe referir.
En ese aspecto, León consideró que las unidades de transferencia tienen obligación de asesorar a la persona, agregando los elementos suficientes para obtener la información sin que haya que esperar diez días hábiles para que la respuesta sea negativa.
“El instituto tiene una instancia a favor del ciudadano que podrá quejarse en caso de una resolución que no le satisfaga, y en el caso de que un sujeto obligado no brinde la información requerida, puede denunciar ante el instituto estatal, y en caso que tampoco sea convincente la información, tiene opción de recurrir al instituto federal”, detalló.
Sobre las penalidades para los sujetos obligados intransigentes va a lo monetario, es decir, directo al bolsillo, pero también incluye inhabilitaciones y suspensiones.
IP VIGILA OBRA PÚBLICA
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Marco Coronado, dijo que como organismo deben tener certeza de a dónde se van los recursos, que es una preocupación del sector y no es correcto que se trate de evitar que salga la información a la luz pública.
Armando Leon Ptacnik, presidente de la federacion Baja California de la Confedreacion Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX)
Indicó que la herramienta de transparencia es usada por los constructores para monitorear las asignaciones de obra, saber a quién le asignan una obra en el Municipio o en el Estado, así como para demostrar a la autoridad que tal o cual contrato fue dado a compañías foráneas cuando existe un compromiso de apoyar a la industria local.
“La verdad hasta el momento no tenemos la información al día como quisiéramos, la información que solicitamos a través del portal tarda bastante en llegar, a tal grado de que estamos trabajando con datos de dos o un años atrás”, refirió el representante de la iniciativa privada.
Agregó que sin duda las cámaras son las que más explotan el portal de transparencia y, por lo mismo, promueven su uso para evitar que los gobiernos hagan mal uso de los recursos públicos.
SIN DINERO PARA TRANSPARENCIA EN BC
Entre las obligaciones que se manejan en la Ley, se especifica promover la cultura de la transparencia, pero hay impedimentos económicos para que el consejo pueda llevar a cabo esta difícil tarea que implica involucrar a estudiantes de nivel básico en prácticas de legalidad.
Dependencias como Comunicación Social del Gobierno del Estado, tiene más recursos que el Instituto de Transparencia en Baja California, el cual opera con apenas 10 millones de pesos anuales, mientras que entidades como la Ciudad de México trabajan con hasta 120 millones de pesos.
Para que el sector empresarial pueda funcionar mejor en la elaboración de la Ley, considera debe mantener un presupuesto de entre 40 mil y 50 mil pesos.
A cualquier organismo, poderes o paramunicipales, se les puede solicitar información, en el caso del Poder Judicial la falta de transparencia es alta, y ha avanzado poco respecto al Legislativo, pero la normatividad aplica para ambos y están obligados a contestar; hay que ser insistente.
Hasta antes de la publicación de la Ley, al hacer la solicitud se tienen diez días hábiles para contestar, aunque por disposición oficial, los sujetos obligados tienen derecho a una ampliación del plazo, que éste puede durar meses e incluso años.
Desde el 5 de mayo, la legislación estatal se armonizó con el Sistema Nacional de Transparencia, en el que, desde un solo sitio, se podrá solicitar la información a cualquier entidad municipal, estatal o federal.
COLECTIVO DE ONGS
Colectivo por la Transparencia, agremiado de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en sus agendas con los temas relacionados al derecho de acceso a la información y en el desarrollo de proyectos y acciones diversas dentro de estos campos, denunciaron que algunas de las legislaciones locales contienen agravios contra el derecho a la información, como el uso del término “seguridad estatal”, que puede usarse como pretexto para negar datos.
En una de sus manifestaciones, señalaron que el Congreso Federal no aprobó ni la Ley General de Protección de Datos Personales, ni la Ley General de Archivo, en los que se apoya el Sistema Nacional de Transparencia, ya que si los datos archivados no son recuperables, no es posible acceder a ella.
Asimismo, refieren que los Estados de Zacatecas, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato no cumplieron con el plazo para homologar su legislación a la Ley General, además, que en otras entidades federativas, el proceso se dio de manera dispar. En el caso de Baja California se cumplió con armonizar las leyes y se cumplieron las 26 observaciones que les hicieron.
De acuerdo con la Organización para la Transparencia Internacional, en 2015, México se ubicó en la posición número 95, de los 167 del ranking de corrupción gubernamental. Del total de las calificaciones, en 1995 el país llegó al peldaño 32, mientras que el más alto lo obtuvo en 2013, en el lugar 106 de la tabla.
POSTURA DE RUFFO
El senador Ernesto Ruffo Appel se limitó a responder sobre la recién publicada Ley de Transparencia, que los Estados tienen que ser autónomos porque ante la Ley federal, éstos quedan reducidos, es decir, “pueden legislar por encima, pero no por debajo de lo que ya se instauró a nivel nacional”.
Resaltó que a nivel internacional, México vive en un desprestigio porque la opinión es que “vivimos en un país corrupto”.
Respecto a la iniciativa “3 de 3”, donde todos los funcionarios públicos presentan sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, consideró deben hacerse cambios, ya que hay servidores públicos que son blanco de la delincuencia.
tema de transparencia
“En mi familia ya me reclamaron porque los expongo a la inseguridad”, argumentó.
Aunque así funciona, Ruffo Appel propuso que la información se entregue a las personas interesadas tras una solicitud o por parte de la fiscalía cuando un funcionario esté bajo investigación.
El panista hizo hincapié en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, que él promueve en el Senado de la República, y que tiene como plazo el 28 de mayo para su aprobación, pero se enfrentan con una asamblea dividida.
Detalló que su propuesta es modificar siete leyes y 27 secundarias. Desde la Ley Orgánica, la Ley de Responsabilidad (“3 de 3”), Ley Orgánica de Seguridad de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización, Ley Orgánica Administración Pública Federal, Ley del Fiscal Anticorrupción, así como el Código Penal para establecer los castigos y tipificar los delitos.
No obstante de los 128 senadores, 62 corresponden al bando PRI y al PVEM que van en una línea, mientras que 66 a los distintos partidos políticos, quienes están apoyando la propuesta de ciudadanizar el sistema nacional anticorrupción.
“Desde el punto de vista, aritméticamente somos más, pero ya en la realidad no sabes qué va a pasar exactamente, porque se ha dado el caso como la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), donde el bloque de los 66 no se presentó, o se pasó del otro lado”.
Para concluir, el legislador lamentó la opacidad del presidente del Senado, también panista, Roberto Gil Zuarth, quien no ha mostrado interés en que prosperen las reformas.
