En un país con Estado de derecho, con infraestructura de seguridad y un apropiado sistema penitenciario, de rehabilitación y confinamiento, los presos peligrosos son puestos en cárceles de máxima seguridad. Normalmente alejadas de la mancha urbana, de las ciudades cosmopolitas y de los centros de desarrollo o educativos.
Los sistemas penitenciarios se han encaminado en países desarrollados hacia la privatización, en el entendido que los gobiernos bien administrados, no cuentan con los recursos suficientes para erigir fortalezas para mantener cautivos a quienes desde la delincuencia y la criminalidad han hecho daño a la sociedad.
El sistema penitenciario privado que se ejerce de manera total o parcial en países como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Chile, entre otros. En México, al final del sexenio de Felipe Calderón éste elaboró convenios para la construcción y administración de penales privados. Dos de ellos con Homex, que hasta donde se sabe, antes de la crisis económica que afectó a la desarrolladora de Eustaquio de Nicolás, pagó deudas a instituciones financieras y bancarias, una de ellas del grupo de Carlos Slim, precisamente con los contratos obtenidos en el sexenio calderonista para la administración de esas cárceles, a saber –debido a la opacidad gubernamental en México- una en Guanajuato y la otra en Hermosillo.
La crítica hacia las prisiones administradas en su totalidad o de manera parcial por empresas privadas, sean de seguridad o de desarrollo de vivienda, es que se concentran en el espacio y no en la rehabilitación. Vaya, hay una mejoría en las instalaciones, en los lugares de confinamiento para el reo, incluso con espacios no considerados en cárceles del Estado, para esparcimiento, alimentación y recreación, pero dejan de lado la labor de rehabilitación. No se centran o lo hacen de manera superficial, en programas para ayudar a los reos a encontrar un camino, conductual y físico, hacia el desarrollo personal y en dirección contraria de las acciones criminales.
En México seguimos sin saber si el experimento de Felipe Calderón funcionó, y ni siquiera lo hemos visto en la información pública. Lo que sabemos de los penales es en referencia a los públicos, a los que le pertenecen al Estado, y en la mayoría de las entidades se encuentran en condiciones deprimentes, con una mala administración, una pésima infraestructura y una laxa política de rehabilitación y confinamiento. Suelen existir autogobiernos en las prisiones federales y estatales, a raíz de la corrupción en las corporaciones de custodios y las administradoras, así como la impunidad de los reos confinados.
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ha vulnerado dos de los penales de máxima seguridad en México. Primero el de Puente Grande, Jalisco, cuando tejió una red de corrupción entre custodios y autoridades penitenciarias, para controlar la vida carcelaria e ir abriendo el camino para su primera fuga, la cual consolidó en enero de 2011, cuando se evadió en el carro de la ropa sucia, evidenciando la pobreza en los sistemas de seguridad del sector penitenciario en el país, y la vulnerabilidad de custodios y empleados del gobierno hacia la corrupción.
En febrero de 2014, el capo fue reaprehendido y en esta ocasión, como la primera vez que lo detuvieron, enviado a la prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, llamada El Altiplano. Orgullo del gobierno mexicano, esa cárcel fue mancillada por Guzmán Loera de la manera más burda: a la vista y oídos de los presos, custodios y autoridades penitenciarias con un túnel que para construirlo requirió de tiempo, maquinaria, ruido, mucho ruido, y desahogo de materiales, cuando en julio de 2015 se fugó.
Así, los penales de máxima seguridad en México quedaron evidenciados, lo mismo que la red de corrupción que entorno a ellos puede tejer un capo de “alto nivel” y un reo de alta peligrosidad.
Cerrado el de Matamoros por remodelación, quedan pocas cárceles con sistemas de seguridad de alto nivel para contener a reos peligrosos. De los diez principales penales federales, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Matamoros, Veracruz, Tabasco, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, el Gobierno mexicano decidió trasladar a Joaquín Guzmán Loera, al número 9, al de Juárez, uno de los peores evaluados.
El penal de Juárez ha destacado como muchos otros mexicanos, por los autogobiernos que han generado a partir de los delincuentes ahí encarcelados, integrantes de los distintos cárteles, particularmente de Los Zetas. La impunidad que los detenidos siguen gozando, al no ser sentenciados o estar en permanente estado de amparo judicial, los lleva a echar raíces y controlar los sitios en los que están recluidos, ante los pocos filtros de control, evaluación y confianza que existen sobre custodios y autoridades penitenciarias.
Si “El Chapo” vulneró los dos principales penales de máxima seguridad, donde se supone tienen los mejores métodos de control y sistemas de seguridad, es de sospecharse que también lo hará en Juárez, una ciudad abandonada, dejada de la mano del Gobierno Federal, con un penal de los peores de México, y de manera sistemática en manos de la criminalidad organizada.
El hecho de pretextar el cambio con una ciudad fronteriza para una “rápida” extradición, es tan endeble como los barrotes de la prisión de Juárez, es sabido que esa acción se realiza, por seguridad, vía aérea. De ahí queda reírse aún más del sospechoso el traslado de “El Chapo”.
A diferencia de otros países, donde un reo de alta peligrosidad es trasladado de manera constante de prisión, precisamente para evitar actos de colusión y corrupción, el sistema penitenciario mexicano no está preparado ni en infraestructura ni en estrategias de seguridad para el debido confinamiento de un recluso tan peligroso, y en esas condiciones, Joaquín Guzmán Loera, sigue siendo un problema para México.
A la deficiente procuración de justicia, y la convenenciera administración de la justicia, y ante un pésimo sistema carcelario, lo ideal sería que los dos poderes se coordinaran, Federal y Judicial, para extraditar, a la brevedad a “El Chapo”. En la prisión de Juárez pueden suceder muchas cosas. Muchas. Del tipo que evidencien de nueva cuenta al Gobierno mexicano, hoy encabezado por Enrique Peña Nieto.
