Investigaciones internas en el Servicio Médico Forense de Baja California, señalan que el médico legista Irán Muñoz, ha incurrido en una serie de faltas a las leyes y reglamentos que regulan su labor en SEMEFO, mismas que el Consejo de la Judicatura ha decidido ignorar, afectando el trabajo de la institución
La copia de un expediente que documenta una serie de violaciones a leyes y reglamentos investigadas en torno al trabajo del médico de SEMEFO en Tijuana, Antonio Irán Muñoz Lara, que obra en poder de magistrados y consejeros bajacalifornianos, se hizo llegar a ZETA de forma anónima.
En el paquete informativo se detalla una serie de irregularidades que se verificaron. Destacan casos penales, en los que las acciones y/u omisiones de Muñoz, influyeron en el procesamiento de delincuentes.
Entre las irregularidades detectadas hay dos constantes, su trabajo como perito privado en casos penales, declarando en contra de los dictámenes de sus compañeros médicos de SEMEFO, situación expresamente prohibida por Ley, por el conflicto de intereses. Y el retraso en la elaboración de Protocolos de Estambul.
DENUNCIAS ESPECÍFICAS
El juzgador Rodolfo Lira Pedrín, del Séptimo Penal, solicitó la elaboración de Protocolos de Estambul para determinar signos y síntomas de tortura en las causas 855/2010 y 712/2013, seguidas contra Esteban Alejandro González López y Daniel Aguilar Peraza, respectivamente, ambos por el delito de homicidio calificado.
Pero Muñoz no lo hizo; el juez Lira Pedrín dio a conocer dichas omisiones al Pleno del Consejo de la Judicatura en fecha 25 de febrero de 2016, siendo que las solicitudes para practicar dichos protocolos databan en la causa 855/2010, desde octubre de 2015 y en la 712/2013 desde diciembre de 2015, cinco y tres meses atrás.
Previamente, según se informó al Consejo de la Judicatura en el oficio 450/SMFT/2016, el mismo servidor público ya había sido objeto de un apercibimiento por otro proceso administrativo, por no practicar una necropsia con su debida oportunidad.
Otro proceso administrativo dio inicio en septiembre de 2011, con el número de expediente PAR.-CONTR.-01/2013, por haber emitido un dictamen ostentándose como médico legista, cuando no estaba en funciones.
Ante estos antecedentes, la coordinación del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Tijuana, recomendó al Consejo de la Judicatura iniciar un procedimiento administrativo contra Muñoz Lara, para que mediante éste se le aplicará como sanción -con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California- la suspensión de su trabajo sin goce de sueldo por hasta tres meses, o incluso la remoción o destitución del cargo.
A pesar de que dicha recomendación se remitió al Pleno del Consejo de la Judicatura en fecha 4 de marzo del presente año, la Comisión de Vigilancia de dicho órgano judicial informó a este Semanario que “hasta este día (17 de mayo, dos meses después) no ha recibido un informe de este caso para que se determine alguna sanción o se dé inicio a algún proceso administrativo”.
En poder de ZETA obran otros escritos en los que se señala a Muñoz Lara por no presentarse a laborar el primero de septiembre y en el periodo comprendido del 13 al 17 de julio de 2015, lo que según se manifiesta en una de las actas circunstanciadas remitida al doctor Francisco Acuña Campa, entonces jefe de SEMEFO en la entidad -fallecido en febrero de 2016- al causar “un descontrol con la logística, certificaciones y demás actividades” que realizan los médicos adscritos a esta dependencia.
Adicionalmente, a pesar de tener el carácter de servidor público, Muñoz figura en diversas causas penales como perito privado a cargo de quienes aparecen como indiciados en dichos expedientes. Entre otros, el 317/2008, donde emitió un dictamen a favor del procesado por el delito de violación equiparada y como perito en materia de toxicología en la causa penal 193/2014.
Esto ha provocado que al momento de que los juzgadores penales piden cooperación a SEMEFO para designar un perito tercero en discordia, deban hacer la aclaración de que el doctor Muñoz Lara ya ha sido ofrecido como perito privado, lo que resulta una contravención a una de las prohibiciones enlistadas en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, en el sentido de su numeral IV, donde se prohíbe “desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba”.
ZETA tuvo conocimiento de que el médico legista ha justificado estos actos, con el argumento de que “los ha regalado”, que no ha cobrado por los dictámenes, a pesar de que algunos de los beneficiados con sus servicios han señalado ante juzgadores y otros forenses, que sí le han pagado; situación que ni consejeros ni magistrados han investigado.
Este Semanario buscó durante dos semanas al doctor Muñoz Lara para que diera su versión sobre los señalamientos, a lo cual respondió: “Yo me debo al Tribunal Superior de Justicia (del Estado)”, y dijo preferir desconocer las especificaciones de la acusación en su contra, para no entrar en “dimes y diretes”. Concluyó señalando que se apegará a la decisión que el Poder Judicial de Baja California tome sobre el tema.
