A Baja California Sur el Gobierno federal no ha enviado ni fuerzas especiales, ni federales.
Mientras el Gabinete de seguridad de la administración de Enrique Peña Nieto se concentra en estados donde la inseguridad se ha desbordado y las autoridades han sido rebasadas por los criminales y narcotraficantes, como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, entidades que habían sido pacíficos están en el umbral de una violencia sin precedentes.
Baja California Sur ha sido un paraíso turístico. Particularmente Los Cabos y la capital, La Paz, han sido destinos preferidos por el turismo proveniente de los Estados Unidos y Europa. De hecho se había mantenido como una de las entidades con los menores índices de violencia producto del narcotráfico. Llegó incluso a registrar cero ejecuciones en los años en que la frontera norte de México se encontraba en llamas.
La calma de esa prodigiosa península, un verdadero prodigio de la naturaleza, pasó a la historia a raíz de malos gobiernos como el de Narciso Agúndez Montaño, entonces del Partido de la Revolución Democrática –incluso el ex mandatario piso la prisión por malos manejos-, que mantuvo la criminalidad impune e hizo de Baja California Sur un refugio de narcotraficantes,
Fue ahí donde se les protegió a miembros del cártel Arellano Félix quienes navegaron el mar de Cortez, se enfiestaron en tierra y vivieron con tranquilidad dado que no había autoridad local que los estuviese investigando o persiguiendo, mientras la federal volteaba a ver a otro lado.
En Baja California Sur detuvieron en 2006 a Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, elementos del FBI mientras departía con otros miembros de su organización en un yate, supuestamente en aguas internacionales. Ahí mismo en 2010, en La Paz, fueron aprehendidos los líderes de la célula -ya para entonces al servicio del Cártel de Sinaloa- de Teodoro García Simental, “El Teo”; Raydel López Uriarte “El Muletas”, y José Manuel García Simental, “El Chiquilín”, quienes, durante los cuatro años anteriores, habían mantenido a Baja California como su zona de guerra contra el cártel Arellano Félix, dejando miles de muertos al norte de la península.
Desde el extremo sur “El Tigrillo”, “El Teo”, “El Muletas”, “El Chiquilín” seguían manejando vía celular y radio comunicación su multimillonario e ilícito negocio de las drogas en otros estados de la República sin que nadie los molestara.
En Baja California Sur también y en 2012, elementos de la marina mexicana, estuvieron a punto de detener en Los Cabos a Joaquín Guzmán Loera mientras vacacionaba en una mansión en aquel destino turístico donde sabía que nadie lo buscaría. Algún mal elemento avisó al capo del operativo para aprehenderlo y cuando las fuerzas armadas llegaron él narcotraficante sinaloense ya no estaba ahí.
A finales de 2013, también en Los Cabos, un sicario disfrazado de payaso, al servicio de José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Antrax”, asesinó a Rafael Arellano Félix cuando celebraba su cumpleaños número 60 acompañado de personalidades de la política, los espectáculos y el deporte.
Y ahí mismo en la península sudcaliforniana residen ahora presuntos narcos en el retiro. La vida les es confortable en aquellas tierras remotas donde se empieza a detonar una guerra criminal.
A pesar de estos antecedentes, de estar documentada la actividad recreativa de los narcotraficantes en Baja California Sur, el Gobierno de la República no ha elaborado una estrategia para contener la violencia que se viene. No hay operativos especiales, ni una alerta roja.
Ante el evidente abandono de la autoridad para procurar el orden, la justicia, los criminales han dejado de ver a Baja California Sur como un lugar de recreo y lo han convertido en un centro de distribución de drogas de Sinaloa a Baja California y de ahí a los Estados Unidos. Como toda zona de distribución de narcóticos, una parte de los cargamentos se quedan para el consumo local, creando comunidades adictas que sustentan el narcomenudeo, otro dolor de cabeza para la sociedad local.
A la segunda captura de Joaquín Guzmán Loera, un reacomodo interno en el Cártel de Sinaloa enfrentó a Los Dámaso, liderados por Dámaso López Núñez, quienes se escindieron del grupo de Ismael “El Mayo” Zambada, y tomaron el territorio sudcaliforniano para iniciar su guerra.
Otras organizaciones criminales se han asentado en el antes paradisiaco destino que hoy, debido a la inseguridad y violencia, cuenta con una alerta de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que sus ciudadanos no visiten aquella región de México.
Entre los otros grupos criminales aposentados en La Paz y Los Cabos, aparte del cártel Arellano Félix figura una célula de los Beltrán Leyva, e incluso se ha reportado la presencia de Zetas.
Además, un informe reciente de la DEA (Agencia Federal Antidrogas de la Unión Americana), refiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con bases para delinquir y trasegar droga en La Paz y Los Cabos.
Sin presencia policíaca federal, y ante la falta de una estrategia de contención de la inseguridad por parte del Gobierno de la República y de las autoridades locales, los criminales organizados se han asentado en Baja California Sur. La guerra la han declarado y por lo menos cuatro cárteles la encabezan: Células de Arellano, de Sinaloa, de Los Dámaso, de Jalisco Nueva Generación.
En los últimos meses, Policías han sido atacados mientras ciudadanos son testigos vulnerados de balaceras en el día y en la noche. Con enfrentamientos contra elementos de seguridad, la quema de vehículos, el asesinato de dos policías y el atentado a Luis Alejandro Osorio Álvarez, Comandante de la Policía Estatal Preventiva, los criminales han dejado la guerra entre ellos, para declarársela a la autoridad.
Aun así, Baja California Sur no ha sido objeto de atención ni del Presidente Enrique Peña Nieto ni del encargado de la seguridad nacional, el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
Detenida en 2015 Melisa Margarita Calderón Ojeda “La China”, líder de célula de Los Dámaso en Baja California Sur, ha trascendido que en sus declaraciones en la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada) la mujer ha delatado la red de corrupción que su organización criminal tenía –o tiene- en las corporaciones locales, municipales y estatales, para mantener la ilícita actividad al margen de la ley. Pero esta información tampoco ha sido debidamente analizada ni operada por el Gobierno Federal para llevar a la aprehensión de policías y funcionarios corruptos.
Baja California Sur está en el abandono por parte del Gobierno federal. Lejos del centro del país, lo que ha sido conocido como un paraíso para los turistas se ha convertido en años recientes en una verdadera batalla campal entre los cárteles que se disputan ahora este codiciado territorio. Y nadie dice nada.
No será Tamaulipas, o Guerrero, pero la entidad gobernada por el panista Carlos Mendoza Davis requiere en este momento, atención de las fuerzas federales, para detener la ola de violencia que afecta a los ciudadanos, que pone en riesgo la seguridad nacional, y que ya llamó la atención del Gobierno de los Estados Unidos.
De seguir así existe el riesgo de ver a Baja California Sur sumarse a la lista de estados al borde del caos como es el caso de Guerrero y Tamaulipas. México merece un gobierno atento y capaz de poner fin a la narcoguerra que cada vez se extiende a más territorios ante la mirada atónita de los ciudadanos que tal vez nunca esperaron ver el lugar convertido en una zona de balaceras y muerte.
