Desde febrero, la Policía Federal seguía la huella del líder del Cártel Independiente de Acapulco, Freddy del Valle Berdel “El Burro” o “El Charro”, finalmente capturado la tarde del 23 de abril en Los Cabos. Después, el caos en el puerto guerrerense
Los Cabos, Baja California Sur.- Cuando el líder del Cártel Independiente de Acapulco, Freddy del Valle Berdel “El Burro” o “El Charro”, fue capturado la tarde del 23 de abril en Los Cabos, nadie fue informado oficialmente.
Ni el gobernador del Estado, ni el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, ni la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal o la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La detención del jefe criminal fue en un operativo secreto de un grupo de élite de la División de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, quienes desde el mes de febrero le venían siguiendo la huella, cuando huyó hacia Acapulco para refugiarse en ese destino turístico.
Los agentes federales obtuvieron información de que el líder del cártel -conocido por sus siglas como CIDA-, tenía algunos familiares en Cabo San Lucas. Por eso se trasladaron a la entidad, hicieron labores de inteligencia y en casi dos meses lograron ubicarlo y detenerlo.
El operativo de captura fue tan rápido y certero que inclusive el propio gobierno estatal -al igual que el municipal- dio por hecho que se trataba de un levantón, cuando según el reporte de vecinos, “los tripulantes de dos camionetas interceptaron y bajaron a la fuerza de un automóvil a una persona de tez morena, estatura mediana y robusta”.
Partes informativos de la Policía Municipal, Policía Ministerial y Policía Estatal Preventiva indican que vecinos “reportaron que alrededor de las 12:35 de la tarde de ese día, observaron cuando dos camionetas, una de color gris Jeep Patriot y otra dorada, Dodge Caravan, interceptaron a un automóvil negro”.
De las camionetas “descendieron dos hombres armados, vestidos con pantalón negro y guayaberas, y amagaron al chofer”. Entonces, y tras levantar las manos en el interior de la unidad, “bajaron al único tripulante con lujo de violencia, y lo subieron a la Jeep Patriot, emprendiendo una veloz huida con rumbo desconocido”.
Después de recibir el reporte, el código rojo fue activado y la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos; Policía Ministerial del Estado y Policía Estatal Preventiva, enviaron unidades de reacción inmediata, y, sin tener información del operativo federal, confirmaron la presunta privación de la libertad de un sujeto que respondía al nombre de Lamberto del Valle García.
El hombre de 32 años “había salido de su vivienda marcada con el número 360 de la Avenida Prolongación Ascencio y Calle Sierrita en la colonia San Bernabé, de San José del Cabo”; su automóvil Nissan Sentra color negro, con placas de circulación 840-PND-3, quedó abandonado en medio de la calle.
Por tal motivo, la PGJE movilizó al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Fabiola Meza Bareño, quien ordenó la recolección de evidencias y el levantamiento de testimonios de los vecinos.
La primera información que obtuvieron los agentes de investigación de la PGJE fue que la supuesta víctima era un presunto empleado de una compañía de equipos de seguridad y señalamientos, identificada como Cabo Extintor, localizada en el Kilómetro 33.8, sobre la Carretera Federal Transpeninsular.
Por la tarde, cuando los cuerpos de seguridad fracasaron en la búsqueda de las camionetas Jeep Patriot y Dodge Caravan, la PGJE analizaba el posible móvil de la privación ilegal de la libertad; por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer la captura del líder del CIDA, Freddy del Valle Berdel “El Burro” o “El Charro” en Los Cabos.
Según el comunicado oficial, el aprehendido era el jefe de la plaza del narcomenudeo de Acapulco y la cabeza más visible del Cártel de Los Beltrán Leyva, acusado de ser el autor intelectual de homicidios y secuestros de células criminales de grupos antagónicos, y extorsiones y cobro de piso a taxistas, comerciantes y empresarios, principalmente de las tres zonas turísticas más exclusivas de Acapulco: Las Brisas, Puerto Marqués y Punta Diamante.
El jefe criminal había sido detenido cuando salía de su última guarida en Los Cabos, y fue llevado al Centro de Arraigo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), acusado de homicidio, secuestro y extorsión.
EL PERFIL CRIMINAL
En el último mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares, “El Burro” o “El Charro” aparecía como líder del Cártel Independiente de Acapulco, después de la detención de Víctor Aguirre Garzón “El Feo”, ocurrida el 10 de marzo de 2015 en Mérida, Yucatán.
El mando criminal de “El Burro” duró prácticamente 409 días, y como posibles sucesores en Acapulco, suenan los de:
* David Palma Analco “El Deivi” o “El Chongo”.
* Juan Linares López “El Juanito”.
* Ramón Hernández Reyes “El Fufa”.
Acorde con reportes de inteligencia federal y militar, la carrera criminal de Freddy del Valle data de 2008, cuando se convirtió en sicario del llamado “Comando del Diablo” o “La Barredora”, y fungía como brazo armado del Cártel de Sinaloa en Guerrero.
Posteriormente, desertó y pasó a las filas de Guerreros Unidos -uno de los doce grupos independientes del Cártel de los Beltrán Leyva- hasta diciembre de 2009, cuando fue abatido el líder de la organización, Arturo Beltrán Leyva “El Jefe de Jefes” en Morelos.
Desde entonces el Cártel de los Beltrán Leyva comenzó a perder influencia y a dividirse, surgiendo grupos delictivos, entre éstos el Cártel Independiente de Acapulco.
Después de la detención de Víctor Aguirre Garzón “El Feo”, en marzo de 2015, el CIDA tuvo una fractura interna y vinieron los reacomodos de los dos grupos delictivos más fuertes.
Por un lado, el de Freddy del Valle Berdel “El Burro”, y por otro, el de los hermanos Alejandro e Irving de apellidos Magno Acevedo, conocidos como “El Correcaminos” y “El Pantera”, respectivamente.
Desde entonces se desató una sangrienta guerra entre células criminales del CIDA por el control de la plaza del narcomenudeo en la ciudad capital de Guerrero, donde también participa activamente el grupo criminal de las Fuerzas Especiales Unidas de Acapulco, emergido del Cártel de Sinaloa.
Los tres grupos criminales son los responsables de la ola de violencia en el puerto, y pelean la plaza del narcomenudeo en las zonas conurbada y oriente de la capital guerrerense.
La batalla más intensa se dio el 16 de noviembre de 2015, cuando a través de narcomantas colocadas en glorietas, cruceros y puntos de entrada, los tres grupos criminales se declararon la guerra abiertamente en mensajes, donde informaron el motivo de la lucha a la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva, Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Acapulco.
Según reportes de las autoridades, las zonas de influencia de “El Burro” son Punta Diamante, Puerto Marqués, Las Brisas, Colosio, Santa Cruz, Coloso, Cayuco, La Laja, La Morelos, La Burócratas, Victoria, Marroquín, Tenancingo, Tres Palos, Lomas de Chapultepec, Barra Vieja, Alta Progreso y Alianza.
LAS MATANZAS
La guerra entre células criminales del Cártel Independiente de Acapulco y de las Fuerzas Especiales Unidas de Acapulco, terminaron por convulsionar el principal destino turístico de Guerrero.
Los enfrentamientos armados, los cuerpos destazados, las narcomantas y la matanza de policías y hasta funcionarios, colocaron al otrora poderoso destino turístico, como el más violento de todo México.
Según el informe del Índice de Paz México 2016, por segundo año consecutivo, Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios de todo el país, con 54.5 crímenes por cada 100 mil habitantes.
Aunque tiene una ligera mejora frente al 66% que obtuvo en 2012, la tasa de homicidios de 2015, es tres veces mayor a la registrada en 2004.
En la lista de los crímenes más sonados en Acapulco y presuntamente ordenados por el líder del CIDA, aparecen los siguientes:
* Carlos Yebale de la O, ex director de Reglamentos y Espectáculos de Acapulco, registrado el 20 de julio de 2015.
* Jesús de la O Gallardo, regidor del PRI en el Ayuntamiento de Acapulco, ocurrido el 20 de octubre de 2015.
* Severiano Renata Bello, comandante de la Policía Municipal de Acapulco, perpetrado el 9 de octubre de 2015.
* Felipe Loyo Malabar, director de Gobernación, el 16 de noviembre de 2015.
* Andrés Lara García, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Acapulco, el 7 de diciembre de 2015.
* José Antonio Lemus Beltrán, asesor jurídico de policías municipales, el 12 de octubre de 2015.
* María Elena Zarate, dirigente de ambulantes, 18 de noviembre de 2015.
* Josy Mar Catalán Balanzar, Orlando del Valle Peña, Héctor Catalán Ortiz, Agustín Luna y Alfredo Comina Catalán, ex trabajadores del restaurante La Jaiba Loca, ocurrido el 5 de agosto de 2015.
* José Luis Mojica Zavaleta, ex trabajador hotelero y asesinado en la disco La Reyna el 18 de octubre de 2015.
Finalmente, el ataque a dos escoltas de Héctor Astudillo, quienes resultaron heridos al encontrarse en el bar VIP, resguardando al entonces gobernador electo de Guerrero mientras cenaba en el restaurante Forza Italia.
LAS REACCIONES
La noticia corrió rápida, veloz. Aún se escuchaban los disparos en la Avenida Costera Miguel Alemán, el epicentro turístico del Estado de Guerrero, cuando ya las redes sociales estaban inundadas de información. El servicio de mensajería instantánea WhatsApp, Facebook, Twitter, además de las redes de imágenes y video Instagram, Vine y Periscope, fueron las más utilizadas por la población para difundir sus versiones de los hechos.
Fue a las 9:00 pm del domingo 24 abril cuando todo sucedió. Difieren mucho los sucesos narrados por las autoridades y los testigos consultados por ZETA. Las autoridades, encabezadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores, como el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, no estuvieron en el puerto la noche de los hechos. Desde Guadalajara, donde ambos se encontraban para asistir a la inauguración del Tianguis Turístico, dieron la primera información sobre los acontecimientos, pasadas las 11:00 pm.
En sus publicaciones, los gobernantes decían a través de Twitter que todo “había regresado a la normalidad” y que se encontraban vinculados con el Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por los mandos de las policías locales, federales y de Fuerzas Armadas. Mientras tanto, en las redes circulaban fotografías y videos del pánico que vivieron los locales y el poco turismo que ese fin de semana había acudido al destino a vacacionar.
Las imágenes muestran a gente encerrada, tirada en el piso, en las principales plazas comerciales y negocios que aún se encontraban abiertos a esas horas de la noche. Hay varios videos tomados por amateurs y por periodistas profesionales en los que se escucha cómo afuera, los balazos aún resonaban.
Todo fue desconcierto, confusión. La población siguió compartiendo información hasta muy entrada la madrugada del lunes 25, día siguiente en que, por la mañana, las calles de la ciudad se observaban vacías.
Los acapulqueños seguían compartiendo su temor de salir a trabajar o a la escuela. Aunque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no lo ordenó así, más de 100 escuelas cerraron ante lo que consideraron “falta de condiciones de seguridad para los alumnos” de todos los niveles educativos.
De hecho, esta situación viene arrastrándose de varios años atrás, cuando integrantes del crimen organizado comenzaron a exigir cuotas a los maestros, o de lo contrario, los secuestraban o asesinaban. Entonces la Federación tuvo que enviar al Ejército a resguardar los planteles educativos de la región.
Astudillo fue el primero que otorgó varias entrevistas a medios locales y nacionales. En ellos aseguró que hubo una orquestación de intereses contrarios al gobierno para crear una “psicosis” que generara inestabilidad. Lo primero que hizo, antes de brindar información sobre la balacera, fue acusar a “las redes sociales” y a “trolls”, que aseguró investigarían, no así a los que perpetraron el ataque coordinado; primero al hotel Alba Suites, ubicado en la zona tradicional de Acapulco, en el cual se hospedan elementos de la Policía Federal (PF), y luego el enfrentamiento a balazos que sucedió entre las diversas corporaciones federales y un anillo de seguridad de supuestos miembros del crimen organizado, que según testigos que por temor no quisieron dar su nombre a ZETA, ocurrió frente al casino Emotion, subiendo por la Costera hacia la Avenida Reyes Católicos del fraccionamiento Magallanes, llegando a otra importante arteria: Avenida Universidad. Allí, decenas de automovilistas quedaron atrapados entre el fuego cruzado.
Varios de ellos, como la académica Rosa Isela Ojeda Rivera, esposa del ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, narró en su cuenta de Facebook que vieron a “hombres uniformados portando armas de alto poder en posición de ataque, con gritos y sumo nerviosismo”. La mayoría de ellos encañonaba a la población civil.
Al transcurrir el lunes 25 la información comenzó a fluir mucho más. El primer ataque había dejado un supuesto sicario muerto. Fue el único confirmado por las autoridades. Luego se supo, por la denuncia en Facebook de Alejandro Martínez Sidney, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos del puerto de Acapulco (CANACO SERVITUR), que uno de sus trabajadores, mesero de uno de sus restaurantes, había fallecido alrededor de las ocho de la noche por el fuego cruzado que dejó otra persecución.
El trabajador recibió un impacto en el corazón cuando se disponía a servir unas enchiladas de una mesa que se encontraba a su cargo. El empresario interpuso una denuncia en el Ministerio Público, por cual se abrió la carpeta de investigación TAB/BAH/01/0144/2016. Testigos del asesinato indican que los disparos provenían desde afuera, desde la Costera, donde transitó un convoy de alrededor de 30 camionetas de supuestos miembros del crimen organizado.
Varios taxistas que laboraron la noche de ese domingo confirmaron a ZETA que visualizaron el convoy referido, así como a casi 200 unidades de la Policía Estatal, Federal y de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. Se dirigían hacia el edificio Costera 125, donde se encuentran las oficinas de Inteligencia de la PF.
Aunque las autoridades, entre ellos el gobernador y el comisionado Enrique Galindo Ceballos, negaron que criminales hayan ingresado a las instalaciones, no esclarecieron el por qué los elementos de seguridad se apostaron en esa zona, tal y como muestran las evidencias que quedaron de videos e imágenes, así como los dichos de varios testigos.
Allí fue donde resonó más la balacera. En ese lugar quedaron decenas de impactos de bala en los establecimientos comerciales, entre ellos, en la fachada del casino Emotion.
En el transcurso de la semana las autoridades pidieron a la población serenarse y regresar a su rutina “para que todo vuelva a la normalidad”. Han acusado de ataques políticos y una campaña orquestada contra sus gobiernos.
Sin embargo, datos duros muestran otra realidad. Más de 300 comercios cerrados nada más en Acapulco, según lo que acusan diversos organismos empresariales, y sólo durante lo que va del presente año, lo que ha afectado a más de mil 800 familias que se han quedado sin fuentes de ingreso.
Esta misma semana, la organización civil Semáforo Delictivo Nacional señaló que Coyuca de Benítez y Acapulco son los municipios con las tasas más altas de homicidio en la entidad, con 114.3 y 114.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Según cifras publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos reportados por las procuradurías generales de Justicia de cada una de las 32 entidades federativas, en 2015 Acapulco tuvo el índice de violencia más elevado entre los municipios de más de 100 mil habitantes del país (229 para ese año). Desplazó así a Cuernavaca, Morelos, del primer sitio que había tenido en 2014, al tercero. Acapulco ya había ocupado el primer sitio en 2012 y 2013. El segundo lugar correspondió a Chilpancingo.
El Índice de Violencia de Acapulco -con 72.70 puntos-, elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C., es casi cuatro veces el calculado para todo el país (18.27). Además, de los 20 municipios con el mayor índice de violencia, cuatro corresponden a Guerrero.
EL ASESINATO DEL PERIODISTA FRANCISCO PACHECO BELTRÁN
La situación se agrava con el asesinato a periodistas. La mañana posterior a la balacera en Acapulco, en Taxco, la Zona Norte del Estado, se perpetró un asesinato en contra del periodista Francisco Pacheco Beltrán, que había sido muy crítico de la actual administración de Astudillo y del alcalde Omar Jalil Flores Majul, al que había acusado de varios actos de corrupción y desfalco de las arcas públicas.
En una declaración a la prensa, el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, señaló que una línea de investigación acusaba a “narcos”, porque supuestamente el periodista “los atacaba”. Sin embargo, en una revisión hecha por ZETA de la información publicada por Pacheco Beltrán en los últimos meses, no se encontró ninguna investigación relacionada con el crimen organizado, excepto que denunció que la Policía Federal había abandonado la zona, controlada por el Cártel Guerreros Unidos.
Esto lo confirmó el propio alcalde de Taxco, que aseguró a la prensa que en el momento del asesinato del periodista, sólo había 14 elementos de la Policía Federal, la cual tomó el control de la seguridad de la ciudad minera y orfebre desde que el Gobierno de la República prácticamente desmanteló a la corporación municipal.