Luego de casi 12 días sin laborar un grupo de jornaleros agrícolas, acompañados de la familia Chávez y abogados de éstos, se manifestaron este viernes 29 de abril en el Centro de Gobierno para exigir seguridad a las autoridades estatales tras el conflicto ejidal que existe en el cañón San Rafael, en Punta Colonet, municipio de Ensenada.
Los afectados pidieron una audiencia con el subsecretario de gobierno del estado Miguel Ángel Castillo Escalante, y el subprocurador de Justicia Marco Chavarría López, a quien solicitaron que despejen los caminos bloqueados por 60 hombres armados con machetes y palos que fueron contratados por la Agrícola Colonet, para resguardar un predio en litigio.
El lunes 18 de abril unos 75 policías ministeriales usaron la fuerza pública para ejecutar una orden de un juez referente a un juicio de restitución.
Ese día los oficiales arribaron al Rancho Hermanos Chávez, propiedad de la señora Olga viuda de Chávez, para romper candados y abrir un acceso de ocho metros. Como hubo resistencia por parte de la familia, los ministeriales usaron balas de goma y golpearon a mujeres delante de niños.
Una vez abierto el paso, el abogado de Agrícola Colonet de apellido Álvarez ingresó con trabajadores para colocar otro cerco en un perímetro de 90 hectáreas mismas que hasta octubre habían sido rentadas por el propietario de la Agrícola Colonet del empresario Arnulfo Martínez Silva.
El problema de inseguridad inició cuando la Policía Ministerial se retiró porque una vez que abrieron el cerco, los 60 hombres levantaron un campamento dentro de un camino vecinal. Pusieron piedras, camiones y palos.
Al momento son alrededor de diez empresas que no pueden ingresar a sus áreas de producción porque la vía está bloqueada. Aseguran que estos días, los sujetos han estado consumiendo drogas, alcohol y siempre están armados.
Los jornaleros agrícolas pertenecientes a las agrícolas afectadas expresaron su preocupación porque han perdido su fuente de trabajo al no poder entrar a la zona de producción y este viernes imploraron a la autoridad estatal para que despejen el área a fin de que les permitan laborar.
Finalmente Chavarría López y Castillo Escalante, se deslindaron de responsabilidad pero tras los argumentos de los manifestantes optaron escucharlos sin hacer compromisos firmes sobre despejar la vía.
Los inconformes advirtieron que si la autoridad sigue omisa ante el problema de inseguridad harán justicia por su propia mano.
“Ustedes son preventivos del delito, nosotros podemos actuar pero no hemos querido porque somos personas decentes pero si no nos dejan otra opción tendremos que defendernos”, indicó el representante legal de apellido Zavala.
