Desde hace varios meses el Secretario de Gobernación hace declaraciones espectaculares respecto a la seguridad pública en nuestro país. Que ya se redujo el número de secuestros; que ya se redujeron los índices de delincuencia; que ya bajó el número de homicidios, etcétera.
La sensación de inseguridad que refleja el ánimo de los mexicanos, de acuerdo a encuestas nacionales demuestran todo lo contrario y siguen siendo adversas a la opinión oficial. Según Consulta Mitofsky, en su encuesta más reciente del 2015, se incrementó de 26 a 31% el porcentaje de familias que dicen haber estado cerca de la comisión de un delito. 6 de cada 10 mexicanos temen ser víctimas de un secuestro o de un robo. Por supuesto el nivel de confianza en las autoridades sigue siendo muy bajo, es más, el 38% de los mexicanos considera muy peligroso ayudar a un policía. ¿Cómo es entonces que las autoridades viven en un país distinto al de la mayoría de los mexicanos?
Los recientes casos de violencia de policías frente a la población civil muestran lo aberrante de la figura policiaca. Curiosamente los dos casos más terribles han sucedido en Veracruz. El primero en Tierra Blanca, a principios del 2016, en donde cuatro hombres y una menor desaparecieron, después de ser detenidos por la policía estatal. Al final los desaparecidos murieron y los culpables resultaron policías, que se supone se les paga para proteger a los ciudadanos y enfrentar a los delincuentes.
En Veracruz nuevamente, ahora en Papantla, hace tan solo unos días desaparecieron 3 personas, las cuales se presumen muertas. Nuevamente las sospechas recaen en las policías, ahora en la municipal. Se detuvo a 41 uniformados, para tratar de encontrar los culpables. Seguramente los encontrarán, ¿pero quién restituirá a los familiares muertos? ¿Quién pagará por la tristeza, el dolor y la desesperanza ante el familiar o amigo desaparecido? Nadie. Eso es irreparable.
En el Estado de México 5 policías fueron los responsables de asesinar a 11 conductores en el 2010; en 2013, otro policía asesinó en Huehuetoca a una menor y lesionó a su tío; en octubre del 2014, un grupo de policías corruptos de Cuautitlán Izcalli, sembraron droga en jóvenes para extorsionarlos. La lista podría seguir, pero los ejemplos nos demuestran claramente que el sistema nacional de seguridad pública no ha funcionado integralmente, que las pruebas de confianza también son una vacilada y un renglón más para extorsionar y corromper.
En teoría todos los policías del país deberían estar certificados, con pruebas psicológicas, para conocer su perfil, con pruebas toxicológicas y todos deberían acreditar periódicamente el detector de mentiras. En la realidad no es así. Hay empresas que ya dan altos porcentajes de participación a las autoridades de los estados por hacer estas pruebas, pero por los altos porcentajes de comisión, éstas son puras patrañas. En la realidad, solo revuelcan la gata porque ésta queda igual de sucia, por eso seguimos teniendo policías asesinos, delincuentes, extorsionadores y al servicios de las mafias.
Mientras las pruebas de confianza no sean de verdad y no de mentiritas seguiremos lamentando los casos como los veracruzanos y el temor de la ciudadanía de ser secuestrada o robada, seguirá aumentando. Pero parece que este tema nadie lo ve o no lo quiere ver. Les llama más la atención comprar patrullas, cámaras o armas, lo que deja comisiones, pues.
El tema de la capacitación y las pruebas de confianza, son engorrosas y a nadie le interesan de verdad. Por eso seguiremos sufriendo la presencia de estos criminales con placas. Hasta que no reaccionemos y exijamos de verdad se aplique la Ley.
Amador Rodríguez Lozano, potosino radicado en Baja California. Fue Senador, Diputado Federal y Ministro de Justicia del Estado de Chiapas.
