Si la iniciativa 3de3 que propone la obligación de funcionarios de los tres poderes que integran el Estado mexicano, a presentar y hacer públicas sus declaraciones, patrimoniales, fiscales y de no conflicto de intereses, no se abordó en la Cámara de Diputados, porque ése es el acuerdo entre partidos.
De hecho, reflexionó el diputado federal Jorge Ramos Hernández, Movimiento Ciudadano intentó meterla en la Ley de Transparencia, cuando el acuerdo fue que se incluyera en la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, que se abordará en el Senado de la República, instancia ante la cual, organismos ciudadanos y empresariales hicieron llegar las más de 600 mil firmas ciudadanas que respaldan la inclusión de la iniciativa 3de3 en dicha ley.
Ramos admitió que en la discusión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información aprobada el martes 19 de abril se rechazó el introducir esa iniciativa, “por el acuerdo tácito que se hizo con el Senado de no discutir ese tema, porque ellos lo van a integrar a la Ley anticorrupción, cuya autoría demanda como cámara de origen…Nosotros traemos el tema de fiscalización, en el cual no se mete el senado, porque es de nuestra autoría”.
Eso no significa, sostuvo, “que desconozcamos o desdeñemos el tema, para ello hay grupos institucionalizados de parte de cada cámara, los cuales participan en las mesas de trabajo donde se discuten los temas”.
Respecto a la inconformidad de Movimiento Ciudadano, se dijo extrañado, porque los legisladores de ese partido avalaron el acuerdo entre ambas cámaras.
De ese tema, acotó, ni se aprobó ni se rechazó punto alguno, “porque lo aprobaremos tal y como lo mande el senado”, lo cual consideró factible sea llevado a la Cámara de Diputados la próxima semana, aún con la confrontación que la discusión de ese tema ha generado entre los diferentes grupos parlamentarios del senado.
José Alfredo Ferreiro, diputado federal por el Partido Encuentro Social, coincidió con la versión de Ramos Hernández, “3de3 va a venir dentro de la Ley general anticorrupción”.
Ante la controversia generado entre los senadores y la posibilidad que se extienda su discusión, Ferreiro Velazco consideró factible abrir un periodo extraordinario para que la Ley anticorrupción sea aprobada “a más tardar en mayo”.
Respecto a la Ley transparencia aprobada, explicó que amplía el número de sujetos obligados a subir información a los portales, para que todo ciudadano, lo solicite o no, pueda tener acceso. Además de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y organismos autónomos, también están obligados a informar personas físicas o morales, o que ejerzan actos de autoridad.
Instituciones que reciba recursos del estado –asociaciones civiles, sindicatos y partidos políticos–, deberán transparentar el recurso que reciben, caso contrario serán sujetos a amonestaciones, de apercibimiento público y económicas, estas últimas fluctuarán entre los 150 a los mil 500 salarios mínimos, indicó Ferreiro Velazco.
En tanto, la iniciativa 3de3 que promueven organizaciones ciudadanas determina sanciones económicas y penales no solo a funcionarios y políticos, sino también a las empresas con alguna participación en acciones públicas.
Primero, los servidores públicos tendrán que rendir una declaración patrimonial que permita conocer el estado evolución y valor estimado de los bienes que poseen, desde el inicio hasta el fin de su cargo.
Segundo, presentarán su declaración de intereses que permita identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones, tanto de un funcionario o persona de interés público.
Tercero, darán a conocer su declaración fiscal que compruebe su cumplimiento con el pago de sus impuestos.
