Aún no existe una fecha determinada para que se materialice la extradición del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán a los Estados Unidos, pese a los pronósticos de abogados y analistas. Aparte de la voluntad de los gobiernos para concretar la extradición, falta por desahogar una serie de juicios de amparo indirectos promovidos contra la posible resolución de entregarlo a la justicia del vecino país, pues a la fecha el capo no ha desistido de ninguno de los recursos, aunque algunos han causado sobreseimiento. Hoy, dos Juzgados de Distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México conocen de igual número de procedimientos para que “El Chapo” sea vencido en juicio y posteriormente, en la vía administrativa, la Cancillería mexicana emita su veredicto final. La legislación nacional establece que la participación de los jueces de Distrito se ciñe a colaborar en ese procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia en favor de los gobernados, intervención que finaliza con el hecho de emitir una “opinión” que a su juicio, justifique la procedencia o improcedencia de tal reclamo. Sin embargo, la apreciación del juez federal sobre el caso, en uno u otro sentido, carece de “coercitividad e imperio”; es decir, no tiene la última palabra, ya que quien en definitiva resuelve de manera legal acerca de la procedencia o no de la extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se espera que conforme se acerque la fecha de la declaratoria de procedencia de la extradición, el aparato jurídico del capo promueva nuevos juicios de amparo, lo que podría alargar la estancia de Guzmán Loera en el penal del Altiplano por lo menos durante el presente año.
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