En ediciones anteriores de Semanario ZETA le hemos presentado la denuncia de al menos 100 rampas en mal estado u obstruidas por infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (TELMEX) desde la colonia Miramar hasta la zona centro de la ciudad, sin embargo, el número es mayor; se tiene el reporte de más de 300 rampas que están en mal estado, en calles de La Paz, la mayoría pobremente diseñadas y sin ninguna funcionalidad.
La Coordinadora Independiente de Personas con Discapacidad en Baja California Sur anunció que este hecho se repite en todas las calles de la ciudad, y lo que es peor, se sigue repitiendo en cada obra de pavimentación, este registro lleva 8 años de recopilación y los reportes no han sido atendidos, al contrario, siguen sumando.
“De un registro que abarca de varios años, de los últimos ocho años, nosotros tenemos reportes de todas las rampas que existen o cajones azules, que existen en La Paz en mal estado, que tienen el impedimento para el desplazamiento propio de personas con discapacidad, particularmente en silla de ruedas”, aseguró el presidente de la Asociación, José Luis Licona Ruiz.
Pero hay otras denuncias, por citar, en las calles 16 de septiembre e Isabel La Católica existe una rampa diseñada con al menos 10 centímetros despegados del suelo, lo cual corrobora la mala planeación al construir esta infraestructura. Sin embargo, también es una constante en edificios públicos, como el Congreso del Estado, donde una rampa no solo debe cumplir con estar pegada al suelo, sino que la inclinación debe ser tal que no dificulte el acceso.
En este caso, la rampa de acceso al Congreso del Estado para personas con discapacidad, es de difícil acceso ya que está demasiado pronunciada y dificulta el tránsito para quien pretenda usarla, de acuerdo a una persona que la utilizaba, “está difícil subir por aquí, uno que tiene experiencia y la fuerza suficiente, pero imagínate alguien que no, es demasiada la pendiente que tiene”, explicó.
Por ello, el presidente de la Coordinadora Independiente de Personas con Discapacidad afirmó que para que este tipo de obras o adecuaciones a las obras, sean incluyentes, deben construirse por personas que conozcan el tema, y si no es el caso, por lo menos por sentido común, ya que al parecer de la asociación las obras se hacen al ‘ahí se va’.
“Es necesario que quien haga esos espacios, esos lugares, conozca del tema, conozca la normatividad para establecer esos lugares adecuadamente, pero sobre todo promover el respeto. De 300 rampas o más, porque hay lugares que fueron hechas al ‘ahí se va’, sin embargo lo hace, pero sin el más mínimo sentido común”.
Desafortunadamente para el sector de personas con discapacidad, el que estas obras no sean adecuadas para el transitar de cada día, solo es prueba de que los servidores públicos nada más piensan en realizar obras sin incluir a las personas con discapacidad. Ya que no se piensa en el cómo transitan por la zona o qué tan difícil sería para una persona en su lugar.
“Qué es lo que nosotros le pedimos a la autoridad, pedimos únicamente la aplicación de la ley, porque existe la normatividad, lo que pasa es que la autoridad hace oídos sordos a eso como si fuéramos ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría, sin embargo somos iguales ante la ley”, reiteró Licona Ruiz.
Recientemente en Comondú el Alcalde, Francisco Pelayo llevó a cabo capacitaciones para el personal del Ayuntamiento y algunas asociaciones civiles donde “vivieron la experiencia de caminar en pareja, donde un participante lo hizo a ciegas, para hacer conciencia de las dificultades por las que pasan las personas invidentes”, recordando los obstáculos que se encuentran a diario.
Sin embargo, es también el único ayuntamiento que ha implementado los llamados ‘Diablitos’ para aquellos automóviles que se estacionen en zonas azules, destinadas para personas con discapacidad. De acuerdo a la sanción “a quienes se estacionen en zonas pintadas de color azul, alcanzan una multa de cien salarios mínimos, que superan los 70 mil pesos y no pueden considerar descuentos ni exentarse por ninguna autoridad”, así lo expresó el titular de la Dirección de Seguridad Pública de aquella comunidad, Benigno Murillo Orantes.
Actualmente en el estado, se estima un aproximado de 50 mil personas con alguna discapacidad motriz, y con obstáculos construidos por los propios funcionarios perjudican el andar diario, y esto los expone a tener un accidente, ya que los obliga, en ocasiones, a usar las vialidades como el único acceso para transitar por las avenidas de la ciudad.
