Durante la firma del convenio entre el Seguro Popular y el Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPEBC) para la atención de pacientes psiquiátricos, decenas de afiliados y familiares reclamaron la insensibilidad de los funcionarios que cortaron el subsidio para su atención en el Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT).
“Nos hubieran tomado en cuenta antes de hacer sus pendejadas”, reclamó uno de ellos al director del Seguro Popular, Alejandro Monraz, quien justificó el cambio argumentando que lo que se aportaba al HSMT rebasaba lo permitido por el Catálogo Universal de Servicios de Salud, situación que había sido observada por el Auditoria Federal de Fiscalización.
Cuando los inconformes le cuestionaron si se trata entonces de una decisión con trasfondo económico, este lo negó, y mencionó que la atención a los pacientes se ampliará.
Sin embargo, aquellos que necesiten hospitalización tendrían que trasladarse al Hospital Psiquiátrico de Mexicali o a Playas de Rosarito. Además, los espacios para consulta en las instalaciones de Tijuana no tienen más de ocho módulos.
De acuerdo a cifras de ambas instituciones, por un lado, el Hospital de Salud Mental de Tijuana realiza alrededor de 4 mil atenciones mensuales, mientras que la unidad del IEPC en Tijuana, ha dado 200 anuales. La promesa de este último es ampliar a más de 500 consultas semanales.
Alejandro Monraz, director del Seguro Popular, aseguró que con 73 millones 500 mil pesos mensuales, el HSMT ofrece 27 mil 500 servicios al año solo en Tijuana –incluido por consulta medicamentos, estudios de laboratorio e imagen-, y que el IPEBC ofrece, con 30 millones de pesos, 33 mil 600 servicios en todo el Estado, pero destaca que las instalaciones de Tijuana al momento carecen de equipo de laboratorio.
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