Durante la madrugada del 19 de marzo, en Tijuana, cuatro hombres encapuchados entraron al bar El Camichín en el Bulevar Cuauhtémoc Sur de la colonia Dávila. Con escopeta lo asaltaron y se llevaron alrededor de 7 mil pesos. Mientras robaban el dinero golpearon a dos de los clientes e hirieron de bala a otros dos: una de las víctimas resultó con heridas en rostro, abdomen, brazo y antebrazo.
En los reportes de homicidios de este mes en Tijuana también se registró la muerte de un taxista que cobró su semana, y en el camino a su casa fue arrastrado a un inmueble vacío y asesinado a golpes por el producto de su trabajo. Apenas el jueves 17 de marzo, otro hombre fue asaltado en la Zona Centro de la misma ciudad; de un golpe derribó al ratero y huyó, pero su carrera fue detenida por una serie de puñaladas que le costaron la vida. El hermano del ladrón estaba vigilando que no hubiera policías, pero decidió intervenir cuando vio caer a su fraterno.
También la semana pasada, los medios de comunicación en Mexicali dieron cuenta de la inquietud ciudadana manifestada por la existencia de una banda de ladrones que ahora acostumbran a entrar a las casas de la capital bajacaliforniana cuando están las familias, para someterlas y agredirlas antes de despojarlas de sus pertenencias. Desde enero las autoridades dijeron que ya estaban tras la pista de estos delincuentes; en febrero publicitaron la captura de un sujeto, pero no ha habido más resultados y los robos con agresión física continúan.
De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, en el Estado se ha cometido un promedio de 4 mil 600 robos violentos por año en la administración del gobernador Francisco Vega, un promedio de 350 al mes.
Durante el último semestre, autoridades relacionadas con el tema de seguridad en los tres órdenes de gobierno se han dedicado a manifestar una y otra vez que, salvo el homicidio, el resto de los delitos, incluido el robo con violencia, van a la baja.
El discurso recuerda en mucho a la perorata aquella de 2008-2012, cuando las autoridades aseguraban que la gente de bien no tenía de qué preocuparse porque la inseguridad estaba afectando solo a los criminales.
Pero cómo no preocuparse cuando los asaltantes ya no se conforman con el dinero, con quitarle a la víctima sus propiedades, cuando las armas envalentonan a esas personas sin oficio ni beneficio, que sienten la necesidad sádica de saborear esos minutos de poder, de castigar a los que tienen sin importarles cuánto esfuerzo les haya costado adquirirlo.
Resulta indignante suponer hasta dónde llega el grado de indefensión de los ciudadanos que se ven enfrentados todos los días ante esos cientos de mujeres y hombres particularmente, cuando uno puede darse cuenta que están drogados, armados, y cualquier cosa puede suceder.
Además, la facilidad con que estas personas acceden a las armas en un país, en una entidad como Baja California, donde en teoría están prohibidas, es casi ridícula. Y como ejemplo están las siguientes cifras de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana, donde en 74 días, se abrieron 227 expedientes por personas en posesión de armas, y esos son los que se lograron detener, agregue Usted las armas usadas en los más de 170 homicidios, casi todos cometidos con armas que no están en el sistema de registro, por lo que no hay coincidencia balística.
Ahora sume gobiernos que no generan los empleos necesarios, que tampoco mejoran los niveles de salarios, menos aún identifican y tratan a los adictos, o castigan con efectividad a los que roban con violencia -la violencia solo agrega seis años a la pena-, o a los que son detenidos en posesión de armas.
Ni hablar de mejorar el patrullaje -dicen que no hay agentes suficientes- , o ampliar de manera suficiente la cobertura de alumbrado público, porque están muy ocupados intentando obtener beneficios en la asignación de contratos de luminarias.
Al final, en medio de la impunidad e inoperancia generada en el gobierno, se llega a crisis como la actual, donde la inseguridad no se dice, pero se padece. Donde los criminales se sienten todopoderosos, invencibles, escalan en su nivel de violencia y retan la ineficiencia de las autoridades. Al final el rehén indefenso de ambos comportamientos violentos, es el ciudadano común. Eso es lo que está sucediendo justo ahora.
Y las alternativas de defensa se agotan porque de poco sirven los reclamos de los Consejos Ciudadanos que denuncian ante un gobierno como el que tenemos en Baja California, que desprecia la participación social, que no se expone como cualquier residente de esta entidad que ahora es vulnerable hasta en su propia casa.
