Del 8 de enero al 5 de febrero, los abogados de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, interpusieron 12 amparos.
Los actos reclamados son diversos: Contra la orden de extradición. Segregación o confinamiento, tratos crueles e inhumanos, así como la tortura física, psicológica y moral. Sometimiento a violenta degradación e inhumano tratamiento. Maltrato psicológico, físico y degradante al que ha sido sometido con inusitada violencia.
Deportarlo o extraditarlo a los Estados Unidos sin respeto ni formalidades esenciales del procedimiento, hacerlo víctima de desaparición forzosa.
Hay más:
Detención con fines de extradición. Orden de detención con fines de extradición, reaprehensión o solo extradición. Incomunicación, segregación, aislamiento y negativa de visita. Recluido en una celda especial de castigo, en condiciones de riesgo derivadas por bajas temperaturas que vulneran su salud. Intimidación y amenazas. Tortura psicológica. No le dejan dormir. Perros ladran todo el tiempo junto a su celda. No le permiten visita familiar, íntima ni de abogados.
Doce amparos de los cuales diez están vigentes, en proceso, en siete juzgados de Distrito en materia penal y de amparo, con sede en Ciudad de México y el Estado de México, donde el capo señala como autoridad responsable desde al Presidente de la República para abajo.
Protagónico, el narcotraficante ha utilizado indistintos medios y personas para intentar humanizar su imagen. Un narcotraficante suele verse como una persona de sangre fría, que no tienen respeto por la vida y los derechos del resto, un hombre de excesos que sabe aprovechar la impunidad que gobiernos cómplices le confieren.
En la historia contemporánea ha quedado registro de las atrocidades cometidas por líderes de cárteles de la droga, en obras de no ficción. Por ejemplo el libro El Cártel, La mafia más poderosa de América Latina, de Jesús Blancornelas publicado en 2002 por Random House Mondadori, donde el periodista describió a detalle la sangrienta trayectoria criminal de los hermanos Arellano Félix. Relatos de terror como el hecho de iniciar a alguno de los sicarios ordenándole el asesinato de la primera persona que transitara por la banqueta, o matar a otro por inocentemente exigir tranquilidad.
El cártel de Sinaloa funciona como tal desde 1989. En 27 años de estar al margen de la ley es imaginable, creíble y previsible que sus miembros sean responsable de una buena parte de los asesinatos que se cometen en México. También del creciente consumo de drogas que la autoridad federal, la Secretaría de Salud, no tiene cuantificado pero que el ciudadano común, usted, yo, atestiguamos en las calles todos los días, y al ser víctimas de delitos menores por parte de improvisados y drogados vándalos que roban para mantener la adicción.
En los últimos tres años, los primeros de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República Mexicana, el equipo de información e investigación de ZETA ha documentado 60 mil 209 ejecuciones, u homicidios dolosos, violentos, producto del enfrentamiento entre los cárteles de la droga y, en contadas excepciones, por el combate del Gobierno Federal.
El 64.66 por ciento de esas ejecuciones han ocurrido en diez estados de la República Mexicana en los cuáles el cártel de Sinaloa tiene presencia: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Baja California.
No se necesita ser un investigador de esos que no existen en la Procuraduría General de la República (PGR), para determinar la capacidad armamentística, de logística, el nivel de impunidad que se vive en esos estados y quiénes son los responsables. Pero aun así para el Gobierno Federal, para la Fiscalía, ha sido sumamente difícil lograr que un Juzgado Federal condene a “El Chapo”. Actualmente, el conocido narcotraficante tiene más de una decena de causas penales, la mayoría por delincuencia organizada, pero el Gobierno Mexicano no ha logrado probárselo.
Por eso el capo solo ha sido sentenciado en tres ocasiones. Un Juzgado con sede en el Distrito Federal lo sentenció a 7 años de prisión por cohecho. Uno de Toluca le dio 6 años de cárcel por asociación delictuosa, y uno de Jalisco lo sentenció a 7 años con nueve meses por cohecho y asociación delictuosa. En total, 20 años con nueve meses.
Ese nivel de impunidad, producto de la complicidad y la incapacidad del Gobierno Federal para procesar y juzgar de manera eficiente y científica a un hombre por los delitos que ha cometido, seguramente ha impactado en la personalidad del narcotraficante que, además, fue catalogado por el Gobierno de los Estados Unidos –Y por algunos estados de aquel país- como el enemigo público número 1, o el narcotraficante más buscado del mundo, o el número 1 de los 10 más buscados. Ese contexto lo ha llevado a fugarse en dos ocasiones.
En el colmo de la impunidad, “El Chapo” ha llevado su vida privada y su vida íntima a lo público. No solo sabemos de sus relaciones con actores y actrices, ahora también de sus mujeres y sus hijos –o hija, en este caso-. De sus palabras de amor, y de su manera de ser.
Todos los actos públicos que ha emprendido Joaquín Guzmán Loera, el encuentro videograbado con Sean Penn, los mensajes de texto con Kate del Castillo, la entrevista a su última esposa, Emma Coronel, la entrevista a su hija –aún no se demuestra lo contrario- Rosa Isela Guzmán, y los doce amparos que sus abogados han ventilado en un mes, tienen un objetivo: humanizar al capo ante los ojos de la sociedad.
En lo que es, evidentemente, una campaña orquestada por alguna mente cómplice del capo, los mexicanos hemos sido testigos de una cascada de acciones y entrevistas concedidas en “la clandestinidad”, para quitarle al capo la imagen de hombre sanguinario, de vendedor de droga, de comprador de armas, de lavador de dólares, de corruptor; todo a partir de los dichos de las mujeres que hablan del hombre y no el narcotraficante, de la hija que desvía la atención de su padre hacia los políticos cómplices o sus compinches que le han traicionado, el texto del hollywoodense hablando de un hombre que no parece ser lo que es, los amparos porque no le dejan dormir, porque lo torturan, lo presionan y lo afectan psicológica y moralmente, hasta denunciar la intención de una desaparición forzosa, y condiciones inhumanas de reclusión.
El Gobierno Federal –en su momento el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón- que encabeza Enrique Peña Nieto, no ha sido capaz de procesar al narcotraficante, probar que ha cometido los delitos de los que se le acusan. Probar que trasiega droga, que ordena asesinatos, que compra armas, que corrompe y mata. Si el Gobierno de Peña cumpliera con esa función de procurar justicia, si el Poder Judicial la administrara en este caso, la humanidad de “El Chapo” no estaría en primera plana. La campaña de “El Chapo” no tendría el efecto que tiene hoy: vender y comprar la humildad de un narco, pisoteando la dignidad de las víctimas. Volviéndolas a matar con el olvido de la justicia ante la preponderancia de la campaña mediática del cínico criminal. Qué sociedad la nuestra si se lo permite. Qué país.
