El juzgado sexto militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria, por el delito de infracciones de deberes militares, a seis de los siete militares que participaron en el enfrentamiento de Tlatlaya, Estado de México, ocurrido el pasado 30 de junio del 2014, en los cuales fallecieron 22 civiles, todos supuestos delincuentes.
Un séptimo militar fue condenado a prisión por “desobediencia”, pero ya purgó la condena, informó el juzgado militar.
Tras darse a conocer la resolución del juez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH), advirtió que el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”.
Para el CentroPro, la exoneración de los militares “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permita que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.
“Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, subrayó el centro de derechos humanos.
Asimismo, el Centro criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) “fragmentó la investigación del caso Tlatlaya integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército mexicano que pudieron estar involucrados en los hechos”.
El 2 de julio de 2015 el Centro ProDH solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.
“Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, apuntó el Centro ProDH, el cual recalcó que a pesar de esta sentencia absolutoria aún hay varios procesos abiertos.
Entre ellos, el de la justicia civil federal, en la cual tres militares están imputados por cargos de homicidio. Además, laPGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir.
Por otra parte, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por la víctima Clara Gómez González, para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
