La educación es un derecho humano consagrado en el Artículo 3 Constitucional, que “garantiza” que todo hombre, mujer, niño, joven y adulto tenga acceso a la capacitación, información, enseñanza y cultura.
Como argumento esgrimido por el secretario de Educación de Baja California, Mario Herrera, para conminar a maestros y padres de familia a no suspender las clases para manifestarse porque el Gobierno del Estado no paga el sueldo a un promedio de 2 mil 500 a 3 mil maestros interinos, es válido.
Lo que no se vale es la actitud amenazante del secretario Herrera cuando el Poder Ejecutivo bajacaliforniano del que forma parte y al que representa, ha violado durante dos años, el también derecho humano y constitucional de estos maestros interinos a recibir un salario. Y además tiene el descaro de advertir que seguirán haciéndolo.
El Artículo 5 Constitucional es claro al indicar que “Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”, y que “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución”.
En el Artículo 82 de la Ley del Trabajo se establece que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al empleado por su trabajo, que cuando el empleo es físico se paga a la semana, e intelectual a la quincena, y el pago debe ser puntual y completo.
Mientras la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios advierte en su Artículo 57 que serán condiciones nulas y no obligarán a los servidores públicos, aun cuando las admitieren expresamente, las que estipulen, “plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás prestaciones económicas”; y en el Artículo 98, que es obligación de las instituciones públicas “pagar oportunamente los sueldos devengados por los servidores públicos”.
Sin embargo, para los maestros interinos y evidentemente para el gobierno de Baja California, todas esas leyes han sido letra muerta, porque en los últimos dos años se han caracterizado por compromisos incumplidos de pagos y un titular del ramo educativo que no termina de informar del tamaño del problema, ni precisar a detalle las medidas aplicadas para su solución.
Durante 2015, después de varias manifestaciones por falta de pagos a interinos, el 31 de octubre, Mario Herrera declaró ante reporteros que el Sistema Educativo Estatal pagaba 693 millones de pesos a maestros liberados (2 mil 470 o 2 mil 720 prejubilados, cifra que tampoco han precisado) e interinos. Cuatro meses después los números cambiaron y aseguró públicamente que la actual administración ha destinado más de 509 millones de pesos repartidos en 25 nóminas extraordinarias.
A ZETA, el gobierno le proporcionó otros números, los cuales informan que desde noviembre de 2013 han pagado 454 millones 500 mil pesos en nóminas extraordinarias, pero aún deben 190 millones de sueldos de agosto a diciembre de 2015, y no se han gestionado los recursos que se deben de enero de 2016 a la fecha.
Más puntual, este mes, Francisco Castro, director de Planeación, Programación y Presupuesto del SEE, explicó que los kikistas apenas han gestionado recursos para saldar el 25 por ciento de lo que adeudan a los maestros y que los pagos podrán hacerse con puntualidad hasta 2019, año en que consideran actualizarse con las jubilaciones y sus pagos.
Lo que significa que, incluso si consuman- en 2014 no cumplieron todos sus compromisos- el pago de las nóminas extraordinarias anunciadas entre marzo y junio, sigue siendo inexacto eso de que en junio de este año se terminarán los problemas de adeudos a maestros, como ha prometido el secretario Herrera, que a partir de agosto se les pagará a los educadores catorcena con catorcena.
Además, para cumplir con los pagos que se adeudan en los próximos cuatro meses, anunciaron que ahorrarán 100 millones de pesos, dinero que no ha quedado claro de dónde provendrá; aseguran que parte saldrá de los recursos asignados para viajes y viáticos (20 millones de pesos el ISEP y 2 millones la SEBS para 2016), así que por ese lado quedan cortos, a menos que haya recorte en otras secretarías, pero eso no lo han dado a conocer.
Dijeron que otra fracción del recurso la ahorrarán fusionando grupos, sumarán más pupilos a maestros que ya tienen plazas en salones con pocos alumnos -gobierno refiere hay 2 mil 400 docentes en esta situación, sindicatos lo niegan. Se supone, dice Herrera, que no se desempleará a nadie, que con la redistribución de alumnos, únicamente menos docentes quedarán bajo la figura de interinos Sin embargo, esto podrán empezar a hacerlo hasta septiembre, cuando inicie el siguiente ciclo escolar.
Entonces sigue confuso el origen y la viabilidad de los recursos para los pagos prometidos, tan nebuloso como la forma en que será administrado el préstamo que se tramitó para combatir la insolvencia financiera del ISSSTECALI respecto al pago de jubilaciones, que fue el origen de todo este problema.
La educación es un tema serio que exige compromiso, los alumnos, maestros y ciudadanía en general requieren que el gobernador Francisco Vega, su secretario de Educación y el gabinete en pleno, ofrezcan soluciones reales y dejen de violentar los derechos salariales de casi 3 mil profesores responsables de formar a las futuras generaciones de bajacalifornianos.
