Mientras que ex funcionarios municipales estrenan negocios, alcaldes de La Paz y Los Cabos aún no presentan el informe de resultados de las auditorias forenses y tampoco deslindan responsabilidades
Ya pasaron 160 días, y los alcaldes de La Paz y Los Cabos, Armando Martínez Vega y Arturo de la Rosa Escalante, respectivamente, no terminan por presentar de manera oficial los resultados de las auditorías forenses que según presumen, contrataron para detectar información financiera, contable, legal y administrativa sobre posibles fraudes, malos manejos y desvío de recursos públicos de sus antecesores.
Durante la campaña proselitista, y en su toma de protesta, el 27 y 28 de septiembre de 2015, los ediles prometieron investigar a los ex presidentes municipales, Esthela Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño, así como a familiares, amigos y sus más cercanos colaboradores, quienes en cuatro años y medio acumularon sus fortunas
En octubre de 2015, en el seno del Cabildo, los alcaldes solicitaron la contratación de despachos contables externos para la realización de auditorías forenses y recolectar evidencias documentales que permitieran criminalizar la corrupción galopante en las anteriores administraciones.
Fue así, como, según datos recolectados por ZETA, en el caso del XII del Ayuntamiento Los Cabos, se contrató a la firma Russell Bedford, cuyo despacho aparece en el ranking de los 15 mejores en México y forma parte de una red mundial de despachos independientes con 300 oficinas en 100 países.
Por dentro, el restaurante bar sushi “California”, completamente equipado
En el caso de La Paz, el Comité de Adquisidores del XV Ayuntamiento de La Paz negó proporcionar el nombre del despacho contable.
No obstante, aun sin tener el resultado de las auditorías en la mano, los alcaldes Armando Martínez Vega y Arturo de la Rosa Escalante, tras tomar posesión del cargo, detectaron las siguientes irregularidades.
En La Paz:
* Una deuda pública de alrededor de mil millones de pesos, la cual se triplicó en la pasada administración.
* El desvío de recursos federales por el orden de 15 millones 932 mil 271 pesos del Fondo para la Infraestructura Municipal en el ejercicio fiscal 2013, y 11 millones 495 mil 873 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal en el ejercicio fiscal de 2013; 11 millones 400 mil pesos del fideicomiso para la construcción de una fuente danzante y la remodelación de 215 locales comerciales del Centro Histórico de La Paz.
* La no comprobación de gastos de un crédito bancario de 150 millones de pesos autorizado por el Congreso local en el ejercicio fiscal 2014, 20 millones de los cuales estaban etiquetados para la liquidación de 546 empleados en un supuesto programa de “Retiro Voluntario”.
En Los Cabos:
* Una deuda pública de mil 200 millones de pesos, la cual se duplicó en el anterior gobierno municipal.
* El gasto irregular de 234 millones 643 mil 638 pesos en el ejercicio fiscal 2012, el cual no fue autorizado por el seno del Cabildo.
Armando Martinez Vega. Esondieron a la empresa auditora; Alfredo Zamora Garcia. Llego la hora de legislar en material de auditorias y fiscalizacion
* Los desvíos de 22 millones 300 mil pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Impuesto Estatal sobre Nómina en el ejercicio fiscal 2011; 3.4 millones del SUBSEMUN en 2012; 3 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en 2012; y 7 millones 800 mil pesos del Impuesto Estatal sobre Nómina en 2012.
A PESAR DE LA DEUDA PÚBLICA
Mientras los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos apenas parecen reponerse de la bancarrota, a pesar de haber ingresado en la lista de los 15 ayuntamientos más endeudados del país, con más de mil millones de pesos de deuda pública, por debajo de Guadalajara, Tijuana, Zapopan y Nuevo Laredo, algunos ex funcionarios de pasadas administraciones, comenzaron a abrir comercios y negocios a la vista de todo mundo, tras dejar el cargo público, bajo la sospecha de invertir recursos públicos desviados en los anteriores gobiernos.
Tal es el caso -según datos obtenidos por ZETA- de los siguientes ex funcionarios del gobierno del ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño:
Emilia Vega Uribe. Ex regidora y ex tesorera, quien en sociedad con el ex director de Protección Civil, Joaquín Téllez Álamo, abrió el centro nocturno Oasis sobre la calle Francisco Villa y Avenida Lázaro Cárdenas en el puerto de Cabo San Lucas.
Como se recordará, este último ex funcionario fue temporalmente separado del cargo, después de ser detenido por la Policía Ministerial del Estado, acusado de haber participado en los saqueos de supermercados, tras el paso del huracán “Odile” en Los Cabos; tenía en su poder 60 cajas de juguetes, una motocicleta, tres hornos de microondas, cuatro vajillas y un sinnúmero de artículos robados.
La firma del ex alcalde de Los Cabos, en la mayoría de las autorizaciones de recursos que fueron desviados y detectados hasta este momento.
Salvador Solorio Ceseña. Ex coordinador municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), quien inauguró el colegio Cabo Mágico sobre la calle Álvaro Obregón en San José Viejo, el cual aparece a nombre de su esposa Brenda Castro Espinoza.
Luis Armando Díaz. Ex director de Desarrollo Social, quien -en su momento- abrió el bar Las Divinas en Cabo San Lucas, en sociedad con el empresario consentido de la pasada administración, Ignacio Obed Arce Peñuelas “El Nacho”, y el dueño de las taquerías El Paisa, Juan Diego Osuna Salas.
De hecho, durante la revisión de la licencia comercial del negocio por parte de la coordinación de Inspección Fiscal, tras ser ejecutado en la puerta del establecimiento el narcomenudista José Guadalupe Sández López “El Dócil”, la madrugada del 27 de diciembre de 2015, fue descubierto que operaba con una licencia a nombre de Luis Armando Díaz y con un domicilio fiscal en San José del Cabo.
Raúl Verdugo Montaño. Ex director municipal de Ingresos de la Tesorería, abrió a principios de febrero el restaurant bar sushi de nombre California, sobre Avenida Forjadores esquina con Baja California en la colonia El Zacatal de San José del Cabo.
En este último caso, el negocio opera con la licencia comercial, bajo el número 7365-373, y aparece a nombre de su esposa, Brenda Guadalupe Gálvez Rivas.
La entrañable amistad y sociedad del ex funcionario con el ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, es de sobra conocida en San José del Cabo.
Tanto así que, según fotografías obtenidas por este Semanario, prueban que el negocio de sushi fue inaugurado por el propio ex presidente municipal cabeño.
En las gráficas publicadas en esta edición aparece el Padre Jorge cortando el listón, acompañado del ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño y su esposa, Gloria Gavarain, así como su hija Sarahí Agúndez Gavarain.
De igual manera, Raúl Verdugo Montaño con su esposa e hijo.
EL RETRASO
Como es natural, conforme pasan los días, el evidente retraso levanta una serie de expectativas sobre si se actuará o no penalmente en contra de los ex alcaldes y sus ex colaboradores.
Tanto que hasta los propios regidores, como el de Los Cabos, el priista Jesús Flores Romero, tiene serias dudas porque “ya venció el tiempo y seguimos esperando resultados”.
El negocio de Luis Armando Díaz en Cabo San Lucas.
Según datos recabados por ZETA, el informe de resultados de Los Cabos debió entregarse a más tardar el 26 de febrero pasado, pues el contrato con la firma Russell Bedford establece un plazo de 125 días naturales, a partir del 26 de octubre de 2015, cuando fue firmado y acordaron pagar 2 millones 238 mil 800 pesos, distribuidos de la siguiente manera:
* 778 mil pesos de anticipo y dos pagos de 576 mil pesos, más 308 mil 800 pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
No obstante, la síndico municipal de Los Cabos, Susana Zatarain García, adelantó que “el despacho solicitó oficialmente una prorroga para la entrega de resultados”, ya que “era un mundo de información y había un cochinero de papeles que tuvieron que ordenar inicialmente, y entonces comenzar a revisarlos”.
A pesar de haber vencido el tiempo, la responsable del patrimonio municipal cabeño se declaró “contenta” porque “hubo hallazgos importantes en cinco áreas de gobierno y están terminando de revisar otras tres, lo que nos permitirá trabajar a la brevedad posible en el tema legal y solicitar el deslinde de responsabilidades en contra de los presuntos responsables”.
Sin embargo, al cierre de esta edición, la solicitud de prórroga -de acuerdo al contrato- apenas sería ingresada para su votación y autorizada por el seno del Cabildo cabeño, pero podría ser improcedente, en virtud de que debió presentarse cuando menos con 15 días de anticipación.
La cláusula 8 refiere: “En caso de ser necesaria alguna modificación sobre la vigencia del presente contrato, las partes acuerdan revisarlo, siempre y cuando dicha modificación sea presentada por escrito con 15 días de anticipación, debidamente firmada por el representante legal”.
Es decir, la solicitud de prórroga debió ingresar a más tardar el 14 de febrero de 2016.
En el caso de La Paz, el alcalde Armando Martínez Vega anunció que a más tardar el 15 de marzo se daría a conocer el informe de resultados de la auditoría forense, cuyo proceso estaba por concluir.
El edil comentó que no se iba a “tapar nada” y turnaría las demandas penales correspondientes -en caso de recursos estatales o federales- a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Procuraduría General de la República (PGR).
Arturo de la Rosa Escalante. Venció el tiempo.
Sobre estos hechos, el diputado y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de la XIV Legislatura, Alfredo Zamora García, expresó: “Trabajan en la revisión de marco jurídico en material de transparencia, rendición de cuentas, auditorías y fiscalización de recursos, y reformar la legislatura en la materia, porque nos parece inadecuado que sea determinada la no aprobación de una cuenta pública; y por otro lado, no existan medidas especificas de sanción o resarcitorias sobre daños patrimoniales.
“Lo que queremos hacer es que si hay un recurso público que fue sustraído indebidamente, lo primero que vamos a hacer es, aparte de la sanción administrativa y la denuncia penal, que ese dinero debe regresarse al erario público”.
El diputado panista argumentó que “si a un ente público se le revisan las cuentas y no son aprobadas, lo que debemos ver enseguida es una serie de sanciones administrativas, penales y resarcitorias, y no lo que hemos visto en todo este tiempo de que hay entidades gubernamentales que en cinco o seis años no se les ha aprobado ninguna cuenta pública, y francamente no ha pasado nada”.
— ¿Por qué no ha pasado nada?, preguntó ZETA.
“Porque el Órgano de Fiscalización Superior no está haciendo bien su trabajo, porque quizá no tiene los elementos jurídicos correspondientes, o a veces señalan observaciones que en muchas de las veces son mínimas, y esas nos llevan a la conclusión de que las cuentas públicas no se aprobaron por cosas pequeñas y nunca pensando que no hay sustracción de recursos públicos. Esa ambigüedad tenemos que desaparecerla, y debe quedar claro que cuando haya alguna observación, sea porque hay sustracción ilícita de recursos públicos”, concluyó Zamora García.
