Ni los números de las autoridades coinciden con la cifra de desaparecidos en Baja California. Mientras a nivel federal se discute una Ley General contra Desapariciones, legisladores locales no han armonizado la Ley General de Víctimas. Los pendientes del gobierno con los familiares de los desaparecidos, van en crecimiento
En los registros oficiales del gobierno, un día hay más de mil personas desaparecidas en Baja California y al siguiente, solo 21.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2005 a la fecha, solamente 21 mujeres y hombres, entre 20 y 66 años de edad, se encuentran desaparecidas.
Un año antes, en 2014, cuando la Secretaría de Gobernación creó este registro, la cifra llegaba a mil 260 personas.
Aunque la anomalía en las cifras se puede explicar por la falta de aplicación de protocolos y criterios para crear esta base de datos, cuyo propósito fundamental era concentrar la información de las Procuradurías Estatales y servir como fuente fidedigna, para la investigadora Carolina Robledo Silvestre, la disputa de fondo es que las autoridades no reconocen la dimensión del fenómeno.
La doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, ha trabajado desde hace diez años con asociaciones civiles y con dependencias gubernamentales para documentar la problemática de las desapariciones en Baja California.
Así fue como descubrió, al hablar de desaparecidos, que “la categoría legal ha sido rebasada por los hechos”. Robledo Silvestre explica: “Desde las asociaciones y la academia se defiende una categoría construida por los propios familiares: una persona que no está, que ha estado ausente por muchos años”.
Sin embargo, en términos legales, el hecho debe encajar en un delito específico: secuestro, privación ilegal de la libertad o rapto.
Foto: Archivo/restos óseos hallados en predios de “El Pozolero”, sin identificar
¿CUÁNTOS DESAPARECIDOS HAY?
A través de solicitudes de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la doctora Robledo Silvestre obtuvo las cifras oficiales sobre personas reportadas como desaparecidas en Baja California. Éstas tampoco cuadran.
En primera instancia, la académica solicitó datos de 2000 a 2013 bajo la categoría “personas que se han reportado como secuestradas o ausentes y que no se ha logrado dar con su paradero (vivo o fallecido)”.
La respuesta, de entrada, fue que la autoridad no tiene registros de 2000 a 2005. En total, la PGJE reconocía 499 casos distribuidos entre diciembre de 2006 y 2013.
En una segunda solicitud de información, la cifra aumentó a 511 reportes de personas desaparecidas. Mientras que para algunos años como 2006, 2011 y 2012, el número disminuyó, y en otros años aumentó hasta 14 casos.
La primera anomalía que Robledo Silvestre halló fue que la estadística oficial no correspondía con lo que asociaciones civiles habían documentado. Precisamente entre 2006 y 2007, familiares reportan el mayor registro de casos de personas desaparecidas, pero para la PGJE existe un máximo de 15 casos.
De otras solicitudes de información, se desprenden más números desiguales. Por ejemplo, entre 2010 y 2015, la Procuraduría reportó 266 denuncias levantadas por el delito de secuestros y 348 personas liberadas por el mismo delito. La diferencia entre la primera y segunda cifra es del 23.5 por ciento.
Aunque ésta podría considerarse la cifra negra entre los casos de secuestro y las denuncias, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 obtuvo que sólo uno de cada 10 delitos es denunciado.
De ahí que la doctora Carolina Robledo Silvestre señale “la incompetencia de la autoridad para crear bases de datos a través de los cuales podamos darnos cuenta de la problemática”.
Los casos de personas extraviadas son todavía más ambiguos, refiere la autora de artículos y libros sobre la Ley de Víctimas y las consecuencias de la violencia en el norte del país, ya que en el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la PGJE, se levanta solamente un acta circunstanciada “porque el Ministerio Público asume que no existe ningún delito sin que haya una investigación antes”.
Esto es preocupante, ya que tanto el secuestro como la privación ilegal de la libertad, prescriben. “Ya hay casos que están cerrando porque cumplieron diez años, cuando el delito de desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, tipificado en Baja California; uno de sus principios es que no puede prescribir hasta que la persona aparezca”.
LA LUCHA POR DAR IDENTIDAD
Tras encontrar registros no fidedignos de las personas desaparecidas en Baja California, la investigadora Robledo Silvestre recurrió a los expedientes de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad (ACCI), 66 fueron los más completos.
Esta asociación, presidida por la fallecida Cistina Palacios Rojí de Hodoyán, se dio a la tarea de documentar los casos de familiares de desaparecidos que acudían a su organización civil en búsqueda de ayuda.
Fue así como Robledo Silvestre registró que las desapariciones se concentraban entre jóvenes de 20 a 29 años con un 31.81%, seguido por el grupo de 30 a 39 años de edad, con casi un 20%. De igual forma, la mayoría de los casos corresponden tanto a personas dedicadas a comercios y negocios y estudiantes.
La doctora también encontró que los familiares categorizan y clasifican la desaparición “de maneras que no necesariamente corresponden con la clasificación oficial”. Por ejemplo, “levantones”, “salió de casa y no regresó” “fue al trabajo y nunca volvió”, “iba para la plaza comercial”, o bien, como “secuestro”.
No obstante, casi una tercera parte de quienes reportaron a su familiar como desaparecido, no encontró una forma de explicar cómo ocurrió la desaparición.
Foto: Archivo/Búsquedas improvisadas por familiares
BAJA CALIFORNIA SIN PROTECCIÓN A VÍCTIMAS
Han transcurrido casi tres años desde la aprobación de la Ley General de Víctimas en México, y Baja California es uno de los Estados donde no se ha armonizado la legislación local.
“Los derechos de las víctimas ya están dados, no tendrían que estar luchando porque se respeten esos derechos. Lo que tiene que hacer el Congreso de Baja California es garantizar la institucionalidad para hacer cumplir esos derechos”, apunta la doctora Robledo Silvestre.
El 23 de febrero, la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California presentó una iniciativa ciudadana de la Ley de Víctimas ante el Poder Legislativo. Entre los investigadores que los acompañaban, estaba Robledo Silvestre.
“Los diputados nos decían que no necesitan armonizar la Ley… hay un desinterés porque no es un tema con el que vayan a ganar votos”, explica.
Esta propuesta contempla primordialmente tres aspectos. Crear una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, un Fondo de Reparación del Daño, y el Registro Estatal de Víctimas.
La investigadora sabe que ninguno de los tres puntos representa una prioridad para los diputados locales, ya que implican destinar recursos públicos y ciudadanizar organismos. “Eso sí, se aprueban pensiones vitalicias”, remata sobre los funcionarios estatales.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Ortega, se muestra más optimista.
“Hablé con los diputados Rodolfo Olimpo Hernández y Mario Osuna, de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la imperiosa necesidad con que Baja California cuente con una Ley que haga justicia a las víctimas del delito y de violaciones de Derechos Humanos”, indicó.
La ombudsperson de Baja California también estuvo presente en dicha reunión para respaldar esa iniciativa ciudadana. “Es muy importante que no termine este periodo sin que Baja California pueda contar con una Ley de Víctimas, porque se busca el reconocimiento y la garantía de los derechos de las víctima”, añadió.
Mientras en el Estado todavía no se define esta legislación, el Senado ya discute la Ley General contra las Desapariciones. Hasta el momento, se estudian más de 20 iniciativas ciudadanas que buscan, entre otros objetivos, implementar protocolos de búsqueda realizados por personal pericial y no agentes ministeriales.
La doctora Robledo Silvestre también considera urgentes la aplicación del Registro de Personas Desaparecidas -cuyo software llamado Sistema CODIS ya se encuentra en poder de la PGJE- ,del protocolo de búsqueda AMPM (Ante Mortem y Post Mortem), y la cadena de custodia de los cuerpos hallados para la consulta pública de cadáveres en las fosas comunes de la entidad.
Por último, Carolina Robledo Silvestre reflexiona que la falta de acciones del gobierno implica “en el fondo, con esta sistemática negación, que las autoridades vuelven a desaparecer a los desaparecidos”.
