Nuevamente, los Magistrados del Poder Judicial buscan concretar una jugosa jubilación a través del llamado Haber de Retiro, el último intento lo realizaron en julio del 2014, pero ni siquiera fue votado por el Congreso, ahora lo buscan con acuerdos propios por modificación a la Ley Orgánica del propio Poder.
Primero fue el Consejo de la Judicatura la instancia que aprobó la propuesta, luego trascendió que el pleno de Magistrados votó el acuerdo el cual se publicará este lunes 8 de febrero en el Boletín del Poder Judicial.
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La propuesta votada incluye otorgar un cien por ciento de jubilación durante los primeros dos años y posteriormente bajar al 80 por ciento. Oficialmente el sueldo de un magistrado es de 107 mil 260 pesos.
El tema es controversial, no solo por los montos sino por procedimiento, ya que hace dos años la propuesta turnada al Poder legislativo –y avalada por todos los Magistrados- fue en el sentido de modificar el artículo 58 Constitucional al añadirle un breve párrafo, “Al término de su encargo los Magistrados Propietarios y Numerarios tendrán derecho a un haber de retiro sujeto a términos, cuantía y condiciones que señale la ley…”
Esta propuesta fue presentada el 4 de julio del 2014 pero nunca fue dictaminada y entre los argumentos a favor -expuestos en el documento- se incluyó el poder otorgar la necesaria autonomía e independencia con la que los Magistrados deben ejercer su cargo, aparte de que la figura de Haber de Retiro ya fue aprobada desde 1995 en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal
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La polémica tiene que ver con la situación de las jubilaciones a nivel nacional, el considerar si los magistrados son o no empleados del Poder Judicial, y el por qué solo abarca a Magistrados y no el resto de niveles de niveles ademas de la deplorable situación financiera del Poder judicial.
Y es que desde diciembre del 2011 se creó un Fideicomiso con un fondo original de 15 millones de pesos para el pago de Haber de Retiro para Magistrados, pero entre las reglas se establece en el contrato del fideicomiso que no podrá realizarse pago alguno “sin que previamente se hubieran publicado y entrado en vigor normas constitucionales o de rango de Ley del Estado de Baja California que contengan la figura jurídica de retiro…”
Apenas el 1 de septiembre del 2015 el Poder Judicial solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas una opinión –una consulta sobre el tema. El Poder Judicial pidió un presupuesto para el 2016 de 1 mil 559 millones de pesos, pero solo le fueron aprobados 918 millones de pesos.
